Desde el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, entidad que criticó el acuerdo Gobierno-Microsoft, el doctor en Informática y académico José Miguel Piquer valora que la iniciativa haya integrado un componente de participación importante. No obstante, quisiera más metas específicas y menos declaraciones generales.
Expertos en nuevas tecnologías valoraron la Agenda Digital anunciada por el Ejecutivo para el periodo 2007-2012, principalmente porque incorporó un componente importante de participación de los actores del área y estableció sistemas de trabajo, por ejemplo, para el software libre.
El acuerdo anunciado por el Gobierno en esta materia, que por primera vez establece metas y objetivos específicos y más allá de la presente administración, dotándolo además de una cierta institucionalidad largamente solicitada por el rubro, se lanzó bajo la sombra de una fuerte polémica por el acuerdo anunciado meses antes entre el Ejecutivo y Microsoft, que desató las iras de una parte importante de la comunidad digital local.
No obstante, todos los sectores valoraron el esfuerzo oficial en la materia, particularmente porque el proceso tuvo -y seguirá teniendo, según se ha prometido- un componente de participación relevante. La Agenda Digital estuvo a disposición de los planteamientos de los actores al estilo de los «green papers» estadounidenses, en que todos los interesados pueden hacer llegar observaciones, por varios meses antes de su lanzamiento a fines de la semana pasada.
La nueva Agenda Digital se colocó varios objetivos específicos, entre ellos duplicar la cantidad de hogares conectados a banda ancha- siendo un objetivo ya expresado reducir su alto costo en Chile-, bajar sustantivamente la cantidad de alumnos por computador, conectar 4.000 escuelas y duplicar la inversión en materia tecnológica, entre otros.
También existirá una discusión específica respecto de aspectos regulatorios de la industria -con la idea de avanzar con rapidez- en temas como la propiedad intelectual, privacidad, seguridad y políticas de software libre.
Este último aspecto es uno de los más primordiales para algunos actores, que observan que el país no ha estado desarrollando una adecuada política de Estado al respecto, como sí la tienen prácticamente todas las naciones desarrolladas y gran parte de los latinoamericanos, como Brasil o Argentina.
El software libre justamente tiene mucho que ver con el acuerdo que firmó el Ejecutivo hace algunos meses con Microsoft, por cuanto los críticos de éste observaron en ese convenio un intento de la multinacional por influir en las políticas oficiales, tanto en materia regulatoria como en lo que se refiere a los mismos contratos de servicios con el Estado.
El tema es políticamente relevante, porque tanto Microsoft como otros proveedores de servicios tecnológicos a nivel mundial han sido varias veces criticados y hasta multados por prácticas anticompetitivas en los mercados desarrollados.
Especificar más las metas
Uno de los temas que se criticaron en su momento fue la inconveniencia de que Chile firmara ese acuerdo si no contaba con una mínima institucionalidad y política de Estado.
Algunos de los principales críticos fueron muy prestigiados académicos del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, que firmaron una crítica carta al respecto.
Precisamente al finalizar el lanzamiento de la Agenda Digital, un grupo de jóvenes del movimiento Liberación Digital -que propugnan la interoperatividad de los sistemas y políticas de software libre- en momentos en que se retiraba la Presidenta Bachelet le entregaron un documento criticando nuevamente el acuerdo con Microsoft y la carencia de políticas (ver nota aparte).
Sin embargo, hoy las posiciones, especialmente del mundo académico, son algo distintas y justamente el Ejecutivo se preocupó de que la polémica suscitada por el acuerdo con Microsoft se transformara en una oportunidad y base de discusión para la citada Agenda Digital.
«De partida, es relevante que esto se haya hecho, es muy importante para un país en las condiciones de Chile tener una estrategia, aunque muy macro, que fije más o menos que es lo que queremos, cuáles son los números, cuáles son las estadísticas que tu quieres mejorar, en que te estás concentrando», dice José Miguel Piquer, doctor en Informática y académico de la Universidad de Chile, también firmante.
