Condenado a cinco años y un día de cárcel por el caso de un desaparecido, el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA no se presentó a cumplir la sentencia. Aunque familiares temen por su vida y presentaron una denuncia por presunta desgracia, no se descarta todo sea una operación preparada por un militar que siempre se opuso a la acción de tribunales en derechos humanos.
Prófugo de la justicia. Esa es la calidad que tiene el general en retiro Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, uno de los más emblemáticos militares ligados a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y quien no se presentó el lunes para comenzar a cumplir la condena a cinco años y un día de reclusión por el secuestro del militante del MIR Luis Dagoberto San Martín Vergara.
Iturriaga Neumann, de 69 años, es uno de los militares ligados a violaciones a los derechos humanos que más se ha opuesto a las condenas dictadas por los ministros que indagan este tipo de casos y, por lo tanto, un «símbolo» para los más de cien condenados por crímenes de lesa humanidad que existen actualmente, por lo que su situación es seguido con sumo interés por los tribunales de justicia y el Ejército.
El general en retiro fue el primer encargado del Departamento Exterior de la DINA y un oficial de los más destacados en inteligencia que realizó cursos de Doctrina, Estrategia y Contrainsurgencia en la Escuela de las Américas en Panamá, donde conoció al general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, con quien colaboró durante todo su paso por el organismo represor.
Perteneciente al arma de Comandos y Paracaidista, Iturriaga Neumann se encuentra condenado en ausencia en Italia, a 18 años de reclusión, por el atentado a Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, ocurrido en octubre de 1975 en Roma; y además de la sentencia a 10 años y un día de cárcel por el caso del detenido desaparecido Víctor Olea Alegría.
Sin embargo, la causa que más dolores de cabeza podría traer a Iturriaga Neumann es la que se instruye por el asesinato en Buenos Aires, en septiembre de 1974, del ex jefe del Ejército Carlos Prats González y su mujer, Sofía Cuthbert Charleoni, donde tanto los querellantes como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han solicitado su presidio perpetuo por los cargos de asociación ilícita y doble homicidio agravado.
Por el momento, se desconoce el paradero del general retirado y aunque su abogado, Jorge Balmaceda, y su hermano Jorge Iturriaga Neumann -también acusado en el caso Prats- presentaron una denuncia por presunta desgracia en la 17º Comisaría de Carabineros, temiendo que el militar en retiro se haya suicidado, ya que no se contactan con él desde el viernes 8 de junio pasado. Sin embargo, no se descarta que el militar haya decidido mantenerse oculto aprovechando los amplios conocimientos en inteligencia que posee.
Iturriaga Neumann se comunicó personalmente ese día con el ministro Alejandro Solís para informarle que se presentaría en el Penal de Cordillera a las 10:00 horas del lunes 11 junio para cumplir su condena, ratificada el 28 de mayo por la Corte Suprema, pero no llegó a la cita y la actuaria judicial que asesora al magistrado lo esperó por más de una hora y media en la entrada del penal.
La funcionaria judicial regresó pasado el mediodía hasta el despacho del ministro Solís en la Corte de Apelaciones de Santiago y, ante la imposibilidad de ubicar al condenado militar, se dictó la orden de aprehensión respectiva a la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, cuyos efectivos lo buscaron en las dos domicilios que tiene registrados (Detroit 1655 Departamento 804, comuna de Vitacura y Avenida Apoquindo 5244, Departamento 301, ambos en Las Condes), pero no fue ubicado.
En la última vivienda la actual pareja del general en retiro informó a los policías que el general en retiro había salido desde la vivienda rumbo al Penal Cordillera a las 9:00 horas y que no había vuelto a saber de él.
Raúl Iturriaga Neumann se encontraba separado desde hace un año y medio de su mujer, Mireya Baeza, hija del general en retiro y ex director de Investigaciones Ernesto Baeza, y su máxima preocupación eran las actividades del Círculo de Generales en Retiro y la preparación de la estrategia de su defensa judicial en las causas por las que era investigado.
Desde esa tribuna, reclamaba por la aplicación de los Convenios de Ginebra para los casos de violaciones a los derechos humanos y pedía que se aplicara la Ley de Amnistía de 1978 o la prescripción, pues estimaba que la teoría judicial del secuestro permanente era una «ficción jurídica» imposible de ejecutar en la vida real.
En esa calidad, también criticó los procesamientos masivos que dictó el ministro en visita Víctor Montiglio en el caso Calle Conferencia contra ex agentes de la DINA y envió cartas a varias personalidades del mundo político para buscar una solución a las investigaciones que se tramitan actualmente en tribunales.
