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Senado aprueba proyecto que facilita acceso a información pública

Órganos de la administración del Estado, las Fuerzas Armadas y de Orden, el Congreso y el Poder Judicial, entre otras, deberán mantener en sus sitios electrónicos toda la información, actualizada, que sea inherente a sus propias entidades.


Un paso trascendental en materia de transparencia y modernización del Estado, dio esta tarde el Senado al aprobar en forma unánime el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que facilita el acceso de los ciudadanos a la información pública.



La iniciativa, que fue originada en una moción de los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri, quedó a un paso de convertirse en ley de la República, pues sólo falta que la Cámara de Diputados la ratifique.



Con esto, cualquier ciudadano podrá saber – a través de los sitios electrónicos respectivos- quienes son los beneficiarios de los programas sociales, las transferencias de fondos que se realicen en los distintos organismos públicos y quienes son las personas que trabajan en los órganos de la administración del Estado o en las empresas del Estado, sus remuneraciones y si están a contrata, a honorarios o en la planta del respectivo servicio.



También podrán acceder a información sobre los contratos de suministro de bienes y servicios, asesorías y consultorías, entre otros aspectos, además de conocer los actos y resoluciones de los respectivos organismos.



Durante la votación de esta iniciativa, intervinieron en Sala los senadores Hosaín Sabag, Hernán Larraín, Soledad Alvear, Juan Antonio Coloma, Víctor Pérez, Carlos Ominami, Roberto Muñoz Barra, Nelson Ávila, Ricardo Núñez, Alejandro Navarro y Baldo Prokurica, además del Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien valoró el contundente apoyo de la Cámara Alta.



Avance sustantivo



Al momento de informar el proyecto el senador Sabag destacó el importante avance que éste implica para la administración del Estado, al garantizar a los administrados un acceso cabal a la información. Asimismo, relevó la creación del Consejo para la Transparencia, que será el organismo encargado de velar por la transparencia y el acceso a la información pública, el que estará integrado pro cuatro miembros designados por el Presidente con acuerdo del Senado.



No obstante, señaló que así como es fundamental contar con la mayor transparencia en materia de información, hay que buscar los resguardos necesarios -sobre todo en los aspectos relativos al patrimonio- para evitar el uso malicioso de esa información por parte de delincuentes y eventuales plagiadores.



A su turno el senador Larraín dijo que este proyecto apunta a asegurar la más "absoluta y plena vigencia" de los principios de transparencia y acceso a la información pública, terminar con el secretismo y potenciar la democracia participativa al dotar a las personas de la información necesaria para poder opinar.



Destacó que la iniciativa consagra el principio de transparencia activa y pasiva, entendiendo la primera como la obligación que tienen los órganos del Estado, sin que haya un requerimiento previo, de entregar toda la información posible; mientras que la segunda dice relación con solicitudes de información específica.



Asimismo, valoró la existencia de procedimientos expeditos para la reclamación en casos de no entrega de información y la creación de una institucionalidad encargada de velar por la correcta aplicación de la ley.



Por su parte, la senadora Alvear dijo que esta iniciativa es un "paso significativo" en la agenda de transparencia, pues además de permitir avanzar en políticas y prácticas integrales en esa línea, también resguarda la información personal y reservada.



En tanto, el senador Pérez señaló que esta iniciativa permitirá dar una paso cualitativo en transparencia y control ciudadano frente a los actos de administración del Estado, al entregar una posibilidad real para acceder a la información. Agregó que si este proyecto hubiera estado en vigencia, se habrían evitado una serie de irregularidades en reparticiones del Estado.



A su turno el senador Ominami, destacó la incorporación del principio de transparencia activa, pues existen instituciones, entre ellas el Banco Central, que ha intentado exceptuarse de estas normas. En tal sentido, dijo que se debe avanzar en la mayor transparencia de esa entidad, que es la que maneja los excedentes de todos los chilenos.



Ello, fue compartido por el senador Ávila, quien señaló que es necesario avanzar en consagrar el principio de la publicidad de esa entidad.



El senador Muñoz Barra advirtió sobre la necesidad de que los órganos del Estado mantenga permanentemente actualizada la información y que ésta sea de fácil acceso público, aunque dijo que considera pertinente que se mantengan en secreto y reserva los aspectos relativos a la seguridad del país.



Por su parte, el senador Núñez dijo que esta iniciativa camina en la dirección correcta pues consagra un derecho ciudadano y valoró el trabajo realizado por la Comisión Mixta, pues se logró transformar aspectos de fondo de la administración del Estado en la línea de terminar con el secretismo.



Una opinión similar manifestó el senador Navarro, quien además de destacar el proyecto advirtió sobre la necesidad de que se modifiquen los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados a objeto de garantizar un acceso real a la información de ambas corporaciones.



Finalmente, el senador Prokurica destacó el esfuerzo hecho en esta materia pero hizo un llamado a las autoridades del Ejecutivo a comenzar desde ya con la implementación del principio de transparencia, respondiendo los oficios enviados por el Senado.



Disposiciones



Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.



La Contraloría y el Banco central se ajustarán a las disposiciones de esta ley en cuanto a la transparencia activa y pasiva; mientras que las empresas públicas, las del Estado y las sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría también estarán sujetas a la ley.

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