Al no existir acuerdo entre los parlamentarios para realizar cambios profundos al cuerpo legal, como lo sugirió la Comisión de Expertos de la Reforma Penal Adolescente, el Ejecutivo ingresará un proyecto con modificaciones menores. En ese sentido, no está previsto que se incluyan materias como precisar la penalidad que establece la normativa.
La próxima semana el Ministerio de Justicia iniciará la tramitación de los proyectos que pretende incorporar cambios a la Reforma Penal Adolescente, que debe entrar en operaciones el 8 de junio. Sin embargo, las modificaciones serán menores y no profundas, como había recomendado la Comisión de Expertos nombrada por el Parlamento.
Fuentes de la cartera indicaron que el próximo miércoles el ministro Carlos Maldonado llevará al Congreso el paquete de cambios -que deberá ser tramitado con suma urgencia-, el que no afectará a temas centrales como el artículo 21, que define qué es delito, simple delito y falta; lo que a juicio de los especialistas hoy no está claro.
Una de las razones que obligó al Gobierno a adoptar esta postura es que el consenso que se requiere para modificar la ley no existe entre los parlamentarios. En ese sentido, sólo se optará por temas menores y se esperará ver cómo opera el nuevo sistema para evaluar cambios más profundos.
El senador Alberto Espina (RN), en conversación con El Mostrador, se manifestó dispuesto a hacer los cambios necesarios, pero no en la profundidad que exigen los expertos. "Toda modificación legal que ayude al mejoramiento de la nueva ley bienvenida sea, pero no estoy dispuesto a apoyar cambios que eludan la falta de responsabilidad del gobierno en implementar lo que se comprometió cuando se retrasó el tema", dijo Espina.
El senador insistió que los cambios pueden ser menores y que la opiniones de los senadores es tan importante como la que emitieron los especialistas. «No estoy de acuerdo con la calidad de los expertos. Nosotros en el Senado también somos expertos, somos abogados y hemos hecho clases, por lo que también tenemos experiencia en la materia», afirmó.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Walker (DC), afirmó que los cambios deben ir por ampliar el plazo en que los jóvenes deben ser puestos a disposición del tribunal, lo que actualmente es de 12 horas; definir una mejor política a la rebaja de pena en relación a los delitos cometidos por los adultos y que eso signifique una excesiva entrega de la libertad provisional.
Walker descartó que estos cambios tengan como objeto endurecer la ley, contrariando la opinión de los especialistas que han planteado que la legislación resulta muy rigurosa para los jóvenes.
«No creo que la ley se endurezca. Las penas que se van a aplicar a los menores son más bajas que las que se aplican a los adultos y la libertad provisional va a ser la regla general y la prisión preventiva sólo podrá decretarse en casos que los jóvenes sean un peligro para la sociedad, en delitos como violación, homicidio y cuando hay reincidencia", afirmó.
Ambos parlamentarios manifestaron su disposición a tramitar con la mayor celeridad los cambios a la legislación, ya que se está trabajando en contra del tiempo.
En tanto, el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena,, advirtió sobre los problemas que puede generar la ley por la poca claridad en los conceptos legales. "Debe considerarse que los expertos no han podido medir exactamente el volumen de ingresos y la carga de trabajo del nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente, ya que las estadísticas del sistema antiguo no tienen plena aplicación cuando se apliquen los criterios de la nueva ley".
