Estudiante habría sido objeto de una suspensión indefinida, sin ser reintegrado a la fecha, tras solicitar ayuda en su establecimiento para acceder a la píldora del día después.
"Efectivamente la LOCE posibilita a muchos sostenedores expulsar a estudiantes que terminan quedando sin defensa frente a ciertas medidas disciplinarias en contraposición con lo que establece la Constitución en cuanto al debido proceso y respecto de las garantías de acceso a la educación como un derecho fundamental".
Con esas palabras, la presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, se refirió al caso de un menor de 13 años de Valdivia que se encuentra en una situación de "suspensión indefinida" de la escuela municipal El Bosque, según la denuncia efectuada por la madre.
El menor, según se ha informado, habría sido objeto de una suspensión indefinida sin ser reintegrado a la fecha, tras solicitar ayuda en el establecimiento para acceder a la píldora del día después.
Mlynarz, junto con informar que se ofició de urgencia a los organismos respectivos en la Región de Los Ríos, precisó que un equipo de profesionales de la Comisión Defensora Ciudadana, se constituirán en Valdivia para recabar antecedentes sobre el caso particular, agregando que se trata de un tema que ha cobrado especial relevancia para el organismo.
"Estamos preocupados por la falta de resguardo que afecta a menores que son expulsados de establecimientos educacionales y que quedan en tierra de nadie. Tenemos casos ingresados en nuestros registros y donde muchas veces las atribuciones que tiene el Estado chocan con los principios de la libertad de enseñanza que avala a los colegios y no hay cómo reintegrar a los estudiantes que, finalmente, terminan con años escolares inconclusos, repiten el año y en otros casos simplemente desertan del sistema".
De esa forma, Mlynarz, dijo que es urgente la modificación a la Ley que se tramita en el Parlamento, agregando que en tanto ello ocurre, los directivos de los establecimientos, como así también los sostenedores de los colegios deben procurar que las medidas disciplinarias adoptadas no afecten la formación académica e integral de los niños y por tanto, el sistema debe contemplar sanciones alternativas en los casos que lo ameriten, precisando que la figura de la suspensión indefinida no existe y por tanto, no puede ser invocada.
