Integrantes del Tribunal Oral de Ovalle rechazaron recurso de reposición presentado por el Ministerio Público, aunque de todas maneras modificaron el inicio del juicio contra el clan Gálmez. Se trata del segundo cambio en menos de una semana, luego de que los magistrados resolvieran retrasarlo inicialmente hasta 2008, argumentando una sobrecarga de trabajo.
El Tribunal Oral de Ovalle decidió adelantar hasta el 25 de septiembre de este año el mayor juicio por lavado de dinero desde la instauración de la reforma procesal penal, que debía comenzar esta semana y que inicialmente había sido pospuesto hasta mediados de 2008 por la misma instancia.
La decisión fue adoptada por los magistrados este sábado, oportunidad en que también rechazaron un recurso de reposición presentado por el Ministerio Público y, de paso, le negaron la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones de La Serena.
La decisión conocida ayer está firmada por los jueces Christian Leyton Serrano. Victoria Gallardo Labraña y Eugenia Gorichon Gómez, quienes argumentaron que el retraso se debía a una sobrecarga de trabajo.
Aunque se el juicio se llevará a cabo ocho meses antes de lo resuelto esta semana, de todas maneras se realizará dos meses después de la fecha original, una situación que levanta suspicacias en el órgano perseguidor.
La Fiscalía evalúa presentar un recurso de queja contra los magistrados, medida que será resuelta por el titular regional de la Cuarta Región, Víctor Villarroel Valenzuela. Es posible que se presentada en paralelo al pleno del tribunal de alzada que se realizará este martes, donde se analizarían los antecedentes.
El tribunal cuestionado suspendió este jueves el juicio oral programado para el 24 de julio con el que se buscaba probar el lavado de dinero que realizaron en Chile, estimado en unos cinco millones de dólares, los hermanos Patricio y Arturo Gálmez, a través de empresas bananeras que usaron como pantalla.
La postergación, según la Fiscalía, provocó un daño irreparable a las relaciones internacionales del Ministerio Público, ya que estaba previsto que a Chile viniera a prestar testimonio policías alemanes y holandeses, quienes fueron avisados el viernes de la cancelación de la audiencia, al igual que más de 60 testigos, lo que representa un desembolso adicional para el Estado.
Los jueces imposibles
Uno de los detalles que contiene la resolución de los magistrados, es un análisis y respuesta al escrito de reposición del Ministerio Público. Este organismo apuntó sobre varios tópicos jurídicos que, a su juicio, el tribunal omitió, entre ellos, la falta de gestión en los plazos que bien administrados habrían evitado la suspensión y cometer "infracciones flagrantes" a la ley.
Los jueces orales, para defenderse, sostuvieron que si bien el Código Procesal Penal los obliga a cumplir con las fechas que decretaron, "a lo imposible nadie está obligado".
Para sustentar esta tesis, los magistrados recurrieron a la historia fidedigna de la norma para poder interpretarla y citaron, nada menos, que el primer informe que se entregó a la comisión de Constitución de la Cámara. Ahí encontraron un acápite que señala que "el plazo (para realizar el juicio) será el posible".
Fuentes del Ministerio Público comentaron que la interpretación que hicieron estos jueces es "peligrosa", porque de ser acogida por sus superiores, podría generar un precedente negativo para otros casos.
Asimismo, agregaron que en el tribunal en cuestión se trabaja sólo desde las 09.00 hasta la 14.00, y que ésta sería una de las razones por las cuales no les alcanza el tiempo para resolver.
En todo caso esta versión choca con la entregada este viernes por el vocero de la Corte de Apelaciones de La Serena, Fernando Vásquez, quien aseguró que, incluso, los jueces trabajan hasta las 22.00 horas.
La judicatura ha estado en los últimos días en el ojo del huracán por las decisiones de jueces de garantía, que han otorgado la libertad a delincuentes de alta peligrosidad.
Tanto fue así, que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago debió, por la fuerza de los hechos, designar a la ministra Sonia Araneda para investigar la actuación de la magistrada María Geraldine Aguirre, suplente en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien fue suspendida de sus funciones por no resolver de forma correcta la entrega voluntaria de los denominados «boqueteros», llamados así por el intento de robo a la bóveda de una sucursal de BancoEstado.
Por eso es que un caso de estas características suma un nuevo punto negro al trabajo judicial. Esta vez, eso sí, con una investigación de alcance internacional, donde los delincuentes pertenecen al crimen organizado que traspasa fronteras y no a una banda de poca monta.
Las sanciones
El proceso que sigue la Fiscalía de Coquimbo es contra Patricio Gálmez Brajovic, quien está acusado de lavar activos provenientes del tráfico de drogas durante al menos cuatro años junto a su hermano Arturo, quien operaba desde Europa usando como pantalla las empresas Kristel Food, Bananera de Colombia y Chile Limitada.
Arturo Gálmez actualmente cumple una condena de 15 años en Alemania por narcotráfico, luego de que se comprobara que ganó dinero por más de US$ 17 millones con dicha actividad.
En Chile, se pide una pena de 10 años, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, además de una multa de 1.000 unidades tributarias mensuales (poco más de $ 32 millones), además de las costas del juicio.
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Lea la resolución del tribunal oral de Ovalle
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