Ministra Paulina Veloso conversó el tema esta semana con el presidente de la comisión de RREE de la cámara alta, el PPD Roberto Muñoz Barra. Argumentos de algunos legisladores es que exonerados políticos reciben exiguas reparaciones, mientras que el Estado chileno tendría que desembolsar US$ 1,5 millones para la familia del diplomático español.
Pese a que la próxima semana se inicia el receso legislativo hasta los primeros días de marzo, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet está realizando fuertes gestiones para reponer algunos proyectos de ley emblemáticos. Entre ellos, se encuentra el que indemniza a la familia del diplomático español Carmelo Soria, asesinado en 1976 por agentes de la DINA.
El 9 de septiembre de 2005, la comisión de Relación Exteriores del Senado rechazó el acuerdo entre Chile y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que compromete una reparación por parte del Estado chileno de US$ 1.500 millones para la familia del fallecido funcionario de la CEPAL.
En la oportunidad, la instancia rechazó el proyecto con los votos en contra de los senadores Hernán Larraín (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Martínez Busch (designado), uno a favor de Gabriel Valdés (DC) y la abstención de Roberto Muñoz Barra (PPD).
La iniciativa nunca entró a la sala de la cámara alta, ante el temor del gobierno a sufrir una estrepitosa derrota, considerando que en ese entonces la oposición era levemente mayoría (pues aún estaban vigentes los senadores designados), y desde entonces ha quedado en el olvido.
De acuerdo a fuentes confiables, el interés del Gobierno es que el Senado trate el tema en marzo próximo. Incluso, la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, conversó el asunto esta semana con el senador Muñoz Barra, presidente de la instancia parlamentaria, para que la propuesta tuviera el respaldo de los 20 legisladores oficialistas.
Sin embargo, hay varios legisladores del bloque gobernante que están fuertemente reticentes a apoyar el acuerdo internacional debido a que consideran un exceso el monto de la indemnización. En ese sentido, ponen como ejemplo los casos de exonerados políticos que reciben menos de $ 100 mil mensuales, mientras que familiares del ex funcionario internacional lograrían una millonaria suma.
El tema es complicado para La Moneda, considerando que este gobierno le ha dado una gran prioridad a los temas de derechos humanos y, por lo mismo, están haciendo gestiones para que el convenio sea ratificado, considerando que si el Estado chileno lo incumple quedaría al margen del derecho internacional a ojos del resto de los países.
Muñoz Barra: «No puede ser que haya víctimas de distinta clase»
El senador PPD es uno de los más reticentes a aprobar el convenio internacional. «Desde un principio, en la comisión de Relaciones Exteriores me mostré contrario a pagar un millón y medio de dólares en este caso, más que nada porque la vida humana no tiene precio. Creo que dicho acuerdo es complicado, porque hay personas que fueron terriblemente perjudicadas por la dictadura y que hasta hoy no reciben el apoyo suficiente del Estado", sostuvo.
«No puede ser que haya víctimas del régimen militar de distinta clase, es decir, unos vip y otros de nivel inferior, simplemente porque son obreros o personas de escasos recursos. Esto es una situación de principios y más vale que seamos sometidos a los tribunales internacionales que pagar esos millonarios recursos", sentenció.
Y agregó: «Aquí el gobierno debe pronunciarse porque esta materia no es nada de simple. En la Novena Región, lugar donde soy senador, hay exonerados políticos que mensualmente reciben $ 70 mil, entonces ¿por qué se pueden producir situaciones tan diferentes? Yo no desconozco que el asesinato del Soria fue uno de los más terribles que cometió la dictadura de Pinochet, sin embargo aquí el tema se trata de no discriminar y no hacer diferencias».
Sabag: "Debe quedar constancia que esto no sea un precedente"
Uno que tuvo una postura menos dura, aunque dejó en claro que el debate no será nada de fácil y que las aprensiones también están al interior de la Concertación, fue el jefe del comité de senadores de la Democracia Cristiana (DC), Hosaín Sabag.
Aunque apoyará el proyecto, dejó en claro que "debe quedar constancia que esto no sea un precedente y que luego de su aprobación aparezcan numerosos casos parecidos pidiendo millonarias indemnizaciones. Esta es una aprensión legítima que tenemos varios senadores".
En ese ángulo, subrayó que la situación no es fácil, ya que si Chile no cumple con este acuerdo será sancionado por organismos internacionales y nuevamente se condenará a "nuestro Estado por no respetar estos hechos. Pero insisto: la idea es que si se apoya esta iniciativa no se vuelva a repetir para otros casos, porque hay personas que son víctimas de la dictadura que han tenido escaso apoyo monetario del país y eso es injusto".
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