Senador Alejandro Navarro, integrante de la Comisión de Educación, presentó un proyecto para modificar la Ley del Consumidor y establecer dicha obligación.
Impedir alzas desmesuradas que pongan en riesgo la continuidad de los
estudios, es el objetivo central del proyecto del senador Alejandro Navarro
que modifica la Ley del Consumidor a objeto de obligar a los
establecimientos de educación superior a pactar con sus alumnos el arancel
correspondiente a todos los años que dure la carrera escogida.
La iniciativa que fue derivada a la Comisión de Economía para su estudio
también dispone que se tomen en consideración los reajustes anuales y el
carácter fijo o variable del arancel, lo que en todo caso no implicará la
obligación de cursar los años lectivos posteriores.
De este modo se establece que «los establecimientos educacionales de nivel
superior, como centros de formación técnica, institutos profesionales y
universidades del ámbito privado, al momento de ingreso a alguna de sus
carreras, deberán pactar con sus alumnos, padres o representante, el arancel
correspondiente a todos los años electivos de dicha carrera y su reajuste
anual, de carácter fijo o variable».
Asimismo, la iniciativa señala que dichas entidades deberán hacer públicos
el último trimestre de cada año el arancel proyectado por carrera, para el
año siguiente, y por el tiempo de duración de la misma.
Agrega que «sin perjuicio de ello, los aranceles proyectados y efectivos por
carrera, sólo podrán fijarse de acuerdo a los parámetros económicos
establecidos en el Reglamento respectivo dictado por la autoridad
correspondiente, el cual contemplará al menos, fundamentos tales como
infraestructura, investigación, docencia, equipamiento y otros,
estrictamente apegados al ámbito propio del título profesional respectivo,
para justificar el alza o baja del arancel».
Evitar alzas
El senador recordó que la abrupta alza de aranceles para las carreras
universitarias que se hizo efectiva el 2007 inquietó a los padres y
estudiantes, pues ven en riesgo la continuidad de sus estudios, y genera una
situación de incertidumbre pues no se sabe cuanto terminarán pagando al
final de una carrera.
«Resulta incomprensible para muchos jóvenes y sus familias, que hasta el
último momento no sepan cuanto les costará efectivamente la carrera», dijo
el senador Navarro tras señalar que hasta cuando uno adquiere una casa sabe
cuanto tendrá que pagara cada mes y cada año, pues se conoce la tasa de
interés y las condiciones están claras desde un principio.
Sin embargo, advierte el parlamentario «en el tema universitario se llega a
primer año y no se sabe el valor real de los aranceles que se tendrá que
pagar y menos aún se sabe cuanto subirá para el año siguiente. Dejar esta
situación en la incertidumbre y en la posibilidad de un alza infinita, que
puede ser legal, pero que es inmoral, lesiona los derechos de padres y
alumnos».
Según el senador Navarro en el debate que hubo al interior del Consejo
Asesor de Educación, se logró un consenso en tanto a obligar a los planteles
universitarios cada año a hacer pública el alza proyectada de aranceles en
los siguientes 5 a 6 años. La idea es dejar a los padres y a los postulantes
la decisión final de a qué universidad entrar.
En el mismo Consejo se exploró la idea de establecer precios fijos a los
aranceles, pero esto no es posible hacerlo por ley, pues vulnera las normas
de la Libre Competencia y el derecho de propiedad.
«No se puede fijar precios por ley, pero si por contrato, por lo que
postulamos que tal como los mecanismos de invariabilidad tributaria pactada
con grandes inversionistas extranjeros, los universitarios puedan pactar
invariabilidad arancelaria con las Universidades, para evitar alzas
desmedidas. Las condiciones de estos contratos o pactos serán fijados por
Reglamento», sentenció el senador.
