Evitando profundizar sobre los movimientos en la Conadi, el director del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, adelanta los desafíos del sucesor de Jaime Andrade: aprobación del reconocimiento constitucional y del Convenio 169 de la OIT; la declaración ONU sobre derechos de pueblos indígenas y contrarrestar las incoherencias de la política sectorial.
Dar coherencia a la política indígena es uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el sucesor del socialista Jaime Andrade Guenchocoy, quien este viernes oficializó su renuncia a la dirección de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), tras haber sido el responsable gubernamental del tema durante los últimos cuatro años -con un paréntesis en 2003.
Así lo sostiene el director del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin Oyarzún, quien en conversación con El Mostrador.cl da cuenta de la serie de tareas que, a su juicio, debería llevar adelante el futuro titular del organismo dependiente del Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan).
Entre éstas, menciona el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y dar cuenta de la real la voluntad de Chile sobre la Declaración ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
También considera necesario que el nuevo directivo sea capaz de concluir el término de la «política de criminalización» de las demandas indígenas iniciada durante el gobierno de Ricardo Lagos, así como terminar con "las reiteradas situaciones de abuso policial" que afecta, principalmente, a comunidades mapuches de las regiones Novena y Décima.
Aylwin evita ahondar sobre las razones de Andrade para dejar el cargo -se habló de supuestas diferencias con la titular de Mideplan, Clarisa Hardy, desmentidas por ambos-, así como la cartas que debería tener en cuenta el gobierno para llenar el puesto. «Si bien Jaime Andrade se relacionaba de muy cerca con las organizaciones de pueblos indígenas, también había ejercido su función durante un tiempo prolongado, y tal vez eso también lo haya afectado…», señala escuetamente.
Respecto a la política indígena del actual Gobierno, no cuestiona que Bachelet haya traspasado la coordinación del tema desde la Subsecretaría de Planificación hacia la Conadi, el mismo tránsito que siguió Andrade en marzo pasado, y más bien estima que, independiente de la estructura que se adopte, es necesario darle coherencia a las medidas.
«Uno percibe que a pesar de los esfuerzos que se pueden haber desarrollado desde la Conadi bajo la gestión de Andrade, persisten estas contradicciones de la política pública que van mucho más allá de lo que pueda hacer la Conadi, y que dependen de una voluntad política del Ejecutivo y, en particular, de la Presidenta Bachelet», afirma.
«No cabe duda que las instancias de políticas indígenas deberían tener mayor fortaleza al interior del aparato del Estado de la que han tenido en los últimos años. Si eso se va a lograr por la vía de las coordinaciones, tengo mis dudas, porque hay decisiones de política que tienen que ver con las opciones del Estado, con las políticas económicas, con los compromisos asumidos en Tratados de Libre Comercio, que vulneran y transgreden los derechos indígenas", agrega.
Contradicciones
Como ejemplos claros de esto, Aylwin asegura que se encuentran el proyecto aurífero Pascua-Lama, en la Región de Atacama, y el ducto de descarga de residuos que la planta Valdivia de la Celulosa Arauco y Constitución (Celco) instalaría en las cercanías de la caleta de Mehuín, en la Región de Los Lagos. Ambas iniciativas, asegura, se han llevado a cabo sin el proceso de consulta a las comunidades diaguitas y lafkenche, respectivamente, y privilegiando una política de
En ese sentido, enfatiza que «a pesar de los avances, uno percibe que se mantienen algunas contradicciones en la política pública, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el compromiso y el respaldo muy fuerte de los distintos estamentos del Estado a la expansión de proyectos de inversión en terrenos indígenas, sin procesos de consulta adecuados, y con impactos evidentes en el ecosistema de los pueblos indígenas».
Y basándose en una entrevista concedida hace un tiempo por Andrade a El Mercurio, en la que reconoció que la debilidad de la respuesta de la Concertación hacia las demandas indígenas, Aylwin es escéptico frente a la posibilidad de que Bachelet aproveche la coyuntura para darle un giro a la política gubernamental. «No tenemos antecedentes para ello», reconoce.
Al respecto, recuerda la serie de compromisos que asumió en enero pasado en Nueva Imperial la entonces candidata de la Concertación con los pueblos indígenas, ninguno de los cuales ha sido implementado hasta el momento y que, por tanto, serán los que servirán de barómetro para medir la gestión del sucesor de Andrade al frente de la Conadi.
«Al suscribir el compromiso con organizaciones indígenas, hay un reconocimiento implícito de que hay una tarea inconclusa. Al llegar la Presidenta Bachelet hay una relación crítica entre los pueblos indígenas y el Estado (…) y también constató una política contradictoria, en el sentido de que hay una política sectorial que hacía esfuerzos en la ampliación de las tierras indígenas, pero que había proyectos de inversión que no respetaban los derechos de los pueblos indígenas", afirma.
«Transcurridos once meses, uno nota que si bien la Presidenta se comprometió a no seguir adelante con la utilización de la ley antiterrorista para enfrentar la protesta indígena, el gobierno no ha logrado cohesionar a los propios parlamentarios para aprobar una legislación que permita terminar con la prisión de los presos amapuches, respecto de la cual existe conciencia de que es arbitraria, injusta, a la luz de una legislación cuya penalidad es excesiva», puntualiza.
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