Chile debe anular las resoluciones del juzgado naval, que condenó a Humberto Palamara por desacato e incumplimiento de deberes militares, y a devolverle los libros requisados. Sin embargo, el propio afectado advierte que »no se ve una real voluntad ni capacidad de la Cancillería para cumplir el fallo».
Este mayo se cumplen seis meses desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile por el caso de Humberto Palamara, y lo obligó a anular -mediante una ley de amnistía- las resoluciones del juzgado naval y la Corte Marcial que lo sentenciaron, y a publicar el texto que le fue requisado. Además, antes de noviembre deben cancelarle 58 mil dólares.
Hace 13 años, Palamara, siendo empleado civil de la Armada, publicó un libro en el que criticaba las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, y fijaba pautas para que los servicios de inteligencia los respetaran.
Sin embargo, el mando de la Armada y los tribunales navales de la época estimaron que el texto estaba basado en antecedentes a los que Palamara tuvo acceso en su calidad de marino, por lo que decretaron su confiscación, como una medida para proteger la confidencialidad de esa información.
Además, el fiscal naval de la época le prohibió realizar declaraciones públicas, pero Palamara rompió su silencio, lo que le significó ser procesado y condenado por desacato e incumplimiento de deberes militares.
Apelación a la Corte
Tras agotar las instancias nacionales, el ex funcionario naval concurrió a la CIDH, entidad que en un lapidario informe no sólo le dio la razón sino que, además, obligó al Estado de Chile a modificar la justicia militar, adecuar las normas de libertad de expresión y a indemnizar a Palamara.
Palamara recuerda que "el Estado de Chile fue notificado en el mes de noviembre del año pasado, por tanto, este mes de mayo, cumplidos seis meses desde su notificación, se deben cumplir algunos puntos de la sentencia, de acuerdo a los compromisos internacionales que adquirió, cuando suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos".
-El gobierno, a través de la Cancillería, ha tenido algún contacto con usted o con sus abogados.
-Si, lo ha tenido con mi abogado, pero aparentemente no se ve una real voluntad ni capacidad de parte de la Cancillería por cumplir el fallo de la Corte.
-¿Cree que el Estado de Chile va a cumplir con derogar o anular las resoluciones de la Corte Marcial y el juzgado naval de Magallanes, para lo cual debe dictar una ley de amnistía?
-Creo que lo hará, porque si Chile pretende salir del subdesarrollo e incorporarse a la modernidad, no tan sólo debe preocuparse por liberalizar su economía, sino que debe dar serias señales de respeto a los derechos humanos y de la voluntad manifiesta de corregir los errores del pasado. El tema es que el gobierno le otorga un tratamiento político al cumplimiento de una sentencia internacional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en circunstancias que sólo cabe la opción de cumplir, y cumplir también implica respetar los plazos.
-¿Por qué cree que el Estado de Chile se ha demorado en cumplir con lo resuelto por la Corte?
-Porque al interior del Estado, en los gobiernos de la Concertación, se ha ido enquistando una burocracia que padece una especie de «síndrome de Estocolmo», que omite tomar decisiones que en alguna medida pueda alterar las relaciones con los poderes fácticos, específicamente con las Fuerzas Armadas. En este sentido, pareciera que desde una perspectiva meramente funcionaria sería menos grave una censura por incumplimiento de un tratado internacional, que cumplir una resolución internacional que obliga a reconocer y enmendar violaciones a los derechos humanos que comprometen a poderes fácticos.
Los libros
-¿Le devolvieron los libros que le fueron incautados, al igual que el disco duro del computador y los materiales de la imprenta?
-No. Hubo mucha negligencia en la custodia del material. Hasta donde sé del total de libros que fueron requisados por la Armada, porque comprometía la seguridad y la defensa nacional, les faltan más de 100 libros originales. Se trata de un tema que necesariamente obliga a la Armada a dar una explicación; y también es un problema que debe ser resuelto de común acuerdo, porque los libros originales tienen, en lo afectivo, un valor muy diferente al que podría tener una nueva edición.
¿Qué piensa hacer con el libro? ¿Lo volverá a publicar o hará una versión corregida?
-Pienso publicar los ejemplares tal como están, independientemente de la posibilidad de sacar próximamente una versión más actualizada.
-¿Usted perdona a la Armada por lo que le hicieron?
-A la Armada no tengo nada que perdonarle, porque se trata de una institución formada por personas. La Armada no actuó en mi contra, sino que determinadas personas, que evidentemente pertenecían a la institución, unas dando órdenes y otras obedeciendo, independientemente de si cumplían o no funciones judiciales, violaron mis derechos humanos para encubrir otras violaciones a los derechos humanos.
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