Organismo será encargado de la administración y atención de los servicios de propiedad industrial; de promover su protección y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga.
La Cámara de Diputados aprobó, por 97 votos a favor, y despachó a ley proyecto que crea el nuevo Instituto de Propiedad Industrial, que reemplazará al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.
La entidad será un organismo de carácter técnico, encargado de la administración y atención de los servicios de propiedad industrial; de promover su protección y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga.
El organismo será un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y estará sometido a la supervigilancia de la Presidenta de la República por intermedio del Ministerio de Economía.
El Senado agregó además que el INAPI será una institución fiscalizadora y pertenecerá al Sistema de la Alta Dirección Pública.
Organización
El Inapi cobrará por los servicios que preste y las publicaciones que realice, y será dirigido por un Director Nacional, funcionario de la exclusiva confianza de la Presidenta de la República, designado conforme al procedimiento del Sistema de Alta Dirección Pública.
Será incompatible servir el cargo de asesor o funcionario del instituto con el de miembro titular o suplente del Tribunal de Propiedad Industrial.
Para todos los efectos legales el INAPI será el continuador del Departamento de Propiedad Industrial de la Subsecretaría de Economía, que se suprime con la nueva ley.
Plantas
La Presidenta de la República tendrá 180 días para fijar la planta del personal del Instituto y el régimen de remuneraciones y ordenar el traspaso de los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial al INAPI.
Este traspaso no podrá tener como consecuencia ni significará causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado. Tampoco significará disminución de remuneraciones o modificación de los derechos estatutarios y previsionales.
Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria; además, los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad y el tiempo computable para dicho reconocimiento.
El costo anual de la nueva planta no podrá exceder de 2.450 millones de pesos.
