Ministerio Público propondría condenas menores y alternativas a seis jóvenes que inicialmente fueron formalizados por asociación ilícita, infracción a la ley de Control de Armas y robo. El objetivo sería evitar que los imputados sean exculpados por falta de méritos, pues ello pondría en entredicho el trabajo de inteligencia que llevó a detenerlos tras los incidentes del 11 de septiembre.
El hecho de que se hayan desvirtuado las pruebas judiciales contra seis jóvenes okupas detenidos a fines de septiembre en un inmueble de la calle San Ignacio, y formalizados bajo los cargos de asociación ilícita, infracción a la Ley de Control de Armas y robo, se convirtió en un gran dolor de cabeza para la Fiscalía Centro Norte.
Por ello, el Ministerio Público estaría tratando de evitar a toda costa un juicio oral, planteando ante el Séptimo Juzgado de Garantía una serie de medidas alternativas, entre ellas, cambiar los cargos al de incendio frustrado, que merece una pena de presidio menor, y la realización de trabajos en favor de la comunidad.
Fuentes de la defensa de los okupas indicaron a El Mostrador.cl que con ello la Fiscalía estaría buscando zafarse «de manera digna» del tema, evitando el «bochorno» que significaría dejarlos en libertad por falta de méritos.
Esto, por cuanto ello revelaría que el operativo efectuado el 26 de septiembre pasado para arrestar a los jóvenes fue sólo "un golpe comunicacional articulado por el ministro del Interior Belisario Velasco, el subsecretario Felipe Harboe y el intendente metropolitano Víctor Barrueto".
Las mismas fuentes indican que el tema no es menor, por cuanto quedaría en entredicho la credibilidad de importantes autoridades de Gobierno, y peor aún, señalan, se demostraría que los fiscales "están supeditados a las directrices del Ejecutivo".
Abogados divididos
El tema sobre si aceptar o no la salida alternativa que propone la Fiscalía Centro Norte es el que se encuentran analizando estos días los abogados defensores de los okupas.
Es así como los profesionales Hugo Gutiérrez, Hiram Villagra y Washington Lizama serían partidarios de llegar al juicio oral, para "demoler" los argumentos de los fiscales, al igual que Julio Barría, quien también estaría por esa opción.
En tanto, Víctor Goldschmied y Loreto Eyzaguirre serían quienes optarían por la rebaja de cargos, principalmente por el deseo de las familias de los imputados de terminar lo antes posible con toda esta situación.
La fábrica de molotovs
Los okupas Álvaro Pinto, Jorge Fernández, Víctor Núñez, Danae Álvarez, Carla Monsalves y el ciudadano español Miguel Balaguer, fueron aprehendidos tras establecerse que mantenían en su poder elementos destinados a la fabricación de bombas incendiarias, como botellas, parafina, aserrín y trapo, supuestamente usados para la elaboración de mechas.
La detención se efectuó en el marco de un operativo de inteligencia de la policía uniformada, orientado a desarticular a los grupos anarquistas que habían protagonizado serios incidentes en el centro de Santiago, entre ellos, el ataque incendiario a un ventanal del Palacio de La Moneda durante una conmemoración del 11 de septiembre.
Posteriormente, el 6 de octubre, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió la libertad provisional a los seis jóvenes, acogiendo una apelación a la negativa del Séptimo Juzgado de Garantía de otorgarles ese beneficio.
Los jóvenes aseguran que los materiales incautados no son utilizados en la fabricación de explosivos, como argumentaron las autoridades, sino que los utilizan para sus presentaciones artísticas. Asimismo, indicaron que el aserrín que mantenían guardado era para los baños de los gatos en la casona que habitan en San Ignacio.
