Abogado Luis Valentín Ferrada, que representa a ex militares, dio a conocer ante la Quinta Sala de Corte de Santiago un dictamen del ente fiscalizador que descarta anomalías en el uso de gastos reservados del Ejército. Investigación sólo abarca el período 1996-1997 y estuvo a cargo de Raúl Aitken Lavanchy, hermano del ex albacea de Pinochet.
Tras casi cuatro horas de audiencia, cerca de las 14.00 horas, finalizó este miércoles ante la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago la segunda jornada de vista de los recursos de amparos presentados por 12 de los 23 procesados la semana pasada en el caso Riggs.
El primero en realizar su ponencia fue el abogado Raúl Tavolari, quien representa a su colega, presidente del Tribunal Supremo de Renovación Nacional (RN) y otrora procurador general del régimen militar, Ambrosio Rodríguez.
El profesional basó su defensa en la invocación que hizo el ministro Carlos Cerda a los tratados internacionales que, a juicio de Tavolari, «a veces pueden transgredir principios fundamentales».
También reclamó que Rodríguez nunca fue sometido una declaración indagatoria tras la cual se le pudiera imputar cargos, pues sólo prestó testimonio como testigo que, según explicó, sólo sirve como medio de prueba. Asimismo, observó que su cliente aparece mencionado sólo en dos ocasiones en el fallo del ministro Cerda.
En cuanto al fondo de la resolución, mostró ante los ministros Mauricio Silva, Juan Fuentes Belmar y Dobra Lusic una copia autorizada de una escritura pública «donde no aparece el señor Rodríguez», y que, a juicio de Tavolari, es una prueba de que su patrocinado no intervino en el contrato de venta de una propiedad de la familia Pinochet. «Este episodio no corresponde a la realidad», enfatizó el abogado, al término de su intervención.
De acuerdo al orden previamente establecido, después continuaron los alegatos del abogado Rodrigo Henríquez, quien defiende a Oscar Aitken, ex albacea del fallecido Augusto Pinochet Ugarte; Alberto Ríos en representación de Jacqueline Pinochet Hiriart; Alvaro Mecklenburg, en defensa de Hernán Sobarzo; y Luis Valentín Ferrada, quien patrocina a los militares en retiro Jaime Lepe, Eduardo Castillo y Sergio Moreno.
Luego fue el turno de Mauricio Hernández, por general (r) Guillermo Letelier Skinner; Fernando Rabat, en representación del abogado Gustavo Collao y del general (r) Guillermo Garín; y finalmente Luis Hermosilla, que defendió en estrado al ex auditor del Ejército Juan Romero.
La audiencia continuará el jueves a partir de las 9:00 horas donde expondrán el abogado querellante Alfonso Insunza y la representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Teresa Muñoz.
Informe de la Contraloría
Más tarde, el abogado Luis Valentín Ferrada reveló un informe de la Contraloría General de la República fechado en 1998. El documento fue solicitado por el Ejército, a través del entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.
El abogado dijo que la entidad fiscalizadora determinó que no existía ningún tipo de irregularidad en las acciones de la Comandancia en jefe del Ejército respecto al uso de gastos reservados. "La Contraloría no formula reproche alguno", dijo el abogado.
Según explicó, el informe permitiría confirmar que la resolución del ministro Cerda no tiene sustento juirídico, ya que este mismo documento habría sido dado a conocer en uno de los interrogatorios del brigadier (r) Jaime Lepe ante el ministro Sergio Muñoz, quien fue el primero en llevar la causa del Riggs.
Al término de la segunda jornada de audiencia, Ferrada fue consultado por la prensa respecto al documento de la Contraloría, específicamente por el hecho de que está firmado, en calidad de fiscalizador, por Raúl Aitken Lavanchy, hermano de uno de los procesados.
Y aunque no desconoció esta situación, indicó que no le parecía "para nada" irregular y que si bien podría causar extrañeza, también -dijo- podría resultar extraño que el contralor que suscribe el documento sea Arturo Aylwin, hermano del ex Presidente Patricio Aylwin Azócar.
El informe exhibido por Ferrada es una auditoría que sólo considera el período comprendido entre el segundo trimestre de 1996 hasta el cuarto trimestre de 1997.
Tipicidad del delito
Con algunos matices, el argumento sobre la tipicidad del delito fue el que predominó en gran parte de los alegatos formulados por los abogados de los procesados.
El representante de Aitken, Rodrigo Henríquez, aseguró que la resolución del juez Cerda presenta «vicios», insistiendo en que a su cliente y a gran parte de los encausados se les sometió a proceso por «un delito de peculado, de malversación propia de funcionarios públicos", pese a que en muchos casos ellos nunca tuvieron esa condición.
Asimismo, indicó que en el caso del ex albacea el fallo del ministro le imputa la comisión de delitos ya prescritos, por cuanto habrían sido cometidos en 1981.
Durante su alegato, Henríquez dijo que corresponde el amparo en su defendido jamás, cuando fue citado a declarar, se le preguntó por el tema de gastos reservados, por lo que con su notificación y posterior detención no se habrían respetado sus derechos.
El profesional hizo hincapié en que el propio Pinochet Ugarte habría liberado a Aitken del secreto profesional en el que podría haberse amparado para evitar declaraciones en esta causa, que no hubo ningún tipo de responsabilidad en los actos aludidos.
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