lunes, 17 de diciembre de 2018 Actualizado a las 10:25

Nassir Sapag y Armando Álvarez

Corte procesa a ex funcionarios de U.de Chile por pagos irregulares

por 24 enero, 2007

Tribunal de alzada encargo reo a ex director del Ciade (Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa) y decano subrogante de Economía Nassir Sapag y ex director administrativo Armando Álvarez por entregar en 2002 indemnizaciones por años de servicios a ex siete funcionarios de esa casa de altos estudios contra la entrega de boletas de honorarios por trabajos que nunca se realizaron.
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La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sometió a proceso por el delito de fraude al Fisco al ex director del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade) Nassir Sapag Chain y el ex director administrativo de la Universidad de Chile Armando Álvarez Trujillo por la entrega irregular de indemnizaciones a funcionarios de la Casa de Bello.



En fallo unánime los ministros Mauricio Silva Cancino, Rosa María Maggi y el abogado Benito Mauriz acusaron a ambos funcionarios de entregar de manera irregular pagos de entre $ 4 millones 500 mil y $ 14 millones 200 mil a funcionarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Admnistrativas de la Universidad de Chile por concepto de indemnización de años de servicios, justificando los gastos por supuestos fondos a rendir mediante trabajos a honorarios que nunca se ejecutaron. Sapag y Álvarez ya se encuentran condenados en primera instancia por la ministra Gloria Ana Chvesich a penas de 541 días remitidos por los contratos irregulares firmados entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ciade, en el marco del MOP-Gate.



Los hechos por lo que ahora quedaron procesados se remontan a una denuncia presentada por la Contraloría General de la República ante la justicia por el pago de indemnizaciones irregulares entregadas entre junio y agosto de 2002 a siete funcionarios de la Facultad de Economía que debían acogerse a planes de retiro voluntarios y que vieron abultados sus pagos por el mecanismo considerado ilegal.



De acuerdo al dictamen de la Corte de Apelaciones: "El decano subrogante de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile (Sapag), en la época, instruyó se pagara a siete funcionarios de la facultad una indemnización o compensación económica para procurar el retiro de estas personas, las cuales ante el ofrecimiento de tales indemnizaciones aceptaron esa decisión, lo que se llevó a efecto entre los meses de junio y agosto de 2002", afirma el fallo.



Agrega que "La medida anterior fue implementada y ejecutada por el director económico y administrativo (Álvarez) de la mencionada facultad, mediante el giro de cheques nominativos a nombres de seis de dichos funcionarios -en el caso de uno de ellos se sabe lo pagado, no la forma que asumió el pago-, quedando contabilizada como giros a rendir (...) Contra este pago se hizo a las funcionarios beneficiados otorgar sendas boletas de honorarios, sin fecha, las cuales nada tenían que ver con la operación -salvo como vinculación contable- ni tenían por causa alguna prestación de servicios que los validara".



Los beneficiarios



Mediante este mecanismo ilegal se entregaron $ 14.244.560 a Orfa Nova Oviedo; $ 5.915.561 a Silvia Bahamondes; $ 12.464.190 a Blanca Pérez; $ 4.500.00 a Ana González Pacheco; $ 4.500.000 a Óscar Barriga Morales; y $ 4.566.127 a Ernesto Mora, con cheques de la cuenta corriente de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile; mientras que en el caso de Luis Garrido se les entregaron $ 4.500.000, aparentemente en efectivo. Asimismo la Casa de Bello emitió 10 boletas de prestación de servicios a terceros por una "supuesta encuesta de evaluación docente, que no corresponde a la realidad".



El dictamen establece que no se puede argumentar que la autonomía económica de la Universidad de Chile le permite realizar los pagos indemnizatorios, pues los fondos que se destinaron están sujetos a la revisión de la Contraloría interna de la Casa de Bello y la Contraloría General de República. "Los giros y erogaciones anteriores, atendido el motivo y concepto por el que fueron efectuados, no están autorizados por la ley, y por consiguiente, la Universidad y el Estado no están obligados a asumirlos", concluye la resolución del tribunal de alzada.

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