Después de cinco años de investigación en Chile, el ministro en visita Alejandro Solís concluyó que agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, comandados por Manuel Contreras, actuaron y se coordinaron como una macabra asociación ilícita para asesinar al ex comandante en jefe del Ejército y su esposa Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974, en el barrio bonaerense de Palermo.
Pruebas contundentes de que el Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) operó como una organización criminal destinada a seguir en Argentina al ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats González y chequear sus pasos para un posterior atentado, contiene la acusación dictada por el ministro Alejandro Solís en contra de ocho ex agentes del organismo represor.
En la acusación determinada por el juez Solís por primera vez se establece que la DINA operó como una verdadera asociación ilícita para cometer una serie de delitos que permitieron incluso retener por un lapso de tiempo adicional al general Prats en Argentina y planificar el doble asesinato ocurrido el 30 de septiembre del 1974, en la calle Malabia del barrio bonaerense de Palermo, en momentos en que Prats regresaba a su edificio de departamentos después de una cena.
De acuerdo al dictamen del magistrado al cabo de un proceso que demoró cinco años de investigación en Chile, quedó acreditado que "En la República Argentina operaron miembros de una asociación ilícita pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), organismo creado formalmente en junio de 1974, pero que había operado de hecho desde fines de 1973".
El magistrado estableció además que las características más relevantes de la organización eran: que se trató de un grupo que estuvo integrada por más de seis personas; que poseía una organización de tipo militar con cadena de mando, pero compartimentada en funciones; que operaba clandestinamente en forma de brigadas y agrupaciones; que usaba nombres supuestos aún en pasaportes otorgados para el extranjero; que estaba compuesta por varios oficiales de Ejército, que tenía conexiones con otras organizaciones internacionales de corte nacionalista y que recibía el apoyo de agentes y funcionarios de empresas estatales, como lo eran a la época de los hechos Lan Chile y el Banco del Estado de Chile. El jefe de esta organización era el general Manuel Contreras Sepúlveda.
Así operó el grupo criminal
La decisión afirma además que "Los miembros de esta asociación ilícita vigilaron el domicilio del General (r) Carlos Prats, en calle Malabia (de Buenos Aires), controlaron las salidas y llegadas de su trabajo, le amenazaron telefónicamente y le impidieron abandonar el territorio argentino, al negarse, injustificadamente, a otorgarles pasaportes ordinarios para él y su cónyuge Sofía Cuthbert, quienes lo habían solicitado desde muchos meses antes, incluso en un requerimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Consulado en Buenos Aires".
El juez Solís identifica que los agentes que operaron en Argentina para seguir y vigilar al general Prats fueron: el general (r) Raúl Iturriaga Neumann, su hermano Jorge, los brigadieres en retiro José Zara Holger y Christop Willike Floel y el suboficial (r) Reginaldo Valdés Alarcón quienes obedecieron las órdenes de un plan ideados por Manuel Contreras Sepúlveda y el brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo. Además el grupo entregó los medios necesarios a Maria Callejas Honores y el agente Michael Vernon Townley para que elaboraran y colocaran una bomba en el automóvil Fiat de Prats, la que se hizo estallar pocos minutos pasada la medianoche del 30 de septiembre de 1974 cuando el matrimonio regresaba a su casa desde una comida en el domicilio en Buenos Aires del ex embajador Ramón Huidobro.
Solís explicita además que "Los causantes directos del ilícito regresaron al país (luego del atentado), siendo celebrado el hecho por los miembros de la Dina como un acontecimiento deportivo, lo que le reportó ventajas de todo tipo".
Familia espera sentencia justa y reacción del Ejército
Para la abogada de las hijas del general Prats, Pamela Pereira, la acusación dictada por el ministro Solís revela antecedentes sustanciales que "van a permitir, sin duda, llegar a una sentencia condenatoria, que va hacer justicia en un crimen horroroso, de naturaleza terrorista y de lesa humanidad".
La jurista afirmó que esperan "una sentencia justa, porque la sentencia justa es la sentencia legítima, pero sin duda la gravedad del delito cometido, en un contexto de asociación ilícita (…) es de la mayor gravedad, por lo tanto esperamos una sentencia proporcional a la gravedad de los hechos y no tengo dudas que va a ser una sentencia muy dura".
En tanto María Angélica Prats, una de las tres hijas del matrimonio asesinado, pidió al Ejército que reaccione ante esta acusación, ya que tanto la justicia chilena como argentina han determinado que uniformados planificaron el homicidio de un ex Comandante en Jefe.
"Uno espera que el Ejército tenga una reacción importante sobre el tema y que haya una reflexión interna sobre porqué nos pasó esto y porque no nos puede volver a pasar nunca más", afirmó.
El juez Alejandro Solís deberá esperar ahora que las hijas del general Prats y el Consejo de Defensa del Estado -querellantes en la causa- contesten los cargos formulados y luego esperar que las defensas de los ocho procesados hagan sus descargos. Concluída esta etapa se abrirá un término probatorio de veinte días donde en audiencias públicas se analizarán las pruebas presentadas por una y otra parte.
Una vez finalizados todos esos procesos el juez Solís dictará condena de primera instancia, lo que podría ocurrir antes del término del primer semestre de este año.
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