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Cortes de apelaciones de todo el país nombraron a ministros voceros

Los 17 tribunales nombraron a los magistrados que se desempeñarán como portavoces. En la nómina sólo se escogió una mujer y seis de los jueces son además presidentes. Idea forma parte de la primera etapa de la nueva gestión desplegada por el equipo que llegó a comienzos de junio a la Corte Suprema.


Siguiendo la nueva política de comunicaciones del Poder Judicial, las 17 cortes de apelaciones del país designaron a los ministros que actuarán como voceros para los requerimientos de los medios de comunicación.



Los magistrados se reunieron el pasado martes 26 de junio con el ministro Urbano Marín Vallejo para coordinar las labores que realizarán y recibir de parte de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial una capacitación sobre el desempeño en técnicas de vocería.



Seis de los portavoces, los ministros de Arica, Lidia Villagrán; Santiago, Cornelio Villarroel; Talca, Rodrigo Biel; Temuco, Julio César Grandón; Puerto Montt, Hernán Crisosto, y Coyhaique, Sergio Mora, son además presidentes de sus respectivos tribunales, por lo que cumplirán una doble función.



Para casos de los ministros Erico Gatica (Iquique), Enrique Álvarez (Antofagasta), Julio Torres (Valparaíso) y Guillermo Silva (Concepción), se optó por escoger al ministro más antiguo en la categoría del respectivo tribunal de alzada.



Asimismo, en los casos de los ministros Dinko Franulic (Copiapó), Fernando Ramírez (La Serena), Roberto Contreras (San Miguel), Raúl Mera (Rancagua), Guillermo Arcos (Chillán), Dario Carretta (Valdivia) y Solón Vigueras (Punta Arenas) no se optó por ninguno de los criterios anteriores.



En un hecho que llama la atención, pese a que en la actualidad hay 10 mujeres que son presidentas de tribunales de alzada en todo el país, sólo la ministra Lidia Villagrán (Arica) optó por asumir la vocería, mientras que en los 16 tribunales restantes el delegado será un hombre.



El nombramiento de voceros en las 17 cortes de apelaciones de todo el país es la primera etapa de la nueva política comunicacional desplegada por el equipo que llegó a comienzos de junio a la Corte Suprema y que encabeza el periodista Christian Fuenzalida. La idea es reforzar el trabajo en todos los tribunales de alzada del país y facilitar el acceso de la información a los periodistas.

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