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Caso Cohecho-SII

Equipos jurídicos indagan irregularidades anteriores a Reforma Procesal

por 30 enero, 2007

Los abogados del SII y el CDE investigan a fondo si hubo irregularidades cometidas antes de junio de 2005 y que se encuentran fuera por lo tanto del ámbito de las indagaciones de la Fiscalía Centro Norte, lo que podría originar una querella en los antiguos tribunales del crimen. Plazo de prescripción de cinco años, que se cumple en abril, juega en contra de indagaciones.
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Los equipos jurídicos del Servicio de Impuestos Internos y del Consejo de Defensa del Estado trabajan a toda máquina para indagar si personas o empresas ligadas a la Sociedad de Contadores de Chile (Sogogech) cometieron algún tipo de irregularidad antes de junio de 2005, que permita presentar eventuales querellas tal como ocurrió en el denominado caso Cohecho-SII.



Fuentes judiciales informaron que de manera paralela a las indagaciones por el supuesto pago a funcionarios por información privilegiada que investiga el equipo de la Fiscalía Centro Norte, que encabeza la fiscal regional Sonia Rojas, se trabaja en indagaciones anteriores a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana, ya que el modo de operar de Socogech se extendió por varios años.



En este sentido las indagaciones podrían apuntar a una serie de grandes empresas que fueron asesoradas por Socogech durante años, al menos desde fines de la década de los noventa, y que se beneficiaron del trabajo de los asesores tributarios al obtener devoluciones de impuestos o rebajas en sus tributos al acogerse sus reclamaciones.



Una de las empresas que podría ser investigada es Lan Chile -que denunció las irregularidades cometidas por Socogech el año pasado, hecho que originó la querella presentada por el SII y dio origen a las indagaciones de la Fiscalía- y que en el año 2002 pagó un total de $ 320 millones a la empresa cuestionada por una asesoría tributaria que le dio acceso a recibir más de 5 mil millones por devolución de impuestos.



Los equipos que investigan los hechos trabajan a toda máquina pues en el próximo mes de abril, con la Operación Renta 2006, se vence el plazo legal de 5 años para investigar las irregularidades cometidas en el año 2002, por lo que se está al filo de la prescripción legal para indagar los hechos.



Frente paralelo



De encontrarse alguna irregularidad se debería presentar alguna querella en los antiguos tribunales del crimen, con lo que se abrirá un frente judicial paralelo a las investigaciones de la Fiscalía Centro Norte y además se aumentarían considerablemente los montos por el eventual cohecho a funcionarios del SII.



La propia fiscal Sonia Rojas aseguró que los montos involucrados en la investigación pueden llegar a considerar "miles de millones de pesos", sin atreverse a aventurar una cifra de los dineros involucrados en la operación.



De acuerdo a la formalización realizada en contra de los cuatro imputados en la causa: Marcos Cañete Bahamonde (dueño de Socogech), Iván Sánchez Santibáñez (quien hacia las veces de captador), Javier Mancilla Barria (ex funcionario de la unidad de Grandes Contribuyentes del SII) y Marjorie Durand Urzúa (funcionaria de los Tribunales Tributarios de la comuna de La Florida), en los listados de contribuyentes que manejaba Socogech hay entre 400 y 500 contribuyentes, un universo dentro del cual se debe indagar si cometieron algún tipo de irregularidad en sus declaraciones tributarias.



El mismo trámite de formalización de cargos dejó claro el sistema de operación de la eventual red de cohecho que funcionaba con Javier Mancilla recogiendo información de las bases de datos de Impuestos Internos sobre empresas que tenían problemas con la entidad y que eran entregadas directamente a Marcos Cañete para que iniciara los contactos con los afectados.



Los listados contenían toda la información tributaria de los contribuyentes, pero además incluían los datos personales con direcciones, teléfonos, correos electrónicos y otros que permitían a Socogech contactar a los "eventuales clientes". El imputado Sánchez era el encargado de ofrecer los trabajos de asesoría tributaria que otorgaba Cañete y quien se encargaba de toda la tramitación ante Impuestos Internos.



Cañete, mediante una serie de trámites y entregando direcciones falsas, lograba que las fiscalizaciones quedarán radicadas en unidades del SII donde habían funcionarios que recibían pagos por apurar la tramitación de los procesos o evitar los controles a las empresas, cobrando un porcentaje de lo "rescatado" del SII, que luego era repartido entre todos los que participaban en la operación fraudulenta.



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