Presidente de la entidad que agrupa a funcionarios del Mnisterio Público, Francisco Bravo, reconoció que algunas fiscalías regionales solicitarían al jefe nacional del órgano, Guillermo Piedrabuena, que compense en días libre o en bonos los turnos y extensiones horarias.
La Asociación de Fiscales del Ministerio Público recurrirá a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la vulneración de sus derechos laborales. Así lo aseguró a El Mostrador.cl el presidente del órgano que los agrupa, Francisco Bravo.
El funcionario explicó que la presentación -decidida a nivel nacional el pasado 26 de mayo- se originó luego de que, tanto la Contraloría General de la República como la Dirección del Trabajo, se declararan incompetentes para fiscalizar si se cumplen las normas laborales o no.
Bravo explicó que el escrito que se presentará a la OIT se prepara por una comisión que está analizando los estatutos y otra serie de documentos de la entidad.
Uno de los mayores reclamos que tienen los fiscales, actualmente, es el recargo excesivo de causa. «Al principio se dijo que serían aproximadamente mil causas por cada uno y ahora ya tenemos mil 500», reclamó.
Este hecho, según Bravo, incide directamente en la cantidad de horas que trabajan los prosecutores. «Por ejemplo, los turnos de fin de semana o los de noche, no se nos devuelve con un día libre o en dinero, como debiera ser», explicó.
Por esta razón, algunas fiscalías elevarían sus demandas al titular del Ministerio Público, Guillermo Piedrabuena, para que esos días libres sean devueltos a cada uno de los funcionarios con efecto retroactivo desde junio de 2005, cuando se inició la reforma en Santiago «o bien se compense económicamente como dice la ley».
La solicitud podría generar más de un dolor de cabeza a Piedrabuena, ya que podría producirse un efecto dominó a nivel nacional.
Este hecho se sumaría a la molestia que provocó la baja de las calificaciones a algunos funcionarios por la falta de recursos para pagar los bonos de desempeño, cuestión que fue resuelta con Hacienda sobre la marcha hace algunos meses.
La presentación a la OIT, continuó Bravo, persigue un pronunciamiento de la entidad respecto a si se están respetando los tratados suscritos por Chile en la materia.
Si bien es cierto los dictámenes del organismo internacional no son inmediatos, sí podría eventualmente emitir un pronunciamiento contra del Estado chileno, cuestión que permitiría a los fiscales llevar adelante sus demandas laborales.
Seguridad
Sumado a lo anterior, Bravo insistió que la protección a los fiscales sigue siendo deficiente. Reveló que en el edificio del Centro de Justicia -que fue entregado con retraso en más de un año- carece de los estacionamientos necesarios.
«Esto podría sonar como una frivolidad, pero implica que los vehículos deben quedar en la calle, con el gasto que implica diariamente el pago de parquímetros y la posibilidad de que imputados o sus familiares los destruyan o eventualmente atenten en contra nuestra», ejemplificó.
El fiscal también manifestó su preocupación por la política de recursos humanos implementada en el Ministerio Público, «ya que se ha sabido personas con fuero maternal que han sido despedidas lo que podría vulnerar las normas de fuero».
En el caso de los funcionarios auxiliares, explicó el dirigente gremial, las demandas son similares, pero recalcó que las condiciones son peores que la de los fiscales.
