El organismo fiscal insistió en pedir una serie de medidas cautelares dirigidas contra ex colonos de Villa Baviera, las cuales fueron revocadas cuando este magistrado asumió el proceso por asociación ilícita que se tramitaba en el Juzgado de Parral. El fundamento es asegurar el posible pago de indemnizaciones a las víctimas de los delitos que se le imputan a los ex jerarcas.
En una extenso escrito, de 48 páginas, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió al ministro en visita Jorge Zepeda reponer la serie de medidas cautelares que éste dejó sin efecto al asumir, en septiembre del año pasado, el proceso judicial por los crímenes vinculados a la ex Colonia Dignidad.
A principios de ese mes, el magistrado fue designado por la Corte Suprema como el encargado de agrupar todos los procesos judiciales que existían contra los miembros del enclave alemán, ubicado en el fundo El Lavadero, en la localidad de Catillo.
Una de las primeras medidas judiciales adoptadas por Zepeda fue dejar sin efecto los procesamientos por asociación ilícita que fueron pronunciados por el Juzgado de Letras de Parral, así como revocar la serie de medidas cautelares sobre los bienes que acumuló la sociedad Benefactora Dignidad, para lo cual había sido nombrado como interventor el abogado Herman Chadwick.
Sin embargo, con el correr de los meses, el juez dictó un masivo procesamiento (18 en total) por asociación ilícita en contra de los principales jerarcas del asentamiento y de ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), estableciendo que «Villa Baviera se ordenó bajo protocolos militares para apoyar los organismos represivos del régimen militar, constituyendo una organización jerarquizada que actuó contra civiles y los colonos del enclave, llevando a cabo una acción de permanente de agresión contra la persona humana, que califica como delito de lesa humanidad».
Por otra parte, y que pese a que el interventor propuesto por el CDE le informó al magistrado de la existencia de posibles anomalías que presentarían las contabilidades de las empresas ligadas a los ex jerarcas del enclave, Zepeda nunca accedió a reponerlo en sus funciones.
Garantías para las víctimas
En el escrito presentado al juez, el CDE fundamenta su petición para decretar nuevamente estas medidas cautelares en contra de los bienes muebles e inmuebles de la ex Colonia Dignidad en la necesidad de resguardar el posible pago de indemnizaciones a las víctimas de crímenes de lesa humanidad que se perpetraron con la participación de sus entonces jerarcas.
En esa medida, solicita restituir en su cargo al interventor Herman Chadwick, con el fin que éste pase nuevamente a tener el control de la administración de las sociedades.
En ese sentido, también pide reactivar el embargo sobre las acciones de las sociedades Abratec S.A., Cerro Florido, Bardana S.A., Cinoglosa S.A., decretando la prohibición de celebrar actos y contratos sobre estas sociedades, en las cuales figuran como accionistas Harmut Hopp, Kurt Schnellenkamp y Karl van den Berg, entre otros, los cuales se encuentran sometidos a proceso por parte del juez Zepeda.
Asimismo, le plantea decretar la prohibición de enajenar, grabar o traspasar cerca de 20 inmuebles que serían propiedades de esas compañías, así como también sus bienes muebles.
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