Cifra aumentará presiones para cambio en la normativa que entrega el 10% de las ventas del metal rojo y que sólo debe ser gastada en armamento para las FFAA. Este año se debería enviar una iniciativa, según el protocolo de acuerdo de la Ley de Presupuesto, recordaron fuentes de Defensa.
Los excedentes acumulados bajo la Ley Reservada del Cobre ascendían en septiembre pasado a US$ 1.900 millones y podrían elevarse a US$ 2.300 millones, cuando se realicen los cálculos en febrero próximo, incrementando la presión para que se modifique ese instrumento de financiamiento de las compras de armamentos para las FFAA.
Las compras de nuevo equipamiento bélico para las FFAA se financian en Chile mediante la Ley Reservada del Cobre, que destina para ese fin el 10% de los retornos en moneda estadounidense resultantes de las exportaciones del metal rojo por parte del Codelco.
El Consejo Superior de la Defensa Nacional (Consudena) debía distribuir discrecionalmente los recursos, con consideración tanto de las necesidades de la defensa del país como específicas de cada rama, pero esta instancia optó desde un principio por el camino fácil, aplicando el criterio fijo de asignar un tercio a cada institución castrense. La distribución en tres tercios fue más tarde incorporada explícitamente en la ley, durante el régimen militar en los ’80.
En 1987, cuando el retorno a la democracia ya se perfilaba en el horizonte, se fijó un piso o mínimo para los recursos que anualmente debería proveer la normativa que permite hacer las compras de armamentos para las Fuerzas Armadas. Se estableció entonces que, si los fondos para compras de material bélico generados por los retornos de las exportaciones eran inferiores a ese mínimo -que hoy asciende a entre US$ 210 y 240 millones- la diferencia sería cubierta por el Fisco.
Sin embargo, nadie reparó en fijar algún techo a los fondos. Es por eso que la situación generada a partir de 2003, cuando el fuerte aumento de la demanda internacional por cobre determino un fuerte aumento del precio del metal rojo y de las exportaciones de Codelco. Como resultado, los recursos disponibles para la compra de nuevo equipamiento militar desbordaron todo lo previsto en 2004.
Indicación interpretativa
Frente a esa situación, en 2005 el gobierno logró que la Contraloría aceptase una interpretación de dicha ley, determinando que sólo es obligatorio entregar los recursos correspondientes al piso o mínimo anual a las ramas castrenses. Los saldos o excedentes serían retenidos en una cuarta cuenta para una distribución discrecional, pero siempre en el ámbito de las adquisiciones de defensa.
Desde entonces, el gobierno viene improvisando en la asignación de los excedentes, mediante una coordinación entre los ministerios de Hacienda y Defensa, en espera de que una modificación de la normativa determine un nuevo mecanismo, que debe ser plurianual y por proyectos evaluados y aprobados en función de su merito y aporte a la defensa nacional.
Mientras, y pese a que parte de ellos han sido gastados, los excedentes acumulados ascendían en septiembre pasado a casi US$ 1.900 millones, incluyendo entre 400 y 500 millones ingresados a partir de marzo del 2007. Se espera que el cálculo a febrero del 2008 de los fondos aportados por esta ley, durante 2007 y disponibles para 2008, arroje un resultado de US$ 900 millones, con lo que los excedentes alcanzarán un nuevo total de US$ 2.200 millones.
La altísima suma acumulada, que de acuerdo a la ley no se puede gastar en otra cosa que no sea equipamiento militar, hace más urgente que se envíe este año el proyecto que modifica esa normativa.
Al respecto, fuentes de Defensa recordaron a El Mostrador.cl existe un protocolo firmado en la Ley de Presupuesto del 2008, donde se acuerda priorizar el trámite legislativo de la reforma a la Ley Reservada del Cobre, lo que haría que el envío del respectivo proyecto de ley a trámite legislativo dentro del año en curso sea imperativo.
El anteproyecto modificatorio se encuentra en consulta desde noviembre en Hacienda, para la aprobación por parte de ese ministerio de los cambios al mecanismo de financiamiento de las compras de material bélico, además de la definición respecto a que ser hará con los dineros que se han acumulado y que representan cerca de 1.900 millones dólares.
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