Sexta Sala del tribunal de alzada capitalino, en resolución unánime, dejó sin efecto un dictamen del ministro Víctor Montligio en el caso del profesor de música Arturo Barría Araneda. El magistrado había rechazado someterlo a proceso, argumentando que la Corte Suprema aplicó la ley de Amnistía en 1990.
La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, revocó el sobreseimiento dictado a favor del general retirado Augusto Pinochet Ugarte por uno de los 119 secuestros calificados registrados en el marco de la Operación Colombo.
La decisión se adoptó en caso del profesor de música del liceo «Manuel de Salas» Arturo Barría Araneda, militante del Partido Comunista (PC) que fue detenido el 28 de agosto de 1974 cuando se presentó la Escuela de Suboficiales del Ejército.
El pasado 5 de diciembre, el ministro de fuero Víctor Montiglio, que investiga la Operación Colombo, invocó el criterio de la «cosa juzgada» en favor de Pinochet, argumentando que la Corte Suprema había aplicado la ley de Amnistía en 1990.
Dicho dictamen, además, se hizo extensivo para los casos del médico veterinario Juan Chacón Olivares, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); de los cineastas Carmen Bueno Cifuentes y Jorge Müller Silva, este último también mirista.
Este viernes, los ministros Mauricio Silva Cancino, Rosa María Maggi y la jueza suplente María Eugenia Campos desestimaron la resolución de Montiglio, al recordar que Pinochet no fue inculpado ni declaró en el proceso, por lo que no se configura la «cosa juzgada».
Pinochet se encuentra procesado en esta causa por su presunta responsabilidad en el secuestro calificado de los hermanos Carlos y Aldo Pérez Vargas, Bernardo de Castro, Miguel Ángel Acuña Castillo, Modesto Segundo Espinoza Pozo y Roberto Aranda Romero.
Además, el pasado 12 de abril la Corte Suprema aprobó el desafuero del ex militar, con el objetivo de que sea investigado por su eventual participación en las desapariciones de otras 37 víctimas del caso Colombo.
El pasado 18 de mayo, el ex militar fue interrogado por estos secuestros por el juez Montiglio, oportunidad en que responsabilizó al general (R) Manuel Contreras, ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
«Yo creo que Manuel Contreras es un mentiroso, cambió todos los papeles de él, el mío y de todos y apareció como un inocente pajarito», sostuvo Pinochet, quien dijo entender que «todos estos casos están amnistiados, cuando me leen la prensa o la leo yo».
En noviembre pasado, en esta misma causa, Pinochet se despachó una de sus más celebres frases desde que abandonó el poder: «No me acuerdo, pero no es cierto. No es cierto, y si fuese cierto, no me acuerdo».
El caso
La «Operación Colombo» fue la primera prueba de que los detenidos y desaparecidos en Chile estaban siendo asesinados.
Con aquellas muertes, atribuidas por la dictadura a supuestas luchas internas en la izquierda, comenzó también la llamada «Operación Cóndor», acción combinada de las policías secretas del Cono Sur para exterminar a los opositores.
El operativo salió a la luz pública el 22 de julio de 1975, en el primer y único número de la revista argentina «Lea», que informó sobre 60 «extremistas» eliminados por sus propios compañeros en los últimos tres meses.
Dos días después, un periódico que tampoco sacó más que ese número, «O Novo Día» de Curitiba (Brasil), entregó la lista de otros 59 chilenos muertos durante «choques con fuerzas guerrilleras en la provincia argentina de Salta».
Las afirmaciones de ambas publicaciones fueron reproducidas profusamente por la prensa de esos años, que semanas antes había empezado a dar supuestas noticias de que los «marxistas» estaban arreglando cuentas entre ellos en el exilio.
