La profesional rechaza el acuerdo consensual que se firmó con la derecha en la comisión del Senado para aprobar el Tratado Penal Internacional, que debería ser ratificado en junio, ya que ello va a implicar que Chile mantendrá su soberanía en el sentido de que nuestro país decidirá qué tipo casos van o no a la Corte Penal Internacional.
Una campaña de información de lo que implica firmar el Tribunal Penal Internacional (TPI), tal como lo aprobó la comisión de Constitución del Senado, pretende hacer en los próximos días el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género (Humanas). La idea de su directora, Lorena Fries, es explicar que si el acuerdo se ratifica, sin hacerle modificaciones, va a implicar que Chile mantendrá su soberanía en el sentido de que nuestro país decidirá los casos que van a la Corte Penal Internacional.
"Lo que se hizo con la reforma constitucional en la comisión del Senado es que se volvió a reafirmar la soberanía, diciendo que frente a la decisión de admitir o no un caso, Chile es el que decide. Es decir, que frente a una persona que quiera ser requerida por la justicia pernal internacional, Chile decide. Y frente a las formas de cooperación que necesariamente hay que tener con el TPI, eso se va a fijar de acuerdo a la legislación chilena, o sea, quedamos iguales", precisa Fries.
La abogada Fries cree que "es vergonzoso que Chile sea el último país en ratificar el TPI. Nuestro país tiene una política de reforzamiento de las instancias multilaterales, sin embargo, quiere presentar una reforma constitucional que justamente lo que hace es quitarle peso a esas instancias internacionales".
-¿Es decir que con esta reforma constitucional si hay violación a los derechos humanos no sirve de nada apelar al TPI
-Tendríamos un tremendo conflicto porque el TPI puede decir: ‘a mí me da lo mismo cómo hagan su reforma porque no puede haber este tipo de reparos frente a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; es decir, esta reforma, tal como está planteada, podría ser una especie de reserva encubierta que no tiene ninguna validez internacional.
-El senador Espina negó que se pretenda introducir una norma que quiera desconocer la facultad exclusiva de la Corte para pronunciarse sobre la admisibilidad de los procesos.
-La reforma dice que "el Estado de Chile considera que un caso será inadmisible ante la Corte Penal Internacional cuando haya sido juzgado o esté siendo investigado o juzgado por los órganos competentes nacionales. Chile reafirma la primacía de su jurisdicción penal en relación a los crímenes de competencia de la Corte".
-Es decir…
-La CPI señala que la importancia es que los estados juzguen, pero en la eventualidad que el Estado no pueda o no quiera, entonces entramos nosotros, pero quien decide si interviene o no el TPI son ellos y no podría ser Chile.
Copia de reforma australiana
-¿El resto de los países latinoamericanos no adoptó esa postura?
-No, en general no existe reserva alguna. Nadie ha hecho una declaración interpretativa En Australia sí. La reforma está calcada de dicho modelo, ni siquiera hay creatividad de por medio.
-¿Y cómo los parlamentarios no se dieron cuenta?
-Lo cierto no estaban todos involucrados en el tratamiento del proyecto y como fuimos a hablar con todos los senadores del PS y PPD, se comenzaron a poner reparos. Es un error de los parlamentarios y también del gobierno, donde por parte de la Cancillería este es un tema que está siendo llevado por su director jurídico, Claudio Troncoso.
-Si llega a existir otro episodio de una eventual dictadura y se adhiere al TPI tal como está ¿qué pasaría en concreto en Chile?
-Si llegara haber otra dictadura, sonamos con una ratificación así del TPI. ¿Te imaginas una dictadura como la de Fidel Castro donde tiene jueces afines al régimen, cómo va a decidir si entrega o no un caso si están todos absolutamente envueltos en violaciones a los derechos humanos?
«Puede haber algún cambio»
-¿Usted cree que la Presidenta conoce estos alcances?
-Si la Presidenta llegara a interiorizarse, creo que puede haber algún cambio. Este país ha vivido esta experiencia y lo que mejor nos garantiza que todo va a funcionar bien es firmar sin condiciones, porque si le vamos a poner condiciones al TPI la verdad es que en el fondo, entonces, no lo queremos.
-La derecha, por lo visto, está dispuesto a oponerse a darle jurisdicción a la Corte.
-Antes de que Pinochet cayera preso se ratificaban todos los tratados internacionales, pero desde que ello ocurrió, los tratados de derechos humanos están todos estancados, salvo honrosas excepciones. La derecha se parapetó con esa idea de la soberanía nacional, que significa lo contrario de lo que significa la globalización.
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