Guillermo Piedrabuena dejó el Ministerio Público para dar paso a la reforma 2.0 con Sabas Chauán. Presidente de la Sala Penal, Alberto Chaigneau, dejó el Poder Judicial, con lo que un nuevo criterio en materia de DDHH puede venir para 2008. Fallos a favor de consumidores, atentados bomba, reaparición de descolgados, son sólo algunos de los temas del año que se va.
Muchos pensaron que con la muerte de Augusto Pinochet en las postrimerías 2006, este año que se va los casos sobre violaciones a los derechos humanos pasarían al olvido o, bien, la atención se trasladaría al Centro de Justicia, donde se ventilan los procesos de la reforma procesal penal.
Sin embargo, contra todos los pronósticos, el caso que involucra a Chile como parte de la globalización estuvo centrado precisamente en el añoso palacio de tribunales: la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori.
La tesis de que un ex mandatario puede ser enviado a enfrentar la justicia de su país por delitos de lesa humanidad y corrupción, recorrió el mundo. Y los ministros de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema con su fallo que acogió el requerimiento del Estado peruano, instalaron un nuevo criterio jurídico en el derecho internacional.
Parte de ese razonamiento es de la autoría del ministro Alberto Chaigneau, quien precisamente el 31 de diciembre dejó el Poder Judicial. Su puesto será ocupado por el penalista y abogado con rango de ministro en el máximo tribunal, Carlos Kunsemuller, con lo que se mantendría para el 2008 la tendencia de fallo en favor de las causas de derechos humanos.
Sin embargo, un criterio, a juicio de los organismos de derechos humanos peligroso, se vino dando en 2007. Por un lado, la aplicación de la figura de la prescripción en los casos de detenidos desaparecidos, como también la media prescripción, que ha permitido rebajar las penas a los agentes involucrados en este tipo de hechos. Por esta razón este año que comienza, podría ser el inicio del fin de este tipo de causas.
Otro hecho vinculado a los casos de DDHH fue la salida del alto mando de Investigaciones del prefecto Rafael Castillo, uno de los íconos de este tipo de investigaciones, a raíz de la pugna interna que mantuvo con el director institucional, Arturo Herrera.
Sin embargo, Castillo no quedó sin trabajo. La Presidenta Michelle Bachelet lo nombró "agregado científico" en la representación de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, labor que comenzará este próximo 15 de enero.
Árabes al poder
Lo que está claro es que 2007 fue un año de cambios. Así ocurrió en el Ministerio Público, porque Sabas Chauán reemplazó a Guillermo Piedrabuena, cumpliéndose así el primer ciclo y el inicio de la reforma 2.0.
Sabas Chauán, un ex abogado del Consejo de Defensa del Estado y fiscal regional metropolitano occidente, concitó el apoyo de todos los sectores en el Congreso, previa elección de la presidenta Michelle Bachelet y de la inclusión en la quina por parte de la Corte Suprema.
Su llegada no estuvo exenta de problemas, porque el candidato que aparecía como la carta segura era Juan Enrique Vargas, que contaba con el apoyo de la DC.
El arribo de Chauán implicó una serie de cambios internos, pero también, en el otro tema vinculado al sector justicia, como la seguridad ciudadana, marcará en 2008 un nuevo énfasis en la persecución penal de los delitos.
Tal es el caso en 2007 de la puesta en marcha de la Reforma Penal Adolescente (RPA), la que tampoco estuvo fuera del ojo del huracán, por la falta de recursos y las serias críticas a los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename).
En los casos de corte policial, 2007 no fue una taza de leche. El asalto al banco Security en el centro de Santiago, que terminó con la vida del cabo de Carabineros Luis Moyano, volvió a instalar en la agenda a los descolgados de los grupos subversivos como el Lautaro.
Los miembros de la banda, salvo uno que ya se encuentra detenido, están prófugos, al menos hasta el cierre de esta nota.
Se sumó a ello una nueva ola de bombas instaladas en empresas, embajadas e incluso una comisaría en la comuna de Ñuñoa, que tiene a las policías y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) ciegos en esta indagatoria.
Este 2007, además, finaliza con un caso policial que para muchos cultores y reporteros del género, terminaría revelando una oscura trama conspirativa, pero que con el paso de los días todo indica que se trata de un hecho delictual más: el secuestro seguido homicidio con cuatro balazos en la cabeza a la ejecutiva María Soledad Lapostol, ocurrido en diciembre.
Si bien el principal sospechoso, Luis Araya, ya se encuentra identificado y su captura sería inminente, lo cierto es que este caso marca un antes y un después en los secuestros. Y esto porque si bien hubo retención de la víctima, no existió la tradicional extorsión y negociación.
Para los investigadores que han llevado este tipo de procesos, sin embargo, hay algunas preguntas que aún no tienen respuestas. Quizás este 2008 se conozcan.
Consumismo judicial
Por último este 2007, el nuevo sujeto político de la posmodernidad, como llama el antropólogo Néstor García Canclini a los consumidores, tuvo un año pródigo.
Fallos en las Cortes de Apelaciones dieron la razón en una serie de materias. Por ejemplo, sanciones a las casas comerciales por el mal uso de un tercero de la tarjeta de un cliente. Pago de indemnizaciones de perjuicio y daño moral, incluso a equivocaciones en exámenes -producto de mala redacción- en clínicas privadas.
Lo único que marcó el punto negro de la Ley del Consumidor fue que la Suprema mantuvo el criterio de las autopistas concesionadas y obligó a una deudora a pagar 40 veces la multa impaga.
