Derecha ha planteado una legislación más rígida, o al menos más exigente al momento de evaluar si entregarán sus votos para los distintos proyectos que está impulsando La Moneda, sobre todo los más importantes: la agenda pro trasparencia y las reformas en educación y previsión social. La oposición tiene reparos pues cree que legislar con demasiado premura puede generar nuevos problemas.
En la Concertación se ha cuestionado la disposición de la Alianza para respaldar la agenda legislativa del gobierno, en tanto la Presidenta Michelle Bachelet ha pedido el apoyo de la oposición para sus principales proyectos, las reformas previsional y de la educación, además de la agenda de transparencia, que serán los pilares de su administración para el 2007.
Este martes, el timonel de la UDI Hernán Larraín dijo que "el lugar de diálogo natural entre gobierno y oposición es el Parlamento, y nosotros trabajamos ahí codo a codo con los ministros todas las semanas". Frase que volvió a reiterar dos días después tras una reunión con el ministro del Interior Belisario Velasco, en la que pese a separar aguas de la relación con La Moneda, acotó que "el diálogo entre el Ejecutivo y la oposición es permanente en el Congreso".
Sin embargo, los partidos de derecha no esconden sus reparos a estos proyectos, sobre todo en el plano de la corrupción, donde muchas de estas iniciativas no les entregan garantías debido a la premura con que se legislaría.
En tanto en la reforma previsional ocurre todo lo contrario, y se ha planteado la necesidad, de parte de la Alianza, de acelerar su tramitación y que comience a implementarse lo antes posible para que no se utilice con fines electorales, considerando que la Pensión Básica Solidaria entraría en vigencia en 2008, periodo de elecciones municipales y parlamentarias.
La secretaria general de RN Lily Pérez señala que "nuestra disposición es positiva a legislar, pero eso no nos va inhibir a decir lo que tengamos que decir, y si algún proyecto es malo o hay que mejorarlo vamos a insistir en eso".
Kast: «No somos un mero buzón»
El jefe de la bancada de diputados UDI José Antonio Kast pone énfasis en la disposición que han demostrado a aprobar algunas iniciativas promovidas por el Ejecutivo, si bien deja en claro que "no somos un mero buzón, somos un poder del Estado que tiene que tener una posibilidad de discutir los proyectos".
De este modo, el parlamentario gremialista afirma que esa postura crítica sobre los proyectos apunta a mejorar las cosas, desmintiendo la actitud "obstruccionista" que les reprocha el oficialismo. En este sentido, muestra intención a colaborar y mejorar proyectos de ley, aunque critica que estos "muchas veces vienen como una reacción a hechos que están pasando". Además asegura que en el periodo legislativo del año 2006 votaron favorablemente más del noventa por ciento de los proyectos de ley que presentó el Ejecutivo.
A lo que complementa que "lo que le hemos pedido a la ministra Paulina Veloso es que sea prudente para plantear los temas y los tiempos, porque si ella nos impone un ritmo legislativo de 24 horas, eso quiere decir que no se va a poder hacer bien el trabajo, y los responsables a la larga van a ser los parlamentarios", agrega.
Vargas: «Fiscalizadores, no obstruccionistas»
Por su parte, el jefe de la bancada de RN, Alfonso Vargas, dice que "para las cosas importantes nosotros estamos y vamos a seguir trabajando siempre. Nos catalogan de obstruccionistas, simplemente porque estamos fiscalizando cosas que nos parecen imperdonables como los temas desvío de dineros a Chiledeportes, o las irregularidades en los PGE".
En su opinión, las medidas para combatir la corrupción están en un plano distinto a sus denuncias al respecto, a la vez que añade que "de la misma forma como vamos a ser implacables en la fiscalización, vamos a trabajar también por los proyectos que vayan en bien del país".
Agenda Pro Trasparencia
En el tema de probidad hay una batería de proyectos en marcha, y pese a que el gobierno de turno cuenta con una mayoría en ambas cámaras, algunas materias requerirán un quorum mayor.
El Ejecutivo envió el pasado 7 de diciembre al Congreso tres proyectos de Ley y tres indicaciones legislativas que son parte de la Agenda de probidad, trasparencia y modernización, anunciada por la jefa de Estado en noviembre de 2006.
Los tres proyectos ingresados: Reforma Constitucional en materia de transparencia, probidad, modernización del Estado y mejoramiento de la calidad de la política; Reforma a la Ley de gasto electoral; y Proyecto de Ley que protege al denunciante de irregularidades, son evaluados con tranquilidad por parte de los parlamentarios de oposición, pero también con una mirada crítica.
