Jefe del organismo, Ramiro Mendoza, suscribió en 2004 junto a otros abogados un informe en derecho en el que expresaba su rechazo a la distribución del fármaco. Diputados oficialistas advirtieron que debería marginarse de analizar recurso de RN contra la compra de 25 mil dosis del medicamento a Colombia. [Vea el documento]
Los diputados Denise Pascal (PS) y Gabriel Silber (DC) expresaron su preocupación por la existencia de un informe en derecho firmado en 2004 por el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, en el que manifiesta su posición contraria a la píldora del día después. Si bien el documento fue elaborado antes de que asumiera el cargo -el pasado 4 de abril-, para los parlamentarios su postura cobra relevancia cuando deba resolver sobre la legalidad de las compras del fármaco que el Gobierno está realizando en el extranjero.
La impugnación ante el organismo fiscalizador fue presentada por los diputados de RN Cristián Monckeberg y Roberto Sepúlveda, quienes consideran que la adquisición de 25 mil dosis del medicamento colombiano Post day, realizados por el Ministerio de Salud, no cuentan con el registro sanitario respectivo ante el Instituto de Salud Pública (ISP), lo que a juicio de los legisladores vulnera la legalidad vigente.
Sin embargo, el Ministerio de Salud ha sostenido que las adquisiciones se han realizado dentro de lo que establece la ley, por cuanto la píldora del día después se encuentra incluida en el listado nacional de medicamentos y como laboratorios nacionales se niegan a producirla en el país, la autoridad puede arbitrar las medidas para garantizar el acceso de la población.
En ese escenario, la Contraloría deberá determinar si la decisión de la autoridad se ajusta a derecho, aunque Pascal advirtió que «vamos a pedir que el contralor se abstenga, se inhabilite, porque realmente él tiene una postura ante la sociedad de que era ilegal venderla y sale con otros académicos avalando esta posición».
Antes de asumir el cargo de contralor, Mendoza, en su calidad de profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes, firmó junto a otros 15 académicos un informe jurídico denominado "El derecho a la vida y su titularidad. Algunas consideraciones a propósito de la comercialización de la droga Levonorgestrel 0.75", que concluye que el fármaco es abortivo.
Tal como lo informó El Mostrador.cl en abril pasado, el informe en derecho fue firmado además por dos integrantes del Tribunal Constitucional (TC), Enrique Navarro y Raúl Bertelsen quienes también fueron objetados para en el proceso que se sigue en dicha instancia contra el fármaco. Dicho organismo debe resolver una presentación de la UDI y de RN, que sostienen que el anticonceptivo implica una vulneración del derecho a la vida, establecido en la Constitución, sobre la base de que tendría un efecto abortivo.
En conversación con este medio, Pascal consideró que es complejo que Mendoza pueda ser imparcial, toda vez que tiene una "manera de mirar" este tema, por lo que insistirá en que se "atenga de opinar".
Silber preocupado, pero pide no prejuzgar
A su turno, el diputado Gabriel Silber (DC), quien también está preocupado por la posición del contralor, dijo que respeta sus ideas, pero que estará atento respecto de los pasos que éste siga para pronunciarse sobre la ilegalidad.
"Entendemos que había un juicio personal previo del contralor antes de ejercer el cargo que actualmente ocupa, obviamente lo hizo con total libertad, pero obviamente hoy ejerce un cargo público y en ese sentido no es sano que sus principios o sus convicciones personales se entremezclen con las decisiones oficiales de un órgano tan importante como lo es nuestra Contraloría. Así que vamos a ser muy rigurosos porque se respete esa imparcialidad", explicó.
No obstante, aclaró que pese al antecedente hay que ser cautos, porque "tampoco se puede disparar contra el contralor si es que hoy día tampoco se ha pronunciado. Puede que él mismo obste por entregárselos a otro departamento y, de alguna manera, inhibirse y cuidar cualquier conflicto en la materia pero no podemos juzgarlo antes que actúe".
Silber estima que la compra realizada por el Minsal, vía Cenabast, es completamente legal. Además, asegura el parlamentario, el ISP tiene las facultades sanitarias para que, en casos extraordinarios y a modo transitorio y provisional, se adquieran medicamentos cuando no hay laboratorios interesados en participar de las licitaciones.
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