Ministra Rosa María Pinto ha citado a varios integrantes de la Brigada de Derechos Humanos de la policía civil para dilucidar sí el director de la Investigaciones, Arturo Herrera, trató de influir para cambiar los resultados de una orden de investigar, con el fin que el jefe de la II División del Ejército no fuera involucrado en la operación »retiro de televisores».
Un clima tenso se vive por estos días al interior de la policía de Investigaciones, luego de que se diera una verdadera «batalla» interna ante la decisión del director de la institución, Arturo Herrera, de excluir del alto mando al prefecto inspector Rafael Castillo, lo cual fue revocado por la Presidenta Michelle Bachelet, al momento de ratificar la nueva conformación del organismo.
Pero no sólo ese factor ha enrarecido el ambiente al interior de la policía civil, ya que durante las últimas semanas ha vuelto a tomar importancia el «impasse» que generó el quiebre de la estrecha relación entre Herrera y Castillo, a raíz de las últimas diligencias realizadas por la ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, quien tiene a su cargo la investigación por la remoción ilegal de cuerpos en el cerro Topater, en Calama.
Si bien, hasta ahora, algunos medios de prensa han dado luces de la historia que derivó en el intento del Director de Investigaciones para llamar a retiro al Jefe Nacional contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales, Rafael Castillo Bustamante, atribuyéndolo a una suerte de «moneda de cambio» por la salida a retiro del actual jefe de la II División de Ejército, general Miguel Trincado, este hecho tuvo un trasfondo bastante más complejo de lo que se ha contado.
Indagaciones judiciales
Durante las últimas semanas, la ministro Pinto comenzó a citar a varios detectives de la Brigada de Derechos Humanos y Asuntos Especiales (BAES) e incluso al mismo prefecto inspector Rafael Castillo.
Aunque la versión pública que se ha dado sobre esta situación es que las declaraciones han sido para que los detectives ratifiquen verbalmente las conclusiones que han estampado en sus informes, fuentes de El Mostrador.cl han confirmado que en dichas diligencias se les han consultado por las posibles presiones que habrían recibido en el marco de esta investigación.
Esta pregunta, lejos de ser fácil de responder por parte de los requeridos, podría revelar una compleja trama que se comenzó a gestar durante el mes de octubre de 2005, luego de que el diario La Nación difundiera los contenidos de un informe policial, elaborado por la BAES, donde se concluía que el general Miguel Trincado fue uno de los uniformados que llevó a cabo la llamada «operación retiro de televisores» en Calama.
Tensas conversaciones
Según pudo recabar este medio, por fuentes allegadas al tema, a raíz de esa publicación el entonces segundo jefe de la Brigada, Abel Lizama, fue llamado a la oficina del jefe de gabinete del director institucional, Claudio Preller Pinochet, quien lo habría reprendido por la poca rigurosidad del documento, sobre todo en el punto referido a «apreciaciones del investigador», donde se afirmaba que Trincado necesariamente debió haber participado de la macabra misión: desenterrar cerca de 26 cuerpos inhumados en el desierto de Calama, para luego trasladarlos a la Base Aérea de Cerro Moreno y cargarlos en un avión y ser arrojados al mar.
«Aunque niegue su participación en este hecho, el general Miguel Trincado Araneda no puede desconocerlo», sostiene el mencionado informe.
En dicha conversación, Preller -argumentando que era una decisión del director nacional de Investigaciones- habría ordenado a Lizama cambiar el informe y exculpar de responsabilidad al general Trincado, aduciendo que contenía serios errores.
Según las versiones recabadas por este medio, el funcionario reprendido informó de la situación al jefe de la BAES en la época, Sandro Gaete, quien luego habría mantenido a su vez una áspera comunicación telefónica con el jefe de gabinete de Herrera, durante la cual se negó a acatar la orden aduciendo que las conclusiones de las pesquisas no podrían ser modificadas sin nuevos antecedentes.
Por otra parte, Gaete se habría escudado en el hecho que realizar un acto de esa naturaleza podría constituir un delito. La salida que se habría consensuado fue la posibilidad que el alto uniformado enviara su hoja de vida institucional para demostrar que nunca ejerció como jefe (s) de la unidad de Inteligencia del regimiento nortino, con lo cual se podría sustentar su versión de inocencia.
Oficios urgentes
A los pocos días, el entonces ex jefe de la BAES recibió la orden de solicitar al Ejército el encuadramiento general de la carrera militar del uniformado. No obstante, Gaete habría solicitado en el oficio «de carácter urgente» que se enviara la hoja de vida de Miguel Trincado.
Esta solicitud llegó durante esa misma jornada al Comando de Apoyo Administrativo (CAAE) de la institución castrense. Sin embargo, a las pocas horas el comisario Gaete habría sido conminado por Claudio Preller a modificar el documento y pedir sólo el «encuadramiento general», cronología que si bien da cuenta de los cargos ejercidos por el funcionario, no entrega ni fechas, ni destinaciones.
Ante ello, se volvió a enviar un nuevo requerimiento. Ambos documentos están fechados el mismo día, según pudo confirmar este medio. Los otros antecedentes que acreditarían esta versión son que la elaboración de estos oficios no fue solicitada por el tribunal a cargo del caso, mientras que la respuesta que entregó el encuadramiento general llegó 24 horas después, dirigida al director Herrera.
El papel de un periodista
Pero toda esta trama tuvo un testigo privilegiado de cómo se dieron los hechos, el periodista autor de la nota que dio a conocer el «informe Trincado», Jorge Escalante.
Según el profesional relató a este medio, tras la difusión del artículo sostuvo dos reuniones con el general Miguel Trincado, en su oficina de la comandancia en jefe de la II División del Ejército.
En la segunda cita, el reportero le consultó directamente acerca de quién había influido ante el director de Investigaciones para alterar el documento legal. «Ante esa pregunta, Trincado me respondió que él había concurrido personalmente a la casa de Arturo Herrera, un día en la noche, para pedirle que él ordenara modificar el informe, porque era inocente».
Para el periodista, la fecha en que ocurrió dicho encuentro coincide con el período en que el jefe de gabinete del director de Investigaciones comenzó a ejercer eventuales «presiones sobre la BAES».
Probablemente, Escalante también será citado a declarar ante la jueza que instruye este proceso.
El rol de Castillo
Aunque el prefecto Rafael Castillo nunca ha aceptado conversar públicamente de este tema, su rol en este episodio comenzó cuando sus subalternos -Gaete y Lizama- le dieron cuenta de la situación que estaban atravesando por las supuestas órdenes del director de la policía civil.
Según ha trascendido, este detective -conocido por haber encabezado un eficiente trabajo para aclarar procesos por delitos de lesa humanidad- fue a conversar personalmente el asunto con su hasta entonces "amigo y compadre", haciéndole presente que él respaldaba la labor que había realizado la Brigada de DD.HH. y que, por tanto, apoyaba a sus hombres en la decisión de no alterar el documento judicial.
Ese sería el origen del "quiebre" entre Castillo y Herrera, por lo cual todos los que han estado interiorizados de esta historia atribuyeron que la decisión de llamarlo a retiro fue una "pasada de cuentas" por parte de superior.
En todo caso, ahora es la justicia quien deberá aclarar los entretelones de esta historia, para lo cual necesariamente también deberá requerir las versiones del director de Investigaciones y su jefe de gabinete.
Vea además:
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