Proponen reorientar la entrega de fondos en base a una mejora en la eficiencia, a la contribución al bienestar social y al desarrollo social por parte de las instituciones. La idea es que se financie a los estudiantes en función de su condición socioeconómica, no en base a la casa de estudios a la cual asisten.
La apertura al sistema de educación superior chileno a universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica en 1981 fue el comienzo del enorme cambio que este sector ha vivido en los últimos 30 años.
Obviamente pasar de un sistema que incluía ocho universidades, a uno que actualmente cuenta con 61 casas de estudio, 36 de las cuales son privadas, 105 centros de formación técnica y 43 institutos profesionales transformó una educación de "elite" en una mucho más masiva, a la vez que revirtió el origen de las inversiones, hoy fundamentalmente privadas.
Y aunque en general diversos expertos del área, que expresaron sus puntos de vista en el seminario "Marcha de la Educación Superior", consideran que han existido avances y mejoras sustantivas, coinciden en que aún hay muchos desafíos por salvar. Uno de estos puntos tiene que ver con el financiamiento, ya que hay una generalizada crítica a la desigualdad del sistema de aportes directos e indirectos.
La visión común es que se debe terminar con la distinción entre los centros de estudios superiores, ya que el Estado no sería "neutral" a la hora de asignar los fondos, y estos serían entregados en función de la "índole" de cada casa de estudios. Ahí las más beneficiadas serían las 25 que forman parte del Consejo de Rectores.
Por ello, se recomienda reorientar la entrega de fondos en base a una mejora en la eficiencia y a la contribución al bienestar social y al desarrollo de la sociedad por parte de las instituciones.
Harald Beyer, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), considera que no deben hacerse distinciones a la hora de entregar financiamiento a los estudiantes, ya que "hay distintos tratamientos para los estudiantes dependiendo de la institución a la que van y eso no tiene mucho sentido porque hoy hay una total integración: estudiantes pobres que van a universidades privadas, estudiantes ricos que asisten a las tradicionales. Entonces uno debería financiar en función de la condición socioeconómica del estudiante, independientemente de donde asista".
En todo caso, explica que hay otra dimensión donde esto no queda tan claro y que tiene que ver con los "bienes públicos", ligados a la investigación y desarrollo de las distintas universidades. "Hay unas que hacen mucha más investigación y desarrollo que otras. Esas requieren financiamiento importante para respaldar esos bienes públicos, mientras que otras que no emprendan ese camino no deberían tener acceso".
Precisamente el "histórico" rol relacionado con la investigación y la extensión en las casas de estudio superior, fue otro de los temas en cuestión, ya que para muchos esta concepción es anacrónica, básicamente porque en la actualidad muchos centros de estudio tendrían otras ventajas comparativas y estarían centrados más que nada en la formación y no en la investigación propiamente tal, papel que, según ex rector de la Universidad de Talca Oscar Garrido "no es necesario" para todo los actores. Por ello, propone revisar esto y redefinir este ámbito.
El nuevo rol del "mercado"
En lo que todos los asistentes se manifestaron de acuerdo, fue en que el sistema actual de mercado llegó para quedarse, siendo literalmente "imposible" retroceder y revertir la enorme privatización del sector.
Pero la mirada no es reprobadora, al contrario, ya que el sentir predominante es que además de la masificación de las matrículas, esta realidad habría impulsado la competencia y por ende la carrera por lograr mejoras y ganar alumnos. En suma, obligaría a las distintas instituciones a "ponerse las pilas" y hacer lo posible por entregar una alternativa destacable.
Pero cantidad no es sinónimo de calidad y en este sentido hay conciencia de ello.
Al respecto, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Felipe Morandé, opina que la calidad de la educación no es "demasiado alta con respecto al gasto" que se invierte en ella.
Y sostiene que aunque se puede constatar una mejora en el número de matrículas, en el tema de la calidad no hay con qué comparar. Por ello, ve con buenos ojos la competencia que genera el sistema de mercado, pero aclara que no puede depender sólo de ello, por lo que se deben buscar alternativas que van de la mano de la acreditación.
Al respecto, el rol de la Comisión Nacional de Educación (CNA) fue bastante discutido, ya que se planteó la necesidad de que especificara sus estándares y que se iniciaran nuevos parámetros de evaluación, como por ejemplo que en lugar de acreditarse las carreras y las universidades, se realice un examen obligatorio a los egresados, que podría reemplazar a los exámenes de grado.
Frente a esto, José Joaquín Brunner, ex ministro y profesor investigador, no se mostró de acuerdo, ya que considera que la acreditación es un sistema complejo "y si tomamos el conjunto de los programas de universidades, institutos y centros de formación técnica sumamos alrededor de 7 mil u 8 mil programas. Acreditarlo con los mecanismos actualmente existentes tomaría años de años para hacer el primer ciclo y luego para hacer el segundo y tercer ciclo. Es una tarea casi imposible y tenemos que pensar en mecanismos más livianos para acreditar, de lo contrario no lo lograremos".
Información sobre calidad de las ofertas
Para Brunner, una gran falencia del sector es la falta de información que va desde estadísticas hasta la calidad real de las ofertas de los centros de estudio. Por esto está en conversaciones junto a Eugenio Díaz, director de la Escuela de Derecho de la Uniacc y vicepresidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), y Patricio Meller, profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.
Junto ha este último, han "coordinado el proyecto del observatorio de graduados que hace el seguimiento y ha desarrollado la metodología para estimar cuáles son los ingresos que tienen los graduados después de 2 o 3 años. Por lo tanto, distintos organismos públicos y privados y también la CNA se nos han acercado para tal vez estudiar una ampliación de toda la información que se está dando y que ya no sea solamente información de graduado, sino también sobre el periodo de formación de los estudiantes".
El experto explica que están en una etapa de conversaciones, viendo posibilidades de desarrollo y financiamiento, para obtener un información más sofisticada "que permita a los alumnos y la sociedad conocer mucho mejor el sector. No es hacer ranking, que no tiene mucho sentido, sino conocer en detalle la calidad real de las ofertas de cada institución".
De esta forma, podrían evitarse casos como el de la carrera de criminalística de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y al mismo tiempo transparentar el sector.
