Otrora director de la Conama de la RM y actual representante de la consultora Sustentable, valoró anuncio del Gobierno en orden a terminar con los retrasos en la evaluación que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero recordó que en las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (Coremas) los criterios políticos siguen primando por sobre los técnicos.
El Gobierno dio a conocer este lunes una serie de medidas con las que busca destrabar la entrega de permisos ambientales solicitados por las empresas. Esto, luego de que una auditoría al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) permitiera transparentar una de sus principales debilidades: la lentitud, que se origina principalmente por responsabilidades compartidas de los servicios públicos y de los actores privados.
Frente a este escenario se anunció la elaboración de "guías criterio" orientadas a los titulares de los proyectos de inversión; manuales, para los servicios públicos y la publicación de las causas de los retrasos y el organismo responsable de éste, en el sitio web del SEIA.
Aunque no está claro el porcentaje, en general, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ingresan al sistema mediante los oficios de consultoras que prestan servicios a las empresas, por lo que la calidad de éstas quedan en entredicho si se considera, que de 892 proyectos ingresados, en 2006, 788 recibieron observaciones.
La visión de una consultora
Al respecto, el representante de la firma consultora Sustentable, el abogado DC y ex director de la Conama (Comisión Nacional del Medio Ambiente) de la Región Metropolitana, Clemente Pérez, cree que habría sido útil distinguir en la auditoría si los estudios o declaraciones observados han sido presentados directamente por las empresas o por consultoras.
"Muchas veces, las empresas que están desarrollando una iniciativa, por ahorrarse un poco de plata, tratan de hacer la EIA por su cuenta. Eso, por regla general, es una mala inversión, porque terminan demorándose mucho más», explica.
«A nosotros nos llegan proyectos en que las empresas han metido las patas desde el inicio, y es mucho más difícil corregir una mala presentación inicial, que haberla realizado correctamente desde un principio", agrega.
Con todo, asegura que también muchas veces en las adendas o procesos de consultas de los servicios contienen muchas observaciones inoficiosas que hacen perder el tiempo. Por ello, junto con valorar el informe del Consejo Directivo de la Conama, cree que las guías y manuales que estarán progresivamente disponibles durante 2007 ayudarán a subsanar las dificultades.
"Las guías van a ayudar mucho, sobre todo si tienen carne, es decir, si van a los temas de fondo y no se quedan en cuestiones de forma. Es en los aspectos de fondo, especialmente en aquellos donde suele haber conflicto entre los distintos servicios públicos, donde se producen las grandes demoras", plantea.
Más medidas
No obstante, expresó que se podrían adoptar medidas más audaces, como aprobar las DIA, donde se registra mayor retraso, vía la aplicación de la normativa de "silencio administrativo", recurso presente en la Ley de Bases del Medio Ambiente, que entra a operar cuando no hay un pronunciamiento, en los plazos legales, sobre la aprobación de un proyecto, pero que hoy se evita usar.
A lo anterior, propone que los funcionarios públicos puedan recibir incentivos económicos, no por aprobar, sino por cumplir metas respecto del pronunciamiento a una determinada cantidad de proyectos, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión del Estado.
"Los servicios públicos tienen sistemas de incentivos, una especie de renta variables, que tiene que ver con algunos objetivos que se pone la administración pública", asegura.
Politización de Coremas
Sin embargo, Pérez cree que hay un aspecto que no ha sido abordado en los anuncios del gobierno y que tiene relación con la "politización" de los proyectos, cuando llegan a las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (Coremas), donde de un plumazo puede borrarse todo lo realizado. Por eso, estima que sus miembros deben ser evaluados partiendo por la asistencia.
"En ellas también se registra demora a la hora de firmar las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). No es broma, hay resoluciones que han demorado hasta siete meses en ser firmadas, a la que contribuyen los miembros del Consejo Regional (CORE) que exigen o hacen exigencias que están fuera del Estado de Derecho", dice.
"Por razones más políticas, que técnicas; o más arbitrarias que jurídicas, se termina rechazando un proyecto que determinado servicio público había informado favorablemente y lo increíble es que después se rechaza por unanimidad. Los servicios públicos deben hacerse cargo de lo que firmas previamente", enfatiza Pérez, quien en su calidad de abogado defiende la instalación de una nueva estación de transferencia en Quilicura, la cual pese a contar con la aprobación de los servicios públicos, fue objetada luego de que los vecinos de la comuna y la Intendencia metropolitana expresaran su disconformidad con su puesta en marcha.
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