Respecto de cómo se gestó la Agenda, indica que «yo diría que fue bastante más abierto y participativo el proceso (que en otras instancias)».
«Nunca se puede hacer participar a todo el mundo, pero se invitó a mucha gente, se vio mucho más movimiento que las veces anteriores de actores privados y públicos, más gente opinó y por supuesto, eso hace más difícil hacer una estrategia de detalle porque por supuesto cada uno tiene distintas posiciones».
«En ese sentido, la estrategia quedó un poquito amplia o vaga, a nivel de números, me hubieran gustado metas más concretas», indica.
No obstante, Piquer se preocupa de destacar que dos puntos muy sentidos por ellos fueron incluidos: la formación de recursos humanos y los incentivos al sector.
Precisa que » estamos perdidos si esto se deja a nivel científico masivo y se dice que el Conicyt financia la ciencia y la tecnología y, por lo tanto, allí va a estar la informática. Somos un grupo muy pequeño, muy nuevo y no competimos bien. Se requiere decir: ‘Esta es una área especial y vamos a invertir especialmente en ella'».
Sobre qué aspectos considera pendientes en la Agenda, dice que » lo que más asusta son las meta. Debieran fijarse unas un poco más arriesgadas, como son los asiáticos, a los que les gusta ponerle números a las cosas: tantas conexiones, tantas exportaciones de software… todo con números exactos».
«Hay algunos números en la agenda, pero hay muchos objetivos que son aumentar, mejorar… pero no se fijan parámetros. El tema es cuánto se aumenta o se mejora, entonces quizá allí debimos ser un poco más específicos, obviamente es más riesgoso, porque es más fácil medir después si no lo lograste, pero eso genera también un poco (más de exigencia)».
Sobre aspectos polémicos, como propiedad intelectual, seguridad, privacidad y software libre, Piquer dice que «lo que pasa es que dentro de la estrategia esos son los temas que hay que abordar… Qué es lo que salga de eso, es lo que a uno le preocupa, porque cuando uno se mete en esos temas- porque aquí no hay una propuesta de ley-, entonces puedes hacer leyes que son muy buenas y otras que sean peores que si no existiera ninguna».
«El objetivo es legislar, reglar y revisar esos temas, pero cómo va a quedar eso plasmado en una ley… hay que supervisarlo, porque puede salir algo mucho peor que lo que hoy existe. Todos esperamos algo mejor, pero hay que trabajar".
En el tema específico del software libre, recuerda que «hay un grupo de trabajo que ha estado discutiendo ese tema y esperamos generar un especie de documento marco que diga cuál es la posición del Gobierno… Puede ser buena, mala o inexistente, pero por lo menos va a ser discutida».
Y destaca que, en todo caso, «es primera vez en la historia que estamos discutiendo con el Ejecutivo cosas concretas «.
Esfuerzo de largo plazo
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Agenda Digital, Alejandro Barros, valora entre otros aspectos esta discusión en torno al software libre, aunque evitó entrar en detalles.
Enfatiza que la iniciativa representa un esfuerzo inédito desarrollado entre el mundo público, privado y la sociedad civil: «Puede que haya gente que diga ‘falta esto o lo de más allá’, pero el hecho es que por primera vez tenemos un documento de política pública con un horizonte de largo plazo, incluso más allá del gobierno actual».
Señala que en materia institucional se ha avanzado con la constitución de un comité de ministros, una secretaría ejecutiva, el consejo consultivo nacional y ahora un consejo internacional de alto nivel, al cual se espera convocar una o dos veces al año, a discutir sobre estos temas en Chile.
Respecto de política tecnológica, sentencia finalmente que «tenemos que meternos en temas como qué vamos a decir de delito informático, de propiedad intelectual, protección de datos personales, etcétera. En materia de software libre se seguirá dialogando con todas las partes interesadas".
