»Aunque contravenía las obligaciones contraídas por Chile en virtud del derecho internacional, se invocó para absolver a los acusados», lamentó Amnistía Internacional. En los próximos días, la Suprema debe pronunciarse sobre el dictamen. La organización destacó como hechos relevantes de 2005 las detenciones de Pinochet y Fujimori. A nivel mundial, advirtió que los más vulnerables pagan los costos de la guerra al terrorismo.
La organización Amnistía Internacional lamentó este martes la aplicación del decreto ley sobre Amnistía en los procesos sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, aunque valoró los avances registrados en los juicios contra el general retirado.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel mundial en el último año, la entidad reprochó que cinco ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) hayan sido exculpados de su responsabilidad en el secuestro de la Diana Arón Svigilsky, en 1974.
En junio pasado, por la Quinta Sala de la Corte Suprema resolvió favorecer con el decreto ley de Amnistía al general (R) Manuel Contreras, al brigadier (R) Miguel Krassnoff, al brigadier (R) Pedro Espinoza, al coronel (R) Marcelo Morén Brito y al civil Osvaldo Romo, que habían sido condenado en primera instancia.
«Aunque esta ley -que seguía en vigor a pesar de haber sido promulgada mediante un decreto militar- contravenía las obligaciones contraídas por Chile en virtud del derecho internacional, se invocó para absolver a los acusados", recordó el organismo en el informe presentado este martes.
Se espera que en las próximas semanas, la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema se pronuncie sobre la decisión del tribunal de alzada capitalino.
Diana Frida Arón Svigilsky, egresada de periodismo, militante del MIR, fue detenida por agentes de la DINA el 18 de noviembre de 1974, luego de ser herida por impactos de bala en el pulmón y en el riñón. Tras su arresto, fue trasladada a Villa Grimaldi y la noche de ese mismo día fue trasladada a un recinto del organismo represivo de la dictadura ubicado en calle Santa Lucía, donde fue vista con vida por última vez.
En este ámibto, Amnistía también resaltó que haya quedado sin efecto una decisión de la Corte Suprema, que en enero de 2005 había establecido un plazo de seis meses para concluir las investigaciones judiciales sobre «desapariciones» y otras violaciones de derechos humanos.
Caso Pinochet
En el informe 2006, Amnistía también dejó en evidencia las contradicciones de los tribunales chilenos en los casos que involucran a Pinochet Ugarte, tanto por las violaciones a los derechos humanos como por los delitos tributarios por los que está siendo investigado.
Aunque resaltó que la Corte Suprema haya confirmado su procesamiento como responsable de nueve secuestros y un homicidio calificados por la «Operación Cóndor», lamentó que los tribunales hayan dejado sin efecto los cargos porque el ex militar «se encontraba demasiado enfermo para ser juzgado".
Sin embargo, resaltó que los tribunales permitieran que continuara su procesamiento por evasión de impuestos y otros delitos económicos, y que haya sido "acusado formalmente y sometido a arresto domiciliario", lo que se suma al proceso que se sigue en su contra por la «Operación Colombo».
«Fue acusado también de homicidio, tortura, secuestro, blanqueo de dinero, evasión de impuestos y falsificación de documentos. Era la primera vez que en Chile unos fiscales conseguían superar con éxito todos los obstáculos legales y procesar a Augusto Pinochet", resaltó el organismo.
Con todo, la secretaria general de AI, Irene Khan,destacó que el arresto de Pinochet y la detención del ex presidente peruano Alberto Fujimori, son uno de los motivos para ser optimistas en materia de derechos humanos.
Situación carcelaria
Amnistía también advierte sobre la deficiente situación penitenciaria en el país. «Los presos siguieron padeciendo el hacinamiento, la falta de asistencia médica, las condiciones sanitarias deficientes y las infraestructuras inadecuadas de las cárceles", advierte.
Al respecto, recuerda que en marzo de 2005, 30 reclusos resultaron heridos en una pelea originada por la falta de espacio para dormir en el Centro de Detención Penitenciaria (ex Penitenciaría) de Santiago Sur.
«El hacinamiento extremo -400 reclusos en un espacio previsto para 76- obligaba a 120 presos a dormir a la intemperie", lamentó.
Informe mundial
Khan, al prsesentar el informe mundial, lamentó que las personas más vulnerables del planeta pagan el precio de la guerra contra el terrorismo emprendida por las grandes potencias.
La secretaria general de AI acusó hoy a esos países de «jugar un juego peligroso con los derechos humanos», durante la presentación en la capital británica del informe anual de la organización, que repasa la situación de los derechos humanos en 150 países en 2005.
A juicio de Khan, el programa de seguridad de las grandes potencias ha secuestrado «las energías y la atención del mundo» de las graves crisis de derechos humanos existentes en el planeta.
«Cuando los poderosos son demasiado arrogantes para reformar sus estrategias, el precio más alto lo pagan los más pobres y desprotegidos», añadió.
Víctimas como los aproximadamente 285.000 muertos y los dos millones de refugiados y desplazados por el conflicto en la región sudanesa de Darfur, donde la ONU y la Unión Africana han tenido «una atención intermitente y una actuación endeble», a juicio de Khan.
O víctimas como los ciudadanos de a pié de Irak, sumido en 2005 en «una espiral de violencia sectaria», o como los habitantes de Chechenia, Colombia o Afganistán, prosiguió la secretaria general de AI.
En su opinión, «el doble discurso y la doble moral» de esos países está debilitando la capacidad de la comunidad internacional para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos.
«Cuando el Gobierno británico guarda silencio sobre Guantánamo, EEUU hace caso omiso de la prohibición absoluta de la tortura o los gobiernos europeos enmudecen sobre su historial de entregas extraordinarias, menoscaban su propia autoridad moral para liderar la defensa de los derechos humanos en otros lugares del mundo», dijo.
Khan condenó el terrorismo con contundencia, pero advirtió de que las nuevas cotas de «brutalidad» que alcanzó en 2005 eran «un amargo recordatorio» de que «la ‘guerra contra el terror’ ha fracasado y seguirá fracasando» hasta que se dé prioridad a los derechos humanos frente a «mezquinos» intereses de seguridad.
La secretaria general de AI pidió la misma contundencia utilizada en condenar el terrorismo contra civiles para oponerse al argumento esgrimido por los gobiernos de que es posible combatir el terror con la tortura, porque es «engañoso, peligroso y erróneo: no se puede apagar un fuego con gasolina».
Khan admitió que no todas las violaciones de los derechos en el mundo se enmarcan en la guerra contra el terrorismo, pero alertó que esa estrategia está dando a las antiguas formas de represión y haciendo que muchos estados se sientan más confiados en sus prácticas de abusos.
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