Los requeridos de Celco son el gerente del Área Celulosa y el subgerente de Producción de la misma división. De esta forma, según explica la parte querellante, se busca determinar los grados de participación de quienes estaban jerárquicamente por sobre el único formalizado, el ex ejecutivo de Licancel Eduardo Quezada.
Hasta el momento, el ex gerente de la planta de celulosa Licancel Eduardo Quezada es el único que carga sobre sus hombros la presunta responsabilidad del desastre ambiental ocurrido los primeros días de julio de 2007 en la Región del Maule. De hecho, el pasado 8 de enero fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Licantén.
Prontamente, la situación podría cambiar, ya que la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) y representantes de los sindicatos de pescadores La Trinchera, Manuel Véliz, Presidente Balmaceda y Mar Brava, que suman unas 150 personas, planean sumar responsables al asunto.
Luego de la formalización de Quezada, el tribunal otorgó cinco meses para investigar y el próximo paso es determinar los grados de participación de quienes tenían puestos jerárquicos mayores a éste y aún pertenecen a Celco. Los dardos apuntan al gerente del Área Celulosa, Jorge Garnham, y al subgerente de Producción de la misma división, José Vivanco. Paralelamente, también quieren constatar la responsabilidad que le cupo a la ex jefa de laboratorio de la planta Yvonne Villanueva.
El abogado de Conapach Cristián Tapia explica que "queda por investigar quién fijó la política de ahorro energético, que implica operar los sistemas de tratamientos a una capacidad menor a la recomendada técnicamente y que por eso se genera la contaminación, puesto que esa decisión entendemos que no es de Quezada, sino que una decisión de esa naturaleza es del directorio de Celco. En suma, lo que queda por determinar es quien toma esa decisión y quien fue el que asume de manera muy concreta el riesgo de la contaminación del río Mataquito. Esa fue una decisión compartida por más personas que Quezada".
Y detalla que "una de las causas por las que las emisiones estuvieron por sobre la norma fue porque a comienzos de junio ya tenían problemas con los blanqueadores y piden permiso para producir celulosa cruda, cuando lo que debieron hacer fue parar la planta y resolver los problemas que tenían, pero siguieron produciendo y eso fue autorizado desde arriba, como aparece en las declaraciones desde Santiago".
Por eso, adelanta que van a citar a estas personas en la próxima audiencia judicial, a celebrarse el próximo 4 de marzo en Licantén.
Reapertura de Licancel
Respecto de la reapertura de la más pequeña de las plantas de celulosa de Celco, el profesional comenta que la gente aún tiene temores ante futuros derrames. Sostiene que "la empresa declara que ha invertido más de US$ 8 millones en hacer las cosas bien y entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo funcionaba para atrás?".
Y considera que nada asegura que la planta va a funcionar bien, "porque independiente de los equipos que puedan haber instalado o los mejoramientos que hayan hecho, en el juicio lo que ha quedado claro es que la empresa funcionó siempre en función del menor costo y la máxima rentabilidad. Si eso implica apagar máquinas generadoras que son los que hacen el tratamiento para poder generar luz en materia de ahorro de energía por mucho que hagan mejoras no van a cumplir con el objetivo que es no contaminar".
Además, y aunque celebran las exigencias planteadas por la autoridad, no confían en el actuar de Celco, ya que acusan que, también como producto de la investigación, supieron que se habrían borrado mediciones hechas los días de los accidentes, porque estaban sobre la norma: "Alteraron planillas, ocultaron y alteraron información. Eso es lo que no da garantías de que la empresa actúe realmente de buena fe".
Todo legal, peroÂ…
Por su parte, el presidente de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Enrique Accorsi (PPD), considera que Celco cumplió las normas vigentes y que en ese sentido hubo un gran despliegue y coordinación por parte de las autoridades y de la empresa, por lo que es "un tremendo ejemplo de fiscalización".
"Como presidente de la comisión, encuentro que Celco está cumpliendo con la ley, pero la ley que tenemos es muy mala, entonces tenemos que incorporarle nuevos parámetros y creo que ahí está el tema de la responsabilidad empresarial. Ellos han tenido problemas de tener parada una empresa durante tantos meses, a un costo muy grande y además de los problemas como imagen, porque esto fue producto de un mal manejo de la planta, no es una cuestión de un accidente, aquí hubo malas decisiones que llevaron a que se produjera esta contaminación", añade.
Dado los vacíos legales existentes, el parlamentario asegura que, junto a la bancada verde, están haciendo las modificaciones necesarias en la normativa medioambiental "para que finalmente estos procesos se puedan monitorear adecuadamente".
Por su parte, Mónica Rivera, directora de la Corema del Maule, sostiene que están muy tranquilos, porque se han respetado todos los procesos y se ha sido extremadamente cuidadoso a la hora de entregar las autorizaciones, además de que "tenemos un monitoreo acucioso".
Detalla que "se instalaron las estaciones de la DGA aguas arriba y abajo, estamos monitoreando on line las descargas de la planta. Tenemos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) al interior de la planta revisando cada uno de los temas, entonces desde esas señales pudiera dar garantía en materia medioambiental por el lado de los organismos públicos, fiscalización y auditorias. Se han tomado todos los resguardos".