Legislador aseguró que planes de rehabilitación de drogas para imputados no están funcionando, ya que las instituciones encargadas de coordinarlos han »burocratizado» las diligencias, ejemplificando con que a la fecha la cartera de Salud aún no licita a los peritos encargados de los diagnósticos.
El senador Jaime Orpis (UDI) planteó al ministro de Justicia, Carlos Maldonado, las dificultades que ha observado en el proceso de rehabilitación de drogas a jóvenes formalizados bajo la nueva ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), pues -a su parecer- se han dejado de lado pasos de gran relevancia para materializar tratamientos y desintoxicación.
Los principales puntos expuestos en la cita dicen relación con que a cuatro meses de entrada en vigencia de la norma que hace imputables de delitos a los jóvenes de entre 14 y 18 años aún no se ha cumplido con el nombramiento por parte del Ministerio de Salud de las duplas médicas para los recintos, que consiste en peritos que diagnostican el grado de adicción del adolescente frente al juez que debe resolver en la causa.
El legislador señaló que esta diligencia, que requiere realizarse en el más breve tiempo posible, ni siquiera ha sido licitada por parte de la cartera gubernamental y, que frente a esta situación, Maldonado no tuvo explicaciones.
El parlamentario también impuso al funcionario que tampoco se han habilitado las camas de desintoxicación en los centros establecidos y que sólo se cuenta con las nueve plazas existentes en el Hospital Psiquiátrico para atender las necesidades de la implementación de la LRPA.
Orpis pertenece a Corporación La Esperanza, entidad que tiene a su cargo dos recintos de régimen abierto licitados para atender a jóvenes, ubicados en Iquique y Santiago. Este último, según confidencia, no ha sido ocupado jamás, a pesar de haber sido inaugurado por el propio ministro.
Con toda esta situación "el Estado está perdiendo recursos", dice el miembro de la cámara alta, ya que no se está haciendo uso de estos establecimientos, donde existen equipos de profesionales como psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales y técnicos en rehabilitación.
Burocratización del sistema
En la cita, el representante de la UDI hizo hincapié, además, en la gran cantidad de trámites que debe realizar un joven formalizado y presenta algún grado de adicción. Aclara que para acceder al tratamiento primero debe asistir a la cita con los examinadores (que aún no han sido designados), luego con el coordinador del Sename y tras esto asistir hasta una fundación, para volver a ser derivado a otro lugar.
Todos estos pasos, a juicio de Orpis, «burocratizan» el objetivo final que es que ese muchacho reciba el tratamiento adecuado, para así "sacarlo de las calles y de la delincuencia", situación que -según señala- permitiría enfrentar de mejor forma la violencia en los sectores de más escasos recursos, donde la adicción a las drogas es muchas veces el origen de la comisión de ilícitos.
Observó que la concreción de estas etapas está en manos de los imputados y que además deben asistir individualmente a las instituciones responsables, cuando todo podría aunarse en un solo lugar, ahorrando tiempo y asegurando su comparecencia.
Finalmente, enfatizó que a la fecha y con todas las causas que han ingresado bajo la ley aún hay recintos del Sename que deben funcionar bajo el sistema de régimen cerrado que no se han terminado.
Propuestas
El senador le entregó al secretario de Estado una serie de propuestas que buscan encausar las etapas que no están funcionando de forma regular, una de las cuales dice relación a ocupar, durante la etapa de investigación de las causas en que el adolescente aún no ha sido condenado, estos centros abiertos licitados y los servicios de profesionales que en ellos trabajan.
También sugirió que el Ministerio de Salud cumpla con sus funciones en el sistema o que se radique esta responsabilidad en la cartera de Justicia a través de la coordinación de la Comisión Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace).
Otra de las iniciativas dice relación con la posibilidad de efectuar un tratamiento en el menor tiempo posible, que sería lo más necesario para dar una solución efectiva para quienes a temprana edad perpetran ilícitos y sufren de graves adicciones a las drogas.
