Titular del Ministerio de Planificación se reunió este jueves con grupo de trabajo que busca reformar la ley que regula el beneficio, con el fin de dar mayor transparencia al sistema. El proyecto debería está listo en junio y se anunció que durante abril, quienes estén interesados, podrán hacer llegar sus sugerencia para perfeccionar el sistema.
La titular del Ministerio del Planificación y Cooperación, Clarisa Hardy, se abrió a entregar la nómina de quienes no recibieron la Beca Presidente de la Republica para estudios de posgrado en el extranjero, luego de encabezar la segunda reunión del grupo de trabajo que busca reformar el actual marco legal de asignación de este beneficio, vigente desde 1981.
El primer encuentro de la comisión se realizó el 19 de enero pasado, antes de que el tema se instalara en la agenda pública.
Durante esta jornada volvió a analizar y debatir sobre los mecanismos más adecuados para modificar el sistema, a fin de que dé garantía a todos los actores de que no habrá márgenes para que se cometan arbitrariedades en el proceso de selección.
Hardy sostuvo que espera tener listo el proyecto de reforma en junio, y lamentó que la derecha, especialmente la UDI, se marginara del encuentro argumentando que Mideplan todavía no entrega el listado de postulantes que no accedieron a la beca, según indicó a El Mostrador.cl medio el diputado gremialista José Antonio Kast.
«Me parece lamentable (la decisión). Nosotros estamos preparando toda la información que el Senado nos solicitó. Creemos que más que responderle a cada diputado en particular, nosotros debiéramos recibir un oficio también de la Cámara de Diputados para entregar esta misma información a todos los parlamentarios. Pero (a éstos) los quiero invitar no sólo a hurgar y rastrear en el pasado, sino que también ser parte de la solución", sostuvo.
El grupo de trabajo encabezado por Hardy está compuesto por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña; representantes de los programas de becas de Mideplan, Mecesup, AGCI, Fullbright, British Council; además, de los trece expertos del comité que participó del proceso de selección 2006, entre los que figuran Claudio Bunster, Dante Contreras, Sonia Montecino, Jorge Manzi, entre otros.
Consulta pública
En el encuentro se concluyó que, dado el interés que ha causado el tema en la opinión pública, se abrirá un proceso de consulta a nivel nacional para que todos los interesados, aunque con énfasis en los actores involucrados, mediante un formulario tipo que pronto se difundirá, hagan llegar sus observaciones de cómo mejorar la ley actual.
Asimismo, en la cita se acusó recibo de la inquietud parlamentaria -entre ellos, el propio Kast- que existe sobre la calidad de las universidades a las que postulan los favorecidos, ya que estudiar en otro país no necesariamente significa que un doctorado y magíster será mejor que si se cursa en un plantel nacional.
«La idea nuestra es que este comité de expertos (que está trabajando) evalúe la calidad de los establecimientos educacionales, pero más que el ranking de universidades, la calidad de los programas. Quiero dar un ejemplo, una universidad que rankea segunda en el mundo es Cambridge, pero eso no significa que a universidad de Cambridge ofrece todas las especialidades con la misma calidad", puntualizó.
En esa línea, Hardy informó que también se debe estudiar que áreas de formación quiere priorizar el país y cuáles no, y ver si éstas se pueden satisfacer en algunos casos cursando los cursos en universidades chilenas.
La funcionaria enfatizó que se mantiene la necesidad de eliminar todo tipo de elementos de identidad que puedan generar discriminación, como la foto en el currículum, la edad, sexo, nombre y lugar de residencia del postulante.
Asimismo, planteó que muchos becados le han planteado que los recursos asignados no son suficientes, razón por la cual se debe estudiar la entrega de montos que permitan cubrir gastos de estadía de acuerdo al nivel de vida de los países de destino.
También se analizará la posibilidad de se les permita trabajar a los becados y evaluar si es posible que a su regreso puedan retribuir lo recibido en el sector privado, ante la eventualidad de que el Estado o las universidades no sean capaces de absorber a todos los graduados.
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