Junto a ello, el magistrado recibió información sobre un helicóptero de propiedad de Augusto Pinochet que formaría parte de las donaciones que recibió el ex comandante en jefe del Ejército. En tanto, la Fiscalía Centro Norte inició una investigación desformalizada por la filtración del »cuaderno Ecuador», a raíz de antecedentes publicados en El Mostrador.cl.
Tras dos meses y medio en que estuvo alejado de la sustanciación del caso Riggs, el ministro de fuero Carlos Cerda reactivó las diligencias, específicamente, con el objetivo de esclarecer el real grado de participación que tuvo Mónica Ananías, ex secretaria personal del general (r) Augusto Pinochet, en los delitos que se le imputan.
De esta forma, el magistrado acogió una serie de solicitudes interpuestas por la defensa de la ex funcionaria de la Comandancia en jefe del Ejército, a cargo del abogado Carlos Cáceres, las que pretenden demostrar que Ananías sólo tuvo una participación indirecta en el ocultamiento de la fortuna del ex uniformado y que no tendría ninguna responsabilidad en cuanto al delito de evasión tributaria que se le imputa a Pinochet, capítulo en el cual está procesada como cómplice.
Por ello, el juez pidió a la institución castrense informar acerca de cuáles eran las funciones que cumplió Ananías en su labor como secretaria personal del ex militar, así como precisar si dentro de ellas tenía la responsabilidad de recabar o velar porque los antecedentes para elaborar las declaraciones de renta de Pinochet fueran los correctos.
Según la presentación del abogado Cáceres, esta tarea estuvo a cargo de la División de Finanzas del Ejército, unidad en que se desempeñó el contador Eduardo Molina, quien finalmente era el responsable de elaborar dichas declaraciones de impuestos, las cuales han sido consideradas por la justicia como «maliciosamente incompletas».
Asimismo, Cerda dio lugar a la realización de un careo entre la ex secretaria de Pinochet y el abogado Marcelo Torsche, ya que éste último habría sido el funcionario que habría actuado como ejecutivo de las cuentas personales del general retirado y quien también habría estado encargado de cambiar documentos bancarios en dólares.
En cuanto al pedido de oficiar a la Corredora Banchile para que informe por qué no dio cuenta al Banco Central de las abultadas operaciones en dólares que realizó el ex militar en Chile, como el cambio de cheques del Riggs por cerca de US$ 5 millones, el juez pidió justificar la diligencia «de cara a los objetivos del sumario, hecho lo cual se resolverá en cuanto a su pertinencia».
Helicóptero
Por otra parte, Cerda también dio cuenta de la recepción de los antecedentes recopilados por la Fuerza de Tareas Reservadas de Investigaciones respecto a la existencia de un helicóptero de propiedad de Pinochet.
Según fuentes allegadas al caso, esta información tendría relación con el capítulo sobre «donaciones» que habría recibido el ex uniformado, y que también debería haber declarado como patrimonio en sus presentaciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
También el magistrado citó a los fiscalizadores del SII Hernán Jiménes Moreno, Daniel Montecinos Lagos y Juan Valdés Mella, a fin de que ratifiquen su informe pericial, «debiendo explicar, hasta donde sea posible, las conclusiones a las que arriban en lo que respecta a los tributos evadidos por causa de fondos de origen desconocido por Mónica Ananías».
Esta diligencia apuntaría a esclarecer una serie de incongruencias en que habría incurrido dichos fiscalizadores al revisar las declaraciones de renta de la ex secretaria personal de Pinochet.
Investigación
En otro aspecto relacionado al tema, este jueves la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte inició una investigación desformalizada con el objeto de aclarar la supuesta filtración del expediente sobre la venta de armas a Ecuador, publicado en exclusiva por El Mostrador.cl.
Para ello, el fiscal a cargo, Iván Millán, solicitó copias de esta investigación al ministro Cerda, quien accedió a remitirle compulsas de dicho sumario. Además, el funcionario también se constituirá desde este viernes en la Fiscalía de la Corte Suprema para interrogar a funcionarios del alto tribunal, para aclarar si en esa magistratura se produjo la eventual «filtración».
Estas indagaciones se están llevando a cabo a raíz de una presentación del abogado defensor de Óscar Aitken, Rodrígo Henríquez, en virtud de la posible infracción del artículo 144 bis del Código de Justicia Militar, que establece el deber de reserva de aquellos antecedentes que puedan involucrar la seguridad nacional.
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