Cargo será desempeñado por el actual jefe de la unidad de blanqueo de capitales del Ministerio Público, Mauricio Fernández. Los especialistas que se reunieron esta semana en la Academia Diplomática acordaron también la ejecución de un proyecto que incluye a los países miembros para generar criterios comunes sobre el decomiso de traficantes y lavadores.
Chile ganó un puesto importante en la estructura regional de la lucha contra narcotráfico, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Y es que en la última reunión de expertos en esta materia que se realizó los días 7, 8 y 9 de noviembre en la Academia Diplomática se acordó que dicho cargo lo asumirá el actual jefe nacional de Unidad de Lavado de Activos y Delitos Económicos del Ministerio Público, Mauricio Fernández.
Este nombramiento es un reconocimiento a la que ha hecho el organismo perseguido en esta materia, como también a la preocupación que este tipo de delitos ha tenido en la subsecretaría de Hacienda.
Básicamente, el rol chileno será avanzar en el mejoramiento de las legislaciones sobre las unidades de inteligencia financiera, entes vitales en la lucha contra el crimen organizado, porque son los profesionales que apuntan a desactivar los recursos de las organizaciones delictivas.
En el evento, donde participaron delegaciones de México, costa Rica, Nicaragua y todas las naciones sudamericanas, debía resolverse una propuesta del secretario general de la OEA, el panzer José Miguel Insulza. Esta apuntaba a que los países miembros de la OEA aprobaran que una parte de los decomisos a los narcotraficantes y lavadores, fueran la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas (Cicad).
Si bien es cierto ello no se aprobó en los mismos términos, si se crearon subgrupos que estarán dedicados a la recuperación de activos. En otras palabras se crearán puentes entre los países con el fin de avanzar en una legislación común para estos efectos.
Al mismo tiempo se creó un proyecto con la sigla Vidal, que será coordinado por Costa Rica, que buscará fortalecer la institucionalidad de los países miembros en materia de incautación de activos. Funcionará en Uruguay con fondos aportados por la OEA.
La declaración formal del acuerdo será conocida la semana subsiguiente, la que permitirá a Chile llegar también en mejor pie a la próxima reunión del Cicad y la del próximo año en Washington.
Desde que se inició en Chile la reforma procesal penal, sólo ha habido tres condenas por lavado de activos y sólo en dos de ellas los jueces han decretado del comiso de las especies, después de un exhaustivo trabajo de la Fiscalía.
La primera de ellas fue en un proceso contra una narcotraficante de poco monta -aunque el criterio judicial fue importante como precedente- y el reciente juicio oral contra el clan Gálmez en la Cuarta Región.
Al encuentro concurrieron observadores, como los del Grupo de Acción Financiera para el Conosur (Gafisud), en Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), Programa Global contra el Lavado de Dinero, la Comisión Interamericana contra el Terrorismo, entre otros. También, delegaciones mexicanas
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