Al igual que las indicaciones: Acceso a la Información, Puerta Giratoria y Lobby, que se encuentran en segundo trámite en el Senado.
Respecto a los proyectos que ingresaron a la cámara baja y que van a ser discutidos en dos comisiones del Congreso, que son Constitución Legislación y Justicia y Gobierno Interior, la vocera de RN Lily Pérez dijo que "nosotros estamos en contacto permanente con nuestros diputados para monitorear estos proyectos, que obviamente nos interesan, pero creemos que algunos de ellos son insuficientes en la normativa que plantean".
Ley de gasto electoral
Sobre la ley de gasto electoral, en el bloque concuerdan que "es un proyecto que tiene varios errores, y hay que replantearlo".
Kast explica en este sentido que "le hemos dicho al gobierno que queremos que a Chile le vaya bien y se acabe la corrupción, pero ya hemos tenido tres ocasiones en que hemos visto agendas anti corrupción y propuestas legislativas que proponen solucionar el tema. Entonces hagamos las cosas bien para que esto no vuelva a ocurrir".
Es así como en la derecha le ha pedido al gobierno que no se legisle en calidad de urgencia (suma urgencia o discusión inmediata) porque los parlamentarios quieren entregar sus aportes, ya que tienen todo el mes de enero, y después marzo para discutir.
El proyecto pensado para el funcionario público que entrega antecedentes sobre ilícitos, que fue votado este miércoles en el Congreso, en cambio, tendría amplio respaldo, ya que recoge planteamientos de los legisladores de derecha.
El Gobierno analizará la propuesta de la directiva de la UDI de ampliar de 90 a por lo menos 180 días el fuero para los funcionarios públicos que denuncien irregularidades.
Reforma previsional
La reforma previsional es uno de los proyectos emblemáticos del Ejecutivo. Sin embargo, en la Alianza han mostrado inquietud por la lenta tramitación del proyecto, detrás de lo que consideran se esconden afanes "populistas". De este modo, propusieron una discusión separada (en dos partes), para que la entrega de los beneficios -que es de fácil tramitación- empiece a regir este año.
Lo que se busca adelantar es el alza en la pensión mínima, los incentivos para que las mujeres jubilen después de los 60 años, bonos de estímulo a la maternidad y la Pensión Básica Solidaria (PBS) de 75 mil pesos, entre otros.
La primera ley cubría el sistema de protección social, el premio a las madres trabajadoras y el subsidio a la contratación juvenil, que el Congreso podría aprobar rápidamente. En tanto la otra normativa, después de aprobado el primer proyecto, abordaría temas de más larga discusión como la reestructuración de las AFP.
El próximo miércoles se realizará un almuerzo con autoridades gubernamentales, que reunirán a las bancadas de la Alianza y el ministro de Trabajo Osvaldo Andrade, además de algunos asesores, de la Superintendencia de AFP, director de presupuesto, y eventualmente el ministro de Hacienda, Andrés Velasco.
"El tema de reforma previsional a nosotros nos interesa bastante" se dice en RN. En esta materia Rafael Aldunate, integrante de la comisión política de la tienda, ha manejado el tema, y en la segunda semana de enero coordinará una reunión con dirigentes del partido.
"En términos generales estamos muy de acuerdo, lo que queremos es que se acelere la entrega de la pensión mínima, y es bueno ir actualizando algunas cosas que pudiera tener el régimen de AFP", explica Pérez.
Educación
La postura de la Alianza es que la formación del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación (que entregó un informe en diciembre pasado) fue una respuesta de última hora al conflicto estudiantil; sin embargo, en general han apoyado el proyecto de reforma constitucional actualmente en trámite en el Parlamento.
Según Kast, "en algunos proyectos de ley nos opusimos porque creemos que no se respetaron los tiempos legislativos, no se nos dejó hacer aportes concretos, porque cuando uno discute la ley en educación en 24 horas (que fueron dos casos puntuales) hay muchas cosas que se van quedando afuera".
La Moneda conformó un comité de ministros, que incorpora las carteras de Educación, Interior y Secretaría General de la Presidencia, y que en abril entregaría propuestas legales y administrativas, tendientes a la reforma al marco regulatorio de la educación, sustitución de la actual LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza), creación de una Superintendencia y un nuevo régimen financiero.
En esa línea, el parlamentario gremialista señaló que "estamos esperando propuestas concretas del Ejecutivo, para sobre esta base ponernos a trabajar".
