Ministro Juan Eduardo Fuentes sentenció a penas que van desde los diez años y un día a los cinco años y un día de presidio a seis ex miembros de la disuelta CNI, por su responsabilidad en el crimen del mirista Fernando Vergara Vargas, perpetrado el 15 de diciembre de 1984. Entre los sentenciados, se encuentra el mayor (R) Álvaro Corbalán Castilla.
El ministro en visita Juan Eduardo Fuentes, que investiga procesos por violaciones a los derechos humanos, condenó a penas que van desde los 10 años de prisión hasta los cinco años a un grupo de ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) como autores del homicidio calificado de un militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Entre los condenados, se encuentran el mayor (R) Álvaro Corbalán Castilla, el coronel (R) Aquiles González Cortez; el capitán (R) Luis Arturo Sanhueza Ross (alias El Güiro); y los suboficiales retirados Jorge Ramírez; Luis Gálvez Navarro y Francisco Javier Orellana Seguel.
Se trata del caso de Fernando Vergara Vargas, quien fuera controlador de la radio Liberación del MIR y que era conocido como «El Carmelo», quien ingresó al país clandestinamente en la llamada Operación Retorno de ese movimiento opositor a la dictadura militar para hacerse cargo de ese medio, que operó en forma oculta.
La noche del 15 de diciembre de 1984, Vergara Vargas, después de despedirse de su pareja, Viviana Uribe, fue interceptado por agentes de la CNI mientras caminaba por la calle Santa Elvira , en Santiago, y asesinado a mansalva.
Según la versión oficial, ese día personal de la CNI que se encontraba patrullando el sector de Santa Elvira con Santa Elena interceptó a un individuo en actividades sospechosas que, al percatarse de la presencia del personal de seguridad efectuó dos disparos, motivo por el cual los funcionarios repelieron el ataque, causándole la muerte.
Sin embargo, según se pudo establecer a lo largo de la investigación judicial, que antes estuvo en manos de la magistrada Raquel Lermanda, fue planificado con anterioridad por agentes de la llamada Brigada Azul del organismo represivo del régimen militar.
Prescripción gradual
En una resolución de 72 páginas, Fuentes sentenció a Corbalán a cumplir una sentencia de diez años y un día de presidio, al tiempo que desestimó aplicar el beneficio de la prescripción gradual de la pena, toda vez que después de este ilícito el ex militar se vio involucrado en otros casos por violaciones a los derechos humanos.
En tanto, a quienes sí les aplicó la prescripción gradual de la pena fue a Aquiles González Cortez y Sanhueza Ross, quienes deberán purgar una condena de cinco años y un día de presidio, sin beneficios. En tanto, los otros tres militares fueron condenados a la misma pena, pero la podrán cumplir mediante la libertad vigilada.
Demanda civil
En su resolución, el magistrado también rechazó la demanda civil de 600 millones de pesos presentada por la familia de la víctima contra el Estado chileno, por estimar que el plazo para reclamar una indemnización prescribió cuatro años después de cometido el crimen.
Según argumenta el ministro, «al no existir sobre esta materia una norma especial que establezca la imprescriptibilidad de la responsabilidad extracontractual del Estado, corresponde, en ese caso, dar aplicación a las reglas del derecho común, lo que nos remite a la norma del artículo 2332 del Código Civil, según la cual la acción de perjuicios prescribe en cuatro años, "contados desde la perpetración del acto».
«Es del caso, que del mérito del proceso ha quedado acreditado que el homicidio calificado de Fernando Vergara Vargas, se cometió el día 15 de diciembre de 1984, y desde esa fecha hasta la notificación de la demanda – 2 de febrero de 2005- transcurriendo entre ambas más de veinte años, por lo que la acción civil deducida en contra de la demanda se encuentra extinguida por la prescripción", puntualiza la resolución.
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