Un ejemplo de ello es el acceso que tendrá el ente fiscalizador a los sistemas judiciales que archivan las sentencias condenatorias que afecten, por ejemplo, a funcionarios de la administración pública, las que pondrán al descubierto su inhabilidad para ejercer cargos en organismos fiscales.
Un convenio de colaboración recíproca establecieron el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, con el fin de compartir las bases de datos computacionales que cada uno de estos organismos posee, para lograr la complementación de información necesaria para evitar que personas que hayan tenido algún problema judicial ingresen a la administración pública.
La medida busca generar mayor transparencia en los procesos de reclutamiento de personal. De esta forma, el ente de control tendrá claves de acceso a la legislación y jurisprudencia del Poder Judicial, en las que podrá tener conocimiento respecto a sentencias de la Corte Suprema, tribunales de familia, de juicio oral en lo penal y de garantía a nivel nacional.
A su vez, la Contraloría permitirá que miembros autorizados del Poder Judicial efectúe consultas sobre la jurisprudencia administrativa, recopilaciones de leyes, decretos y reglamentos que publica.
Además, la Corporación Administrativa del Poder Judicial podrá ingresar al registro de nombramientos, destituciones, medidas disciplinarias aplicadas a funcionarios de entidades de la administración pública.
En el convenio queda establecido que ambas partes se encargarán de que este intercambio de información no comprometa la seguridad de la misma, ni menos los procesos, métodos y sistemas informáticos que cada institución ocupe.
Para coordinar todas estas acciones se creó el Comité de Enlace quienes vigilarán el buen uso de los datos, al estructura y los procesos técnicos de lo que se comparta entre ambas entidades, teniendo como labor principal servir como una especie de "árbitro" de ser necesario.
Una de las disposiciones destacadas es remitir todos los antecedentes que digan relación a que uno de los funcionarios que pertenecen a ambas entidades, se vean involucrados en delitos que contempla la ley de drogas.
Mismos requisitos
Tras ser consultado si esto busca que ambas entidades posean una mejor capacidad para perseguir actos de corrupción, el vocero de la Corte Suprema, Urbano Marín, señaló que si bien no es el objetivo principal, "siempre es bueno tener antecedentes sobre el historial de funcionarios, tanto nosotros, como los que tiene contraloría que tiene aspectos administrativos".
Destacó que los procesos para ingresar a la administración pública y al Poder Judicial son los mismos y que uno de ellos es no haber sido condenado, ni estar procesado por algún delito, por lo que esta información debe estar actualizada para ambas instituciones para evitar que personas que estén inhabilitadas sean parte de ellas.
Frente a la "la condena de un funcionario público, los jueces tienen la obligación de informar a la Contraloría para que instruya un sumario, aunque el delito sea ajeno a la función" señaló el magistrado.
