Negociaciones entre el Gobierno y la Alianza en torno al proyecto de Ley General de Educación, moviliza a diversos grupos que participaron en el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación. Aunque no cuestionan el diálogo, objetan que la propuesta opositora se instale en el mismo nivel que la que surgió tras el trabajo realizado por distintos actores sociales.
Impulsar desde un referéndum nacional hasta un proyecto de ley propio barajan actores del mundo social que buscan manifestar su profundo rechazo a las negociaciones que el Gobierno sostiene con la Alianza, en torno al proyecto de Ley General de Educación (LGE) y la propuesta alternativa de la oposición.
Esta rearticulación de educadores, estudiantes y apoderados que participaron en el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación -donde expusieron sus visiones y principales conclusiones sobre el tema- se materializa en las voces del Colegio de Profesores, la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y la Asociación metropolitana de Padres y Apoderados (Amdepa).
Para Giorgio Boccardo, presidente de la FECH, "simplemente se echó por la borda el trabajo ciudadano con esta mesa de negociación", ya que precisamente están en entredicho la mayoría de los puntos sociales más relevantes, como el cese de la selección de alumnos de los colegios de educación básica, o la propuesta de subvención sólo a instituciones sin fines de lucro.
Debido a esto, no descarta un eventual retiro de los universitarios del consejo asesor presidencial de educación superior -que se constituyó a principios de abril-, si no tienen garantías acerca de la forma en que se llevará adelante esta instancia. "No estamos trabajando para que se convierta en una nueva negociación del parlamento con la derecha", argumenta Boccardo.
Por su parte, Darío Vásquez, vicepresidente del Colegio de Profesores, considera que es una mala señal que el Gobierno se siente con la oposición. "Si bien estamos de acuerdo con que el proyecto gubernamental debe avanzar para que se hagan indicaciones y mejoras, lo que nos inquieta profundamente es que se ponga en igualdad de condiciones a ambos proyectos en forma previa al debate en el Parlamento".
Agrega que a pesar de que el LGE no toma en cuenta la totalidad de las peticiones de fondo "en aras de un avance de cambio, acordamos que apoyaríamos todos los puntos de avance del Gobierno, pero jamás se nos ocurrió que terminarían canalizando el tema con la derecha».
Inclusión de sociedad civil
Coincide con esta postura el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), ya que en una declaración pública sostienen que el Gobierno ha mostrado un trato absolutamente antiético frente a los actores sociales, negándoles un papel colegislador y quitándoles el rol de responsables políticos de la discusión educacional.
Paralelamente, sostienen, a la oposición se le dio el derecho a decir "la última palabra", con lo que se produce la contradicción de que todos los alcances políticos de las movilizaciones del año pasado terminaron "en manos de la derecha".
Recalcan que los autores de este proyecto de ley alternativo exigen un quórum calificado para la mayoría de las reformas, lo que unido al sistema binominal hace, en la práctica, imposible la realización de futuras transformaciones.
Para Rodrigo Cornejo, coordinador ejecutivo del organismo, no es descabellado que el Gobierno quiera hablar con la derecha, sino que se limite sólo a eso. "Tomando en cuenta que el proyecto de la Alianza por Chile mantiene los pilares fundamentales de la LOCE, lo que se traduce en un modelo de enseñanza donde los criterios de mercado rigen la educación del Chile de hoy".
Por ello, considera fundamental que se inicie un proceso de conversación "con organismos sociales y con todos los actores que darán reales perspectivas de cambio y apoyo a la propuesta gubernamental. Si no son escuchadas ni convocadas difícilmente se lo darán", concluye el psicólogo.
Referéndum y proyecto de ley
En vista de este escenario, los dirigentes hacen un llamado de rearticulación a los actores sociales, que engloba a padres, educadores y también a académicos y expertos, para que se conviertan en un tercer referente sobre el tema.
Advierten que esto es fundamental, ya que los profundos cambios estructurales propuestos provienen de la ciudadanía. "Se olvidan que este proyecto de ley no es de la agenda programática del Gobierno: salió de un clamor ciudadano", puntualiza Giorgio Boccardo.
Ven como una posible alternativa plantear un proyecto de ley propio para así poder participar de la discusión. Este proyecto, así como promover la propuesta de referéndum para que la propia ciudadanía decida qué sistema educacional prefiere, sería discutido en mayor profundidad durante la próxima Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, que se realizará entre el 16 y 17 de agosto próximos.
