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Investigación paralela en caso

Alianza dice que anomalías continuaron en 2006 y anuncia ofensiva judicial

por 23 enero, 2007

Documento de parlamentarios UDI y RN, que se marginaron de la comisión de la Cámara, establece que hubo 108 faltas graves en controles internos, triangulación de recursos, la configuración del delito de malversación culposa y responsabilidad política de titulares de la Segegob. Legisladores preparan acciones legales individuales contra los involucrados.
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Un total de 108 fallas graves en los controles internos de Chiledeportes entre 2004 y 2006, que habrían significado un perjuicio fiscal de al menos $ 2 mil millones, detectó la investigación alternativa de parlamentarios de la Alianza por Chile sobre las irregularidades registradas al interior del organismo deportivo.



El documento fue elaborado por los diputados opositores que se marginaron de la comisión de la Cámara de Diputados, luego de que la Concertación aprobara una moción de censura contra el entonces presidente de la instancia, Nicolás Monckeberg (RN), por una supuesta animadversión contra la hoy dimitida directora del organismo, Catalina Depassier.



Según las pesquisas de los legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), las fallas en los controles internos de la entidad favorecieron y permitieron los desvíos reiterados de fondos para fines distintos a los establecidos en la ley.



En ese sentido, el informe da cuenta, por ejemplo, de que en la Región Metropolitana no se realizó ninguna auditoría interna que controlara la forma en que se utilizaron los recursos, y que incluso se detectó la práctica de "fiscalizaciones falsas", es decir, con posterioridad a la ejecución de un proyecto o sólo mediante llamados telefónicos.



También estableció que el organismo no cuenta con una planta estable y capacitada de fiscalizadores, situación que a juicio de los legisladores fue "fomentada y mantenida" para permitir la comisión de irregularidades.



Asimismo, los legisladores detectaron que hubo una "grave" descoordinación entre Chiledeportes y otros organismos, como el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que permitió que proyectos fueran justificados con facturas falsas, como ocurrió en el caso de Publicam.



Según la investigación parlamentaria, se detectaron acciones como triangulación de recursos, a través de la utilización de "palos blancos", y tampoco se rindieron cuentas de quien recibe los recursos.



"Se detectó que un gran número de instituciones públicas como el Ministerio de Educación, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Servicios de Salud y varias Gobernaciones, a la fecha aún no rinden cuenta de los recursos recibidos de Chiledeportes. La falta de rendición por parte de estas instituciones públicas hace que hoy se desconozca el destino final de $350.000.000", dice el documento.



Irregularidades en 2006



Según la investigación, pese a los reparos de la Contraloría General de la República, en 2006 se volvieron a asignar recursos en forma directa a la Subsecretaría General de Gobierno, a través de un proyecto en la Cuarta Región.



"El hecho más grave es que esta asignación se realizó en circunstancias que el mismo ministerio encargado de la fiscalización de Chiledeportes mantenía rendiciones de cuentas pendientes por proyectos anteriores", advierte el informe.



"Una vez que en la sesión del 5 de diciembre de 2006 se le preguntó este hecho a la subsecretaria (Depassier), y a pocos días de que parlamentarios de la Alianza entregaran estos antecedentes al Ministerio Publico, el proyecto fue dejado sin efecto el 26 de diciembre, lo que confirma la irregularidad de dicha asignación", agrega.



El informe también establece que entre 2005 y 2006 se asignaron recursos a al menos 13 instituciones, por más de $ 100 millones, pese a que éstas presentaban rendiciones de cuentas pendientes, por lo que no podían recibir dineros.



El documento también acusa que el organismo, hasta ahora, no ha adoptado ninguna medida para impedir las triangulaciones. "Muy por el contrario, se reconocen abiertamente como prácticas usuales en la institución", asegura el documento.



"Una comprobación de lo señalado es que el Ministerio Público ha tomado conocimiento y se encuentra investigando proyectos financiados el año 2006 que no se ejecutaron o se hicieron en forma completamente distinta al proyecto anunciado", añade.



Full Sport y Deportivo La Araucana



En ese sentido, el documento también da cuenta de que la organización deportiva Full Sport no ha dejado de operar, y que de hecho en 2006 recibió donaciones a través de la Ley del Deporte por un monto cercano a los $156.890.000.



"Asimismo, se acreditó que Full Sport actualmente utiliza una entidad de nombre Club Deportivo La Araucana Recreación para seguir operando variados proyectos; de hecho, ambas instituciones acreditan el mismo domicilio y coinciden sus principales gestores", agrega.



El informe también considera "sospechoso" que el mencionado club deportivo haya recibido una asignación directa por $160.466.123 para financiar, un proyecto cuya ejecución se había realizado con anterioridad a su aprobación.



"Nos parece inadecuado e imprudente que una organización que presenta estos antecedentes sea la anfitriona, sin concursos ni licitaciones, de la fiesta institucional de Chiledeportes, pagada directamente por la dirección nacional a través de gastos de representación del año 2006", añade.



Responsabilidades y querellas



Según el informe, se detectó una excesiva politización e influencia de los partidos políticos de Gobierno en el nombramiento de funcionarios del organismo, situación que además de fomentar la corrupción generó una entrega "arbitraria e injusta" de los recursos.



"Cada una de estas irregularidades fueron conocidas, o al menos debieron serlo, por las autoridades encargadas al nivel ministerial correspondiente y a nivel de la propia institución, lo que configura un cuadro de grave negligencia e incumplimiento de la función pública de parte de quienes tenían a su cargo la supervigilancia y administración de la institución", dice el documento.



En esa línea, el documento establece responsabilidades políticas en los ex ministros Francisco Vidal y Osvaldo Puccio, y del actual titular de la Secretaría General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, en virtud de que "si hubieren actuado diligentemente en el cumplimiento de su rol de supervigilancia, que hoy desconocen, se habrían evitado gran parte de las irregularidades" y porque "no promovieron ninguna modificación para aumentar los controles en esta institución".



Asimismo, el informe señala que estos hechos dan cuenta de que al menos en 2005 la entonces directora nacional de Chiledeportes, Macarena Carvallo, tuvo conocimiento de las anomalías, pero "no fue diligente en tomar las medidas para corregir estas situaciones".



En cuanto a las responsabilidades penales, los legisladores afirman que la investigación permitió acreditar el delito de "malversación culposa", establecido en el artículo 234 del Código Penal.



"En el caso de las irregularidades conocidas correspondientes a fines 2005, es evidente que las autoridades de Chiledeportes de la época estaban en conocimiento de ellas desde fines del año 2004 y de manera absolutamente irrefutable desde mayo de 2005, fecha del informe elaborado por el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno realizado a petición del ex Ministro Francisco Vidal y de la ex Directora Macarena Carvallo", dice el informe.



En ese sentido, anunciaron que próximamente "deduciremos en el proceso que investiga el fiscal (Xavier) Armendáriz (exclusivo para el caso), las acciones penales directamente contra aquellos funcionarios negligentes en el desempeño de sus labores de control de los recursos públicos".



En el informe, anuncian que en marzo próximo presentarán un requerimiento al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que demande civilmente a los funcionarios que dejaron de cobrar boletas bancarias, lo que habría significado un perjuicio fiscal de al menos $ 2 mil millones.



También adelantaron que presentarán una solicitud de sumario administrativo ante la Contraloría General de la República aquellos Subsecretarios y Jefes de Servicio que recibieron recursos y que no los han rendido. Las eventuales sanciones por estos hechos van desde una amonestación hasta la destitución del cargo.



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