Tras recibir un oficio de la Cámara de Diputados, organismo se pronunció sobre presuntas irregularidades en la aprobación de dichos instrumentos y, pese a presentar reparos a la recepción de recursos empresariales, aclaró que la participación de alcaldes y concejales en inmobiliarias no es causal de inhabilidad.
Mientras no existe un la ley expresa que lo prohíba, la Contraloría seguirá expresando su desacuerdo con que los municipios acepten recursos de empresas privadas y de particulares para la elaboración de sus planes reguladores.
Así lo informó recientemente este organismo a la Cámara de Diputados, que a petición del parlamentario Jorge Burgos DC solicitó el año pasado investigar denuncias relacionadas con la donación de dinero a algunas comunas con los fines antes mencionados.
Las acusaciones apuntaban a que privados habían entregado fondos a la Municipalidad de Lo Barnechea con el propósito de sacar adelante el plan regulador, instrumento que define cuál será el uso del suelo e indirectamente su posterior valor, factor de alto interés para las inmobiliarias.
Tras realizar una primera fiscalización, la Contraloría determinó, en agosto de 2006, que la corporación recibió aportes de cinco empresas privadas, equivalentes al 30% de la elaboración del plan.
Asimismo, comprobó que ingresaron dineros provenientes de un número importante de propietarios de localidades afectadas por la modificación de dicho instrumento de planificación.
El municipio se defendió señalando que los dineros se destinaron al presupuesto municipal "a través de los procedimientos pertinentes y con el fin de favorecer a la comunidad local".
Sin embargo, el organismo fiscalizador le recordó que de igual forma «ha excedido las atribuciones que en la materia confiere el ordenamiento jurídico a las municipalidades", por lo que llamó a la administración comunal a "abstenerse" de continuar recibiendo aportes para el ejercicio de la "función pública municipal", ante la inexistencia de una legislación que expresamente lo prohíba.
Con todo, y pese al vacío legal, la entidad afirmó que se reserva el derecho de realizar las indagaciones necesarias «a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que aparezcan comprometidas» y verificar si se ha «infringido el principio de probidad administrativa".
Municipios: Es necesario cambiar ley
Consultado por la controversia, el vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Ángel Bozán, dijo que la recepción de recursos privados es totalmente legítima. De hecho, comenta que existe un ítem dentro de las cuentas municipales en el que se registran estos aportes, los que están relacionados, por ejemplo, con pavimentos participativos o aportes ligados a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Sin embargo, el también alcalde de Buin sostiene que no es bueno aceptar recursos empresariales y de la comunidad para el desarrollo de un instrumento de planificación que da tanta plusvalía a los terrenos privados que pasan a ser beneficiados.
"Eso obligaría a beneficiar al que aporta, por lo tanto, es una situación bastante compleja", indica.
Interrogado sobre si esta situación se genera porque los municipios no tienen los fondos suficientes para costear un proceso como éste, sostuvo que ello no es efectivo, porque su comuna no está entre las de mayores recursos de la Región Metropolitana, sin embargo, no requiere de "aportes" extraordinarios.
"Para elaborar planos reguladores, los municipios tienen que contar para la tener absoluta independencia, con recursos propios o del Gobierno. No es bueno elaborar los planes reguladores con recursos privados", insiste el alcalde.
Es por ello que sostiene que la ley en Chile debe cambiar, evitando que estos conflictos de intereses se produzcan.
Pero al margen de lo anterior, considera que es necesario cambiar las reglas del juego de la planificación, obligando a quienes se beneficien económicamente de las modificaciones de los planes reguladores, a entregar un porcentaje de terreno a la municipalidad, porque en la actualidad el sector público no tienen "donde expandirse" y debe instalar postas y poblaciones sólo en sectores periféricos.
"La ley tiene que cambiar y los privados que se vean beneficiados con una planificación coherente, armónica y técnicamente establecida por parte del municipio tienen que aportar más de lo que la ley general dice, porque no puede ser que el Estado sea tan tonto y torpe haciendo más ricos a los que ya tienen", sentencia el edil.
Otro vacío legal
En la respuesta de la Contraloría a la cámara baja, también se señala que la participación de alcaldes y concejales en empresas constructoras o inmobiliarias que operen en la comuna no es causal de «inhabilidad» para ejercer el cargo ni menos para pronunciarse sobre los planes reguladores.
