«Soy partidario de amnistiar todos los delitos del conflicto mapuche»

Pese a que lleva más de 50 atentados en su predio en Lleu-Lleu, el empresario y vicepresidente de RN, Osvaldo Carvajal, cree que la solución del problema indígena pasa por dar una amnistía a todos los mapuches que han cometido delitos en el proceso de reivindicación de tierras, incluidos los que han sido juzgados por la ley antiterrorista.



Aunque al comienzo sorprenden las declaraciones de Carvajal, al poco andar aclara que en la práctica hoy día ya existe una especie de amnistía virtual, dado que solo un ínfimo porcentaje de los delincuentes reciben una condena efectiva. Y para él y el resto de los afectados lo mejor sería hacer un borrón y cuenta nueva y aplicar todo el rigor de la ley hacia delante. Además, pide el fin de los privilegios a los mapuches, quienes obtienen -dice- «dividendos» por los actos terroristas a través de la Conadi.



-Suena bastante extraño que proponga amnistiar a las mismas personas que le quemaron su fundo en la Octava Región.
-Es que hoy día existe una una amnistía en la práctica, porque el Estado no quiere perseguir los delitos en el conflicto indígena. Los tribunales no se hacen cargo del problema, las policías no quieren actuar y el gobierno no quiere aplicar la ley. En definitiva, tenemos el peor de los mundos, en que el Estado ha renunciado al uso de los instrumentos para proteger el estado de derecho. Como eso no existe, soy partidario de aplicar una ley que otorgue la amnistía a todos los delitos que se han cometido en el conflicto mapuche. Reconozcamos que esos delitos no han sido perseguidos. Y hablo desde la perspectiva de alguien que ha sufrido más de 50 atentados.



-De la misma forma, creo que hay que terminar con la compra de tierras y el fondo de tierras y aguas que administra Conadi. Hay que acabar con la raíz del problema. La Conadi debiera terminar y que sus funciones se distribuyan dentro del Ministerio de Planificación. No podemos seguir haciendo una discriminación por raza entre chilenos. Somos todos iguales ante la ley: hoy día hay mapuches pobres y campesinos pobres, pero no podemos crear clases dentro de la pobreza. No tengo duda que algunos de los recursos que hoy día administra Conadi han ido a parar a los sectores más violentos del mundo indígena.



Proyecto de Alejandro Navarro



-¿Cómo evalúa como dirigente de la Alianza y como afectado por atentados mapuches la decisión del Gobierno de darle suma urgencia al proyecto presentado por el senador Alejandro Navarro?
-El proyecto de ley de Navarro con el apoyo del Gobierno lo único que hace es profundizar la impunidad que ha habido durante todo el conflicto mapuche. La impunidad para quienes cometen los actos de violencia, específicamente, los actos terroristas. Lo que ocurre es que de los 1.400 procesos judiciales que se han abierto a raíz de estos atentados, no más de ocho han tenido condenas efectivas. Si a éstos se les va a entregar además beneficios carcelarios, resulta que vamos a tener una impunidad total. Si el proyecto es aprobado la seguridad jurídica -que ya se encuentra severamente amenazada en la zona de conflicto- sencillamente desaparecerá.



-El proyecto plantea que a las personas que se le aplicó la ley antiterrorista tengan derecho a la libertad condicional. ¿Sólo se aplica a los mapuches?
-No, el proyecto de ley establece que los beneficios van a ser para todos los condenados por delitos terroristas. No tan sólo son para los dirigentes mapuches o miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que se encuentran hoy día en huelga de hambre, sino que esto va a ser extensivo también a Lenin Guardia y su cómplice, condenados por enviar una carta explosiva a la embajada de Estados Unidos. Es por esto que la señal es muy compleja: la señal es despenalización de los delitos cometidos en el conflicto mapuche y, asimismo, beneficios carcelarios para todos quienes infringen la ley antiterrorista. Es casi una promoción del terrorismo.



"Se está barriendo con política aplicada por Lagos"



-Pero la finalidad de Navarro y del Gobierno es frenar la huelga de hambre de los comuneros mapuches
-Yo no tengo ningún antecedente que me permita descartar que Navarro no tenga en la cabeza a Lenin Guardia, quien es miembro de su partido (PS). Además, Navarro tiene un historial de relaciones con sectores violentos de la sociedad, sobre todo con miembros de la CAM. Consta en los procesos judiciales que se tramitan en el Juzgado de Cañete que el senador Alejandro Navarro, siendo diputado, participó en reuniones de la coordinadora que desencadenaron posteriormente en brutales atentados. Incluso fue citado a declarar.



-Una cosa es que Navarro presente un proyecto y otra distinta es que el Gobierno le dé urgencia.
-Sí, lo que pasa es que cuando el Gobierno le da urgencia a ese proyecto también se hace cargo de los fundamentos de ese proyecto. Y los fundamentos son una crítica profunda al intento que tuvo Ricardo Lagos de tratar de erradicar el terrorismo del conflicto mapuche a través de la aplicación de la ley antiterrorista. Ya el Senado había emitido un informe que la seguridad jurídica en la zona de conflicto estaba gravemente amenazada. Ante esto el gobierno de Lagos decidió que no podían seguir obviando la aplicación de la ley, porque todos eran delitos terroristas.



-Hoy día el gobierno de Michelle Bachelet pretende barrer con todo lo que fue la política de Ricardo Lagos en esta materia. ¿Es que acaso Michelle Bachelet cree que este es otro error del Gobierno de Lagos? Que lo digan derechamente.
Cuando el ministerio secretaría General de Gobierno pide la urgencia al proyecto de Navarro lo que hace es también es poner una lápida sobre lo que fue la política de erradicación del terrorismo que aplicó Ricardo Lagos.



Bajo las capuchas



-¿Usted cree que la reivindicación de sus derechos territoriales puede ser un atenuante?
-Hay que distinguir claramente entre las legítimas demandas reivindicativas que tienen los mapuches pobres y una agenda económica que existe entre los dirigentes del indigenismo. Son cosas distintas. La dirigencia indigenista lo que reclama es su autonomía, un territorio, la posibilidad de establecer la administración compartida con el Estado chileno de un territorio ancestral. Quieren desarmar la república, dividirla, quieren leyes especiales, un estatus diferente. Y lo único que les interesa es contar con recursos para sus ONG y con recursos para administrar. Para eso existe la organización terrorista que tienen, la cual ejecuta los atentados y luego los dirigentes negocian con el Gobierno para enviarle beneficios a las comunidades. Este es un espiral siniestro porque las comunidades se ven favorecidas por los atentados. Y en esto están metidas diversas ONG internacionales, además de grupos terroristas como las FARC. La mayor parte de los delitos son cometidos por personas cuyo domicilio está en Santiago. Por eso llevan capuchas.



-¿Qué pueden hacer como afectados?
-La gran batalla hay que darla con las herramientas del derecho y el día en que nosotros empecemos a defendernos o empecemos a crear nuestras propias milicias, esto se va a transformar en Colombia. Y quiero recalcar que aquí existe una impunidad práctica. Hoy día nadie se ha preocupado de las familias de Jorge Luchsinger, de René Urban o de Carlos Campos (otros afectados por los incendios). Hay un grupo importante de familias que nadie los nombra pero que son las verdaderas víctimas de este conflicto. Son gente que hoy día duerme muy complicada, pensando que sus hijos pueden amanecer calcinados al día siguiente.



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