Pese a que desde su creación, en 1994, el SEIA ha recibido más de 12 mil proyectos, nunca había sido objeto de una revisión para determinar sus debilidades. Este lunes, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, informó que se detectaron importantes retrasos en la evaluación de los proyectos, debido a una responsabilidad compartida entre el sector público y privado.
El Gobierno resolvió adoptar una serie de medidas para destrabar la tramitación de permisos ambientales, tras realizar una auditoría al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que reveló un sistemático retraso en el cumplimiento de los plazos legales para informar sobre su aprobación o rechazo a los titulares de los proyectos.
Por ejemplo, la tramitación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuyo plazo legal es de 90 días, en 2006 subió a un promedio de 119,4 días; en tanto, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que cuentan con un período de 180 días, el año pasado alcanzaron un promedio de 174,3 que, aunque se encuentra dentro del límite, aumentó respecto de 2005.
El SEIA funciona desde 1994 ya ha analizado más de 12 mil proyectos, por lo que el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), que preside la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, consideró necesaria una revisión de su funcionamiento, motivada por las críticas que recibe permanentemente el sistema desde distintos sectores.
"Nosotros cuando asumimos (en el gobierno) veíamos que había una cantidad de críticas desde distintos lados y queríamos tener claridad de si éstas tenían o no tenían asidero", dijo Veloso, quien presentó las nuevas medidas junto a la directora ejecutiva de la Conama, Ana Lya Uriarte, y el jefe de la Unidad de Impacto Ambiental del organismo, Jorge Lagos.
Boom de proyectos
La ministra sostuvo que la responsabilidad en la lentitud no es sólo del aparato público, en que el se detectaron distintos criterios a la hora de evaluar un proyecto, sino que también del privado, que al presentar estudios de deficiente calidad, obligan a que éste sea objeto de múltiples observaciones.
Al respecto, en 2006 de 892 iniciativas presentadas al SEIA, 788 requirieron de una Adenda, que es un documento en el cual los diferentes servicios públicos con competencia ambiental, hacen sus consultas técnicas sobre aspectos poco claros de la presentación.
«Un evaluador que se encuentra con la mitad de los documentos o antecedentes que se requiere, obviamente se demora más, significa que va a ir a una Adenda (…) Cuando se pide un complemento (de este tipo) se suspende el plazo, por lo tanto, no nos genera problema en el plazo legal, pero si genera un problema en que va a ser un proyecto que se va a demorar en el tiempo. Eso tensa el sistema y genera la sensación del que el sistema es lento», explicó la secretaria de Estado.
La importancia de agilizar la tramitación radica también en el aumento explosivo de los proyectos que están ingresando al sistema, que pasaron de 1.182 en 2005 a 1.670 en 2006, éstos últimos con una inversión conjunta equivalente a US$ 15.154 millones. Las regiones con mayores iniciativas privadas son: la Décima; Undécima y Metropolitana.
Sobre los retrasos en el aparato público, por ejemplo, la Dirección de Vialidad de Tarapacá, demora en promedio 15,8 días en entregar su evaluación al sistema; la Dirección General de Aguas de la Región Metropolitana, con 13,6; seguido por la Autoridad Sanitaria, con 12,30; y la Dirección de Aeropuertos, con 8,5.
En general, durante 2006 todos los servicios públicos de la RM registraron un aumento de retrasos, a excepción del Ministerio de Bienes Nacionales y la Dirección de Arquitectura del MOP.
Las medidas para 2007
Ante el escenario, Veloso se comprometió a elaborar un total de 14 "guías criterio" durante 2007, para que las consultoras que contratan los privados no tengan dudas sobre lo que deben presentar. Seis se entregarán durante el primer semestre y otras ocho durante el segundo.
Algo similar ocurrirá en la Conama que, con el objetivo de uniformar criterios de evaluación, entregará manuales durante el primer semestre de 2007 al resto de servicios públicos.
De igual forma, en marzo de 2007 comenzarán a ser publicadas en el sitio web del SEIA, un listado con los proyectos atrasados; un informe en línea que indique en qué etapa está el proyecto y dónde se ésta retrasando, lo que estará disponible a partir del segundo semestre de 2007.
Consultada sobre posibles aumentos de recursos para cumplir con los plazos legales, sostuvo que «por el momento no vemos que sea necesario ¿por qué? porque nosotros vemos que es necesario mejorar la gestión. Ahora, eventualmente, este mecanismo de evaluación, donde lo vamos a tener transparentado en página web, nos va a permitir en algún momento ver si es necesario aumentar personal o mejorar algún otro mecanismo que signifique recursos, y en ese sentido, no hay ningún problema en verlo, pero tenemos que hacerlo científicamente".
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