Octava Sala del tribunal de alzada capitalino acogió una orden de no innovar contenida en un recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que busca evitar que el MOP pague a la consorcio BAS un total de US$ 122 millones, como compensación por obras anexas en las contempladas en los contratos de las cárceles de Antofagasta y Concepción.
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago paralizó el proceso de arbitraje entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el consorcio BAS (Besalco, Astaldi, Sodexho), por trabajos no contemplados en la construcción de las cárceles de Antofagasta y Concepción, y que quedaron a medio hacer.
En fallo unánime, el tribunal de alzada acogió una orden de no innovar planteada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el recurso de queja presentado en contra del fallo de la Comisión Arbitral, que ordenó al Fisco pagar US$ 122 millones a las empresas como compensación por obras adicionales a las exigidas en el contrato.
El tribunal de alzada se encuentra, además, a la espera del informe de la Comisión Arbitral, que debe explicar los fundamentos por los que adoptó la resolución impugnada por el MOP.
Con la orden de no innovar, se paraliza cualquier posibilidad de que el Ministerio gire dineros a favor de la concesionaria y que esta exija el pago hasta que se resuelva totalmente el recurso de queja planteado por el CDE.
Los ministros Alfredo Pfeiffer, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado integrante Nelson Pozo Silva acogieron un recurso de reposición, el 26 de junio pasado, luego de que el 18 de junio pasado la misma sala declarara inadmisible la queja.
Inicialmente, la instancia del tribunal de alzada integrada por Pfeiffer, Muñoz Pardo y el abogado Benito Mauriz había desestimado la presentación al considerar que el tribunal de alzada no podía analizar las resoluciones de la Comisión Arbitral, ya que no era un tribunal.
La Comisión Arbitral fue la instancia que se estableció en la Ley de Concesiones para resolver las controversias que pudieran surgir entre el MOP y las concesionarias, y está integrada por dos personas nombradas por cada una de las partes. El presidente de la instancia es el último encargado de resolver los conflictos que se generan entre ambos intereses.
El ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, estudia la posibilidad de modificar la estructura de figura, para que en la última instancia sea un Panel de Expertos, similar al que existe para resolver los conflictos en el sector eléctrico, debido a una serie de problemas con el actual sistema de funcionamiento.
