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Diputados aprueban aumento de 15% en las subvenciones escolares

Mesa declaró inadmisible indicación que obligaba a los establecimientos educacionales con financiamiento compartido a mantener durante tres años los aranceles mensuales reales de 2007. [Actualizada]


La Cámara de Diputados aprobó, con 109 votos a favor el proyecto de ley, que incrementa la subvención base por alumno en 15%, entre otras.



De esta forma, la iniciativa en segundo trámite constitucional retornó al Senado para ratificar las modificaciones hechas por la cámara baja.



El texto dispone un incremento de 15% en el valor mensual de la subvención por alumno, aumento que se extiende a todos los establecimientos educacionales, para todos los niveles y modalidades de enseñanza, aunque no cuenten con jornada escolar completa, incorporando en este aumento al primer nivel de transición con los mismos valores que el segundo nivel.



Asimismo, establece un aumento adicional del 10% para la subvención por ruralidad. Además, se aumenta la subvención mínima para aquellos establecimientos educacionales rurales que tengan una matrícula igual o inferior a 17 alumnos.



Diagnóstico



Durante la votación, la Cámara rechazó -por 54 votos a favor, 54 en contra y una abstención- la disposición que establecía que el profesional contratado por el establecimiento para la atención de sus alumnos con déficit y/o trastornos no sería competente para hacer los diagnósticos de ingreso de los niños que postulan al establecimiento en que trabaja o de egreso de los matriculados en él.



Por otro lado, el texto modifica la subvención para la educación de adultos, consagrando disposiciones que modifican lo referente a la educación básica y media, otorgando montos de subvenciones separados en cada caso, de acuerdo a los nuevos niveles de aprendizaje que establece el cambio del marco curricular al que recientemente ha sido sometida la educación regular de esta modalidad.



Además, establece la rendición de cuentas de los sostenedores, que deberán mantener a disposición del Ministerio de Educación y de la comunidad educativa a través del consejo escolar, por un período mínimo de cinco años, un estado anual de resultados que dé cuenta de todos los ingresos y gastos del período.



Un Decreto Supremo determinará los contenidos que deberá incluir esta información semestral y anual, así como la modalidad contable en que se deberán entregar los datos al Ministerio de Educación y a la comunidad educativa a través del consejo escolar.



Rechazan financiamiento compartido



Finalmente, fue declarada inadmisible por la mesa una indicación del diputado Carlos Montes (PS), que concentró gran parte del debate, que obligaba a los establecimientos educacionales con financiamiento compartido a mantener durante tres años los aranceles mensuales reales de 2007, es decir, les impedía aumentar los aranceles por el servicio educacional si accedían al incremento de la subvención que establece el proyecto de ley.



La mesa consideró en ese caso que la indicación abordaba materias de iniciativa propia de la Presidenta de la República, en una determinación refrendada por 60 votos a favor, 32 en contra y siete abstenciones.



La indicación de Montes pretendía congelar la reajustabilidad de los establecimientos con financiamiento compartido. Sobre esto, el legislador PS puntualizó que "las modificaciones no abordan materias de iniciativa propia de la Presidenta de la República" y explicó que su indicación no buscaba en ningún modo empantanar la entrega de mayores recursos a la educación subvencionada.



"En primer lugar no se ponen trabas al financiamiento compartido, no se impide entregar los nuevos recursos a los colegios subvencionados y tampoco se impide aumentar los aranceles; lo que pretendimos fue limitar la reajustabilidad", señaló.



Agregó que la indicación presentada buscaba congelar en tres años los reajustes en los colegios subvencionados. "Con ello buscábamos proteger a los sectores medios que preferentemente educan a sus hijos en establecimientos con financiamiento compartido".



Por último, sostuvo que "el actual sistema de financiamiento genera recursos pero no más calidad y sólo sirve para separar a los niños según la billetera de sus padres".

Monsalve: una derrota pasajera



Por su parte, el diputado Manuel Monsalve (PS) señaló su descontento con el resultado de la votación e hizo un llamado a mantener el centro de la discusión.



"Hay un aumento de la subvención educacional, en ese centro estoy bastante contento; no estoy tan contento por la pérdida de la numeral b (tema de los fonoaudiólogos) y por el congelamiento (del arancel)", sostuvo.



Sin embargo, se manifestó esperanzado en lo que se pueda realizar a futuro. En este sentido, señaló que lo de esta tarde fue una derrota pasajera, ya que "la Concertación constituyó una comisión para proponer un mecanismo de fortalecimiento de educación pública que inicia su trabajo en marzo de 2008, y el objetivo es incorporar y ojalá eliminar el financiamiento compartido que sigue siendo un factor que discrimina".



PPD destaca rendición de cuenta de sostenedores



Los diputados del PPD, en tanto, destacaron la importancia de que el proyecto obligue a los sostenedores a rendir cuentas de su gestión, esto es elaborar un estado de resultados anual que dé cuenta de sus ingresos y gastos.



Según la diputada Carolina Tohá (PPD), este punto es el principal avance del proyecto, ya que hasta el momento se desconocía esa información.



"Ahora los sostenedores tendrán la obligación de mantener a disposición del Ministerio de Educación y de la comunidad educativa a través del consejo Escolar, por un período mínimo de cinco años, un estado anual de resultados que dé cuenta de todos los ingresos y gastos del período", señaló la parlamentaria.



Otro aspecto relevante para la bancada PPD fue el rechazo de la indicación que establecía que la calificación para la subvención de alumnos con problemas de lenguaje debía ser realizada directamente por el Ministerio de Educación y no por un fonoaudiólogo perteneciente al establecimiento.



Al respecto, Tohá aclaró que "lo que hace esta norma no es dudar de la capacidad técnica de los fonoaudiólogos, ni siquiera de sus competencias éticas, sino que es dudar del comportamiento que tienen sus empleadores que son los sostenedores de los establecimientos".



La UDI llama a mantener los compromisos



En tanto, el diputado de la UDI José Antonio Kast, comentó que con la aprobación de este proyecto "hay un mensaje muy claro a los parlamentarios de la Concertación y es que hay que honrar y respetar los acuerdos".



Es que las indicaciones presentadas, tanto para congelar el arancel mensual como la disposición para diagnosticar a alumnos con problema de lenguaje, no cayeron bien en la Alianza.



Por esta razón, Kast hizo un llamado a mantener los compromisos, recordando que "ellos levantaron las manos junto a su Presidenta y tienen que respetar esos acuerdos acá en la Cámara y no tratar de torcerlo presentando indicaciones que son incompatibles con la idea de ese acuerdo inicial".



Por último, Kast criticó la indicación sobre la externalidad de los fonoaudiólogos, acusando al Gobierno de intentar evitar que profesionales competentes diagnosticaran a niños con déficit de lenguaje.

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