La entrada en vigencia del nuevo sistema pareció un nicho seguro para profesionales de varios rubros. Sin embargo, hasta el momento sólo sacan cuentas alegres en las agencias de investigaciones alternativas, que han logrado posicionarse como la única forma de contrarrestar el poder del Ministerio Público.
La aparición de un detective privado apoyando al periodista Rafael Cavada en el juicio que enfrenta por homicidio frustrado, puso en la palestra la contracara que viven a diario las defensas de los imputados, que muchas veces ven coartado su accionar frente a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y las policías.
La ley permite que el órgano perseguidor use todos los recursos que el Estado pone a su alcance, pero ¿qué pasa cuando la defensa quiere impugnar las pruebas que presentan las autoridades?
Es ahí cuando aparecen las agencias que otorgan servicios privados de investigación, como una forma de que el imputado pueda presentar una visión diferente de cómo sucedieron los hechos.
El detective privado Renato Vera apoyó al abogado Daniel Castillo -quien defiende a Cavada- en el período anterior al juicio oral, realizando diligencias tendientes a desvirtuar las pruebas que presentó la Fiscalía Oriente, para acusar al reportero de haber golpeado el pasado 21 de febrero a un joven estudiante de Derecho que sufre de hemofilia.
Según dueños de agencias dedicadas a este rubro, son cada vez mayores los requerimientos que tienen de parte de abogados que enfrentan juicios con la Reforma Procesal Penal.
"Si no se han masificado estas prácticas es porque aún existen prejuicios por parte de los defensores públicos y porque además la Defensoría Penal no cuenta con los recursos económicos para contratar nuestros servicios", señaló el gerente general de V.I.P. Investigadores Privados de Chile, Enrique Céspedes.
El mercado
Diversas opciones se pueden conseguir en Internet si alguien necesita de los servicios de estos profesionales. Formalmente, existen seis agencias que ofrecen seguimientos, pericias, infiltración empresarial y espionaje.
El Mostrador.cl conversó con los dueños de dos de las agencias más importantes, que aseguran que aumentará la figura del "detective privado" como parte fundamental para enfrentar las pruebas del Ministerio Público.
Además, adelantaron que se encuentran desarrollando los trámites para que el Ministerio de Justicia les dé personalidad jurídica como agrupación, lo que podría concretarse en un corto tiempo.
Los trabajadores de estas firmas suelen ser en su mayoría personal de Carabineros en retiro y ex agentes de la policía civil, así como peritos que puedan realizar exámenes químicos de tipo forense y genéticos.
Céspedes relató que antes de dedicar este trabajo se desempeñaba como oficial del Ejército en labores de inteligencia.
Luego de retirarse decidió crear una empresa que otorgara este tipo de servicios, ya que «las necesidades de la gente requerían de la existencia de personal que pudiera satisfacer inquietudes como las que tiene una mujer que cree que su marido le es infiel».
También destacó es que su equipo de trabajo ha participado en diversas investigaciones durante la Reforma Procesal Penal, realizando pericias para la defensa de la doctora Ivonne Jäger (acusada de parricidio por la fiscalía de Puerto Montt) y los exámenes de ADN solicitados por uno de los padres de los bebés que fueron cambiados al nacer en el Hospital de Talca.
Esto último lo han logrado debido a que, según relata, son la única firma del rubro que cuenta con un laboratorio de criminalística liderado por Hugo Jorquera, un genetista que trabajó en el FBI, cuestión que -a su juicio- los ha posicionado a la altura de las reparticiones especializadas de las policías institucionales.
De esta forma, agrega el empresario, se les ha hecho más fácil introducirse en el sistema penal, como una opción legítima de investigación privada.
"Lo más común es que nos contraten los imputados, cuando ven que las investigaciones de las fiscalías son potentes", dice, acotando que sus servicios son bastante costosos.
Las tarifas
Cerca de $ 500 mil puede costarle a alguien vigilar durante cinco días a su pareja ante una sospecha de infidelidad, mientras que una pericia a la ropa interior, que podría delatar una conducta promiscua, bordea en la agencia V.I.P. los $ 450 mil.
El ex efectivo de Carabineros John Maturana creó la empresa JM Investigaciones Privadas y es otro de los que están en este negocio.
"La gente cada vez se da cuenta de la efectividad de nuestro trabajo, que principalmente se basa en la amplia red de contactos que poseen los detectives privados que logran ubicar, por ejemplo, autos robados en corto tiempo", señala, indicando que a diario reciben entre 10 y 15 casos.
Cerca de 20 detectives y peritos trabajan en esta firma, que principalmente está compuesta por carabineros en retiro. Su especialidad es la búsqueda de información de carácter delictiva, recuperación de especies y la protección de transporte de objetos de valor.
Las agencias de investigaciones privadas sostienen que es un derecho fundamental que el imputado cuente con una investigación propia distinta a la que realiza la fiscalía.
La función que cumplen es apoyar la labor del defensor, respaldando con pruebas la estrategia o la tesis que plantee este interviniente ante un tribunal.
