Estudio corrobora el déficit en el sistema penal detectado por la fiscal de la Corte Suprema y el juez de Garantía Daniel Urrutia. Además, aborda los casos de niños y adolescentes presos, situación laboral de los gendarmes, y la inacción de la mayoría de los jueces para revertir los abusos. »La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con estos informes, se ha venido formando una opinión», adelantó el investigador Felipe González.
El director de Programa de Acciones de Interés Público de la Universidad Diego Portales (UDP), Felipe González, dio a conocer este miércoles el informe anual sobre derechos humanos dedicado a analizar, especialmente, las condiciones carcelarias del país durante 2005.
El estudio corrobora los reportes de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, y del juez de Garantía Daniel Urrutia, respecto a las deficitarias condiciones de reclusión de los reos. Además, aborda situaciones referidas a los niños y adolescentes al interior de los penales, el sistema de concesión, el rol de los gendarmes, y el rol de los jueces de Garantía.
González advirtió que de mantenerse las actuales condiciones de hacinamiento, maltrato y torturas, no se contribuirá a la rehabilitación de los internos, sino que «se les está entrenado para que cometan delitos». Al respecto, el especialista señaló que en la actualidad Gendarmería sólo destina el 1% de su presupuesto para la rehabilitación de los internos.
En ese sentido, planteó que estas condiciones pueden traer consecuencias para el país en términos de sanciones, ya que no se han tomado las medidas adecuadas para resolver las deficiencias, que vienen siendo advertidas desde 1991, cuando la Cámara de Diputados propuso una serie de medidas para enfrentar esta materia.
En 2005, el Programa de Acciones de Interés Público de la UDP presentó el estudio 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dando cuenta de las condiciones de reclusión, lo que sumado a los informes judiciales forman un cuadro más definido, opinó González. «Desde luego, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con estos informes se ha venido formando una opinión sobre la situación carcelaria en Chile", advirtió.
Justicia no usa herramientas para mejorar condiciones
A su turno, el investigador Álvaro Castro, otro de los autores del estudio, señaló que Chile tiene una de las tasas más altas de reclusos, con 250 detenidos por cada 100 mil habitantes, frente a los 180 promedio de los países vecinos; lo que se ve agravado porque el Poder Judicial no ha usado las herramientas para mejorar las condiciones de privación de libertad.
Castro señaló en la actualidad el Código Orgánico de Tribunales establece que los magistrados son los encargados de velar por el estado de las cárceles, lo que se tiene que materializar en visitas periódicas, medidas que incluso pueden ser ordenadas por las respectivas Cortes de Apelaciones.
"En consecuencia, tenemos un mecanismo ideal para velar por las condiciones, y el juez Urrutia, lo que hizo con su informe, no fue más que cumplir con lo que dice la ley. Si nosotros extendiésemos esta obligación, informes como los del juez Urrutia deberían ser muchos", afirmó el profesional.
A esa inacción por parte de los magistrados, Castro sumó el hecho de que las Cortes de Apelaciones sólo acogen un 7% de los recursos de protección que han interpuesto los reos, denunciando las deficientes condiciones de los penales.
Persisten abusos
«La situación de los derechos humanos al interior de los recintos penales se mantuvo en 2005, en términos muy similares a la del año anterior, persistiendo las graves condiciones de hacinamiento, falta de atención médica adecuada, muerte, torturas y malos tratos, corrupción de gendarmes, y en general, de una falta de transparencia y de un control adecuado de la gestión de las cárceles", afirmó González, al resumir
El informe da cuenta de que, en el caso de los niños y adolescentes infractores, «los problemas más generalizados dicen relación con la calidad e infraestructura de los centros, su ubicación geográfica, la alimentación de los menores, las condiciones del derecho a visita, y el acceso a prestaciones de salud idóneas".
«También persiste la tortura y los malos tratos, incluyendo el uso de celdas de castigo en vulneración de los estándares internacionales y los abusos sexuales", afirma el informe.
La investigación analiza en detalle el rol de los guardias de los penales y cómo éstos influyen en la situación e los reos, concluyendo que «existe en Gendarmería una cultura organizacional que facilita la corrupción, y las violaciones a los derechos humanos".
Sobre el punto, González recordó que el Programa de Asuntos de Interés Público todavía mantiene litigio en los tribunales de justicia contra Gendarmería, porque esta entidad no ha proporcionada la información relativa a cuántos reos mueren en las cárceles chilenas.
Si bien en primera instancia el 16° Juzgado Civil de Santiago falló a favor de la entidad académica, la institución penitenciaria apeló ante la Corte de Apelaciones capitalina, donde este jueves se celebrarán los alegatos.
Magras condiciones laborales
En el mismo plano, el informe da cuenta de las deficientes condiciones laborales de los propios guardias carcelarios, lo que facilita que al interior de los penales se registren irregularidades.
Al respecto, Castro indicó que los ingresos, sobre todo de la suboficialidad, no superan los $ 200 mil y que los postulantes reciben una instrucción básica, y recibiendo un sueldo de $20 mil por sus práctica. Además, hasta el año pasado el personal debió costearse su propio uniforme.
El informe también analiza los problemas que existen de la construcción de recintos concesionados, proceso que a juicio de la investigación «presenta serias deficiencias, con el consiguiente impacto negativo para intentar dar solución al hacinamiento actual y la afectación de los derechos humanos».
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