Amnistía Internacional exhortó a la presidenta helvética, Micheline Calmy-Rey, a hacerle presente a la mandataria chilena lo inconveniente que resulta la vigencia del decreto »autoperdón» de la dictadura militar. Además, grupos indígenas enviaron una misiva a la Jefa de Estado suiza por la »criminalización» de las demandas mapuches.
Una fuerte ofensiva iniciaron organizaciones de derechos humanos ante la visita oficial que realizará a partir de este viernes la Presidenta Michelle Bachelet a Suiza, quien, entre otras actividades, tiene previsto asistir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
Es por ello que distintas entidades decidieron recurrir a los «oficios» de la jefa de Estado suiza, Micheline Calmy-Rey, para que en las reuniones bilaterales que sostendrá con Bachelet aborde lo que consideran los temas pendientes en materia de derechos humanos en Chile, entre los que se encuentran la vigencia del decreto ley de Amnistía y la situación indígena.
Bachelet comenzará este viernes sus actividades oficiales en Suiza, oportunidad en que se reunirá con Calmy-Rey. En tanto, está previsto que el lunes 4 de junio asista al Consejo de DDHH, además de exponer ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En ese marco, la sección helvética de Amnistía Internacional (AI) estimó que una de los asuntos pendientes en materia de derechos humanos en Chile es la vigencia del decreto ley de amnistía de la dictadura militar, que «permite a numerosos autores de graves violaciones de los derechos humanos vivir con total impunidad».
El informe anual de Amnistía, difundido el pasado 23 de mayo, precisamente alertó sobre una falta de voluntad del Estado chileno para derogar el mencionado instrumento, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo había condenado en octubre del año pasado por su aplicación en el caso del profesor Luis Almonacid Arellano.
Con todo, en su cuenta pública del pasado 21 de mayo, Bachelet reafirmó que dará un nuevo impulso al proyecto que reinterpreta el artículo 93 del Código Penal, presentado por parlamentarios de la Concertación, superponiendo los tratados internacionales sobre derechos humanos a la legislación nacional cuando se trate de crímenes de lesa humanidad.
Situación indígena
Sin embargo, la entidad internacional también exhortó a que en la cita entre ambas autoridades se aborde la situación que enfrentan los grupos indígenas en Chile, que en el marco de sus demandas de territorios son «víctimas de las intimidaciones y de la brutalidad de las fuerzas de seguridad».
«Los indígenas son a menudo condenados en base a una ley antiterrorista que data de los años de la dictadura cuando se enfrentan a casos relacionados con los propietarios de las tierras o las empresas extranjeras», resaltó AI.
A este planteamiento también se sumó el Comité Internacional para los Indios de las Américas (Incomindios- Suiza), quien en una misiva remitida a la mandataria -también remitida a la presidenta suiza- la instó a hacer los esfuerzos necesarios para cumplir de una vez con las promesas que se le han hecho a los grupos indígenas.
En tal sentido, reclamó el reconocimiento constitucional y la ratificación del Convenio N°169 de la OIT; adoptar las medidas oportunas, adecuadas y eficaces para poner fin a la situación que hoy viven los pueblos indígenas de Chile.
Sin embargo, como primera medida concreta se encuentra la liberación de los dirigentes mapuches que se encuentran presos producto de hechos registrados en el marco de sus reivindicaciones de territorios.
Según la entidad, tras hacer una revisión en los medios de prensa, la ratificación del Convenio 169 se ha hecho en promedio cada 68 días, mientras que diplomáticos chilenos la han comprometido en once ocasiones desde 1992.
La última promesa en este sentido la hizo la propia presidenta, cuando anunció en acto público en La Moneda el pasado 31 de marzo los cinco ejes de su política indígena, donde se considera dar urgencia al proyecto de ratificación que se encuentra en el Congreso.
Además, Incomindios-Suiza reclama por el "sostenido incumplimiento" de las recomendaciones del relator especial de la Comisión de derechos humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (2003), Rodolfo Stavenhagen; del Comité de derechos económicos, sociales y culturales (2006), y recientemente del Comité de derechos humanos de la ONU (marzo 2007).
