Ministro de fuero a cargo de indagar la abultada fortuna que Augusto Pinochet acumuló en el extranjero impugnó la orden de no innovar dictada por la Quinta Sala, porque fue adoptada con el voto del juez Alfredo Pfeiffer, quien estaría inhabilitado para dictar resoluciones de fondo en el caso por haberlo tramitado como magistrado subrogante.
La verdadera «batalla» que se ha desatado en el marco del caso Riggs ya traspasó las barreras de las partes directamente afectadas por el caso y se instaló a nivel de los propios integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago, a raíz de la decisión adoptada por la Quinta Sala de este tribunal que ordenó paralizar la tramitación del proceso.
El pasado viernes, la mencionada magistratura decidió -en votación dividida- acoger una orden de no innovar, en el marco de un recurso de implicancia interpuesto por la defensa de Augusto Pinochet, decretando la suspensión de todas las diligencias del proceso. La resolución fue adoptada por el ministro Alfredo Pfeiffer y el abogado integrante Ángel Cruchaga, con el voto en contra del juez Haroldo Brito.
Sin embargo, luego de ser notificado de la determinación, el ministro de fuero a cargo del caso, Carlos Cerda rechazó dar cumplimiento al dictamen, aduciendo que Pfeiffer se encontraría inhabilitado de conocer este proceso tanto en primera como en segunda instancia, pues él mismo dejó de manifiesto esa situación en junio pasado, cuando se excusó de reemplazarlo por haber conocido «hechos de fondo» del expediente.
«Al ministro Pfeiffer le corresponde subrogar legalmente al juez que suscribe esta resolución. Empero, con fecha 15 de junio, rehusó hacerlo expresando que habiendo intervenido en la presente causa como miembro del tribunal de alzada en resoluciones de fondo recaídas en estos autos, me declaro inhabilitado para asumir la subrogación en primera instancia«, recuerda el pronunciamiento de Cerda.
De esta forma, el ministro titular del caso sostuvo que «Pfeiffer se encuentra inhabilitado para intervenir en cualquier asunto o materia relacionados con esta causa, sin que sea dable asumir que la inhabilidad rija únicamente para una instancia cuando, como en la especie, no se la especificó, sino que se la fundamentó en haber intervenido en cuestiones de fondo».
Frente a este razonamiento, el magistrado concluyó que «la orden de no innovar ha sido pronunciada por un tribunal integrado en contravención a lo dispuesto por la ley, con lo que evidentemente contraría las leyes básicas de la sustanciación de los procedimientos».
Efectos inmediatos
Ante la negativa de Cerda respecto a paralizar el caso Riggs, ahora corresponderá que la misma Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino revise esta resolución y se pronuncie sobre si acoge o no el alegato del ministro.
Ése es el camino jurídico que se contempla en el artículo 226 inciso segundo del Código Procedimiento Penal, que permite a un juez de primera instancia suspender los efectos de una resolución que pueda haberse adoptado de forma errónea, ilegal o arbitraria.
Cabe destacar que esta norma fue la misma que invocó Cerda en 1986, cuando los tribunales superiores le ordenaron cerrar el caso del Comando Conjunto -por el cual había citado a declarar a varios militares, entre ellos, Manuel Contreras-. Su negativa a acatar esa medida le significó una suspensión de dos meses sin goce de sueldo, que casi derivó con su expulsión del Poder Judicial, y que en enero de este año fue una de las razones que impidieron su ascenso a la Corte Suprema.
En el escenario que la instancia superior decida acoger la reclamación del magistrado, se debería fijar una nueva vista de la petición de no innovar, de lo contrario, se debería reiterar la orden a Cerda para que paralice todas las diligencias.
En todo caso, este pronunciamiento de Cerda también podría dar cabida a nuevas acciones de las defensas en el caso, como un posible recurso de queja. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, ninguno de los abogados que representan a procesados habían tomado una postura al respecto.
Nuevo cuestionamiento
Esta no es la primera vez que se ha cuestionado la actuación del ministro Pfeiffer en el marco del caso Riggs, ya que aún cuando este juez asumió por períodos intermitentes la sustanciación del expediente entre febrero y abril pasado -cuando sobre Cerda pesaba una recusación que luego fue desestimada-, igualmente ha conocido de las apelaciones que se han interpuesto.
De hecho, el presidente de la Quinta Sala fue parte del voto mayoritario que revocó el procesamiento como autoras de evasión tributaria de Lucía Hiriart Rodríguez y de su hija María Verónica Pinochet. En dicha audiencia, que fue posterior al período en que subrogó a Cerda, Pfeiffer no se inhabilitó.
Este hecho dio pie para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) -querellante en la causa- presentara una queja disciplinaria contra el aludido ministro. Empero, la Corte Suprema declaró inadmisible la presentación, por no ser una vía idónea para revertir el dictamen.
Mantienen procesamiento contra secretaria
Por otra parte, Cerda no dio lugar a la solicitud de la defensa de la secretaria personal de Pinochet, Mónica Ananías, para dejar sin efecto el procesamiento en su contra como autora del delito de evasión tributaria.
La decisión se fundamentó principalmente en que el peritaje sobre los ingresos y declaraciones de renta que acompañó a la petición no fue realizado por un perito nombrado por el tribunal. El informe concluyó que «por error» Ananías subdeclaró un monto inferior a los $ 17 millones, mientras que se le acusa de evadir más de $ 92 millones.
«Los argumentos que esgrime la defensa de la señorita Ananías no logran persuadir a este juzgador como para concluir que han cesado los requisitos para sostener un auto de procesamiento», señaló Cerda, junto con recordar que esta arista del caso se encuentra con el sumario cerrado y estas mismas alegaciones pueden hacerse en la fase de plenario.
__________
Vea lo último sobre el caso Riggs
