La iniciativa, que fue aprobada en la comisión de Constitución, reconoce la responsabilidad solidaria de los convocantes a manifestaciones que terminan en actos de violencia, pero descartó incluir sanciones como pérdida de puntos a los clubes cuyos hinchas protagonicen los desmanes.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó en particular el proyecto en primer trámite que aumenta las penalidades y multas para quienes cometen actos de desorden y destrucción durante manifestaciones, en el cual se establece la responsabilidad solidaria de los convocantes y organizadores de los respectivos actos.
Así lo informó el presidente de esa instancia legislativa, senador José Antonio Gómez (PRSD), tras explicar que el proyecto modifica una serie de leyes actualmente vigentes a objeto de sancionar fuertemente a los causantes de desórdenes en las calles.
Si bien la iniciativa contemplaba una disposición que permitía descontar puntos del campeonato a los clubes de fútbol cuyos hinchas produzcan desmanes, la comisión decidió no legislar sobre la materia e incluirla en un proyecto que aborde la problemática de la seguridad en los estadios.
"Se eliminó la norma sobre los descuentos de puntajes, porque consideramos que no acogía la globalidad del problema del fútbol. Además se planteó el caso, de qué pasaría si un equipo junta a un grupo de personas y genera desmanes sólo para hacer perder puntos al otro equipo. Esa es una situación muy compleja y decidimos que si vamos a legislar sobre este tema, lo tenemos que hacer en una ley especial que aborde el problema de la violencia en los estadios, pero que no esté incorporada en esta que es bastante más miscelánea", explicó el parlamentario.
La iniciativa modifica el Código Penal y la Ley sobre Seguridad del Estado. Además contempla una norma interpretativa sobre las atribuciones del intendente metropolitano y consagra la solidaridad de los organizadores o promotores de manifestaciones o reuniones públicas, para responder de los daños que resulten a propósito de ellas.
Respecto a este último tema, el senador Gómez precisó que se "estableció que los organizadores y los convocantes a toda reunión o manifestación pública a realizarse en plazas, calles, y otros lugares de uso público, deberán adoptar las medidas para el adecuado y pacífico desarrollo de la reunión".
Agregó que actualmente no existe ninguna disposición que sancione a los responsables de los daños que se provoquen en esos casos, por lo que "nos parece bien que se establezca la responsabilidad penal y pecuniaria de quien comete actos ilícitos contra la propiedad pública y las personas".
No obstante, explicó que la disposición contemplada en el proyecto era muy amplia, por lo que la comisión optó por aprobar el criterio de que exista cierto mecanismo que le permita a los convocantes y organizadores demostrar ante las autoridades, que cumplieron con las normas que se les impusieron.
"Si van a ser solidariamente responsables de los daños producidos, tienen que tener la forma de probar que hicieron todo lo que la autoridad les pidió para e desarrollo pacífico de la manifestación", dijo.
Por otra parte, la Comisión de Constitución aumentó las penas que fluctuaban entre 61 días a 540 días de cárcel, a penas de 541 días a tres años de presidio para quienes turben gravemente la tranquilidad pública para causar injurias o daños contra una persona.
También se aumentaron las multas entre un rango de 4 a 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir entre $137 mil a $275 mil.
"Se agravó fuertemente la pena y en lo que respecta la Ley de Seguridad del Estado, se incorporó que también serán delitos contra la seguridad del Estado, atentar contra una serie de autoridades que habían sido excluidas", dijo.
De este modo, quienes atenten contra el Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, senadores, diputados, miembros de los tribunales superiores de justicia, el Contralor General, los comandantes en jefe de las FF.AA, el general director de Carabineros, el fiscal nacional, los fiscales regionales, el director de Investigaciones y de Gendarmería, cometerán delitos contra la seguridad del Estado y serán sancionados con penas acordes.
