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Agencia Uno
Exembajadora Pakarati demanda a Cancillería por discriminación y pide reintegro e indemnizaciones
Manahi Pakarati acusó haber sido apartada del servicio exterior por su condición de mujer e indígena, tras la polémica por sus dichos sobre Rapa Nui. La diplomática presentó una tutela laboral, pide volver a su cargo, disculpas públicas y compensaciones que superan los $100 millones.
La diplomática de carrera Manahi Pakarati presentó una demanda de tutela laboral contra Cancillería, acusando haber sido víctima de discriminación por su género y origen indígena, además de un despido injustificado. La exembajadora de Chile en Nueva Zelanda solicita su reintegro, una disculpa pública y distintas indemnizaciones que, en conjunto, superan los $100 millones.
“Sin investigación, sin derecho a la defensa, sin debido proceso. Este precedente es peligroso para la estabilidad de todo el servicio exterior chileno. Pero hay algo más profundo. Soy la primera mujer embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Soy la única diplomática de carrera con ascendencia rapanui. He sido discriminada por ser mujer, por ser indígena y por ser una profesional que llegó por mérito propio, no por apellidos ni por cuotas políticas. No deberían ser motivos de persecución”, aseguró Pakarati.
La acción judicial, de 58 páginas, sostiene que fueron vulneradas garantías fundamentales como su integridad física y psíquica, libertad de trabajo, dignidad y derecho a la no discriminación, entre otras. Según antecedentes publicados por The Clinic, Pakarati acusa que su salida fue precedida por un proceso de hostigamiento que terminó destruyendo su carrera diplomática.
La presentación judicial ocurre después de que, según su relato, el 8 de abril el Gobierno le solicitara informalmente la renuncia, pese a que no registraba sumarios administrativos ni sanciones previas. El argumento para su salida habría sido una “pérdida de confianza”.
“Dicha comunicación informal transformó la incertidumbre en una espera dolorosa, confirmando los rumores de que sería la primera embajadora desvinculada sin un sumario administrativo previo que acreditara faltas a la probidad, rompiendo la tradición de retiro a los 65 años”, explicó.
Pakarati solicita que se declare que fue “víctima de un acto de discriminación grave y conforme a ello se ordene el reintegro a mi puesto de trabajo”.
También pide una disculpa pública y que la sentencia sea difundida mediante los correos corporativos de Cancillería; capacitaciones para prevenir la discriminación y el maltrato; dejar sin efecto las medidas adoptadas en su contra; y eliminar los registros que, según denuncia, perjudican su trayectoria laboral.
En materia económica, solicita una indemnización equivalente a 11 meses de remuneraciones —el máximo legal— por $31.117.504, además de $19.802.048 por lucro cesante. A ello suma $20 millones por la enfermedad laboral que atribuye a estos hechos y otros $30 millones por daño moral.
El origen del conflicto
Los antecedentes se remontan a 2024, cuando Pakarati fue nombrada embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Sin embargo, fue durante 2025 cuando su permanencia en el cargo comenzó a tambalear.
A fines de ese año, la diplomática publicó en redes sociales un llamado a la libre determinación de Rapa Nui. Tras la controversia generada por el mensaje, fue removida de la embajada.
En su demanda, Pakarati identifica al ministro consejero Francisco Devia Aldunate como una figura relevante en el conflicto y lo acusa de haber desplegado un patrón de hostigamiento y desacreditación en su contra.
“Este asedio no solo fue tolerado, sino amparado e instrumentalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y las máximas autoridades del Ejecutivo, escalando en una persecución que culminó de forma devastadora con la destrucción de la carrera diplomática”, sostiene la presentación.
Según Pakarati, Devia fue una de las primeras personas en relevar públicamente sus declaraciones sobre Rapa Nui. Además de abordar el tema en redes sociales, escribió una columna de opinión al respecto. La diplomática atribuye su actuación a la envidia y la mezquindad y sostiene que utilizó de “forma malintencionada” sus dichos para desarrollar una “campaña pública de mala fe”. También lo acusa de rechazar las políticas de género y cuestionar su condición de mujer indígena.
La demandante afirma que se le atribuyeron intenciones separatistas que considera infundadas. También asegura que solicitó expresamente autorización a Cancillería para entregar su versión, pero que se le prohibió conceder entrevistas o realizar declaraciones públicas. Aseguró que el ministerio se “hizo parte del linchamiento institucional”.
El regreso a Cancillería
Tras la polémica, a comienzos de 2026 Pakarati regresó a Chile y fue reubicada como asesora en la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública (Dirac) de la Cancillería. Su permanencia en el ministerio, sin embargo, habría generado molestias en círculos diplomáticos.
La exembajadora sostiene que, una vez de regreso, tanto sus funciones como su remuneración fueron reducidas. En su demanda atribuye esos cambios a una estrategia deliberada para degradar su posición dentro de Cancillería.
Durante ese período acudió a la Asociación Chilena de Seguridad, donde, según su relato, se le prescribió un “severo tratamiento psicofarmacológico”.
Pakarati asegura que la situación se agravó después del cambio de mando y que el acoso laboral se intensificó durante esos meses, hasta desembocar en la solicitud informal de renuncia del 8 de abril y, posteriormente, en la acción judicial.
“Se persiguió a una mujer indígena por identificarse con la cultura de su pueblo originario, aplicando un juzgamiento severo y estereotipado que jamás se aplica a sus pares no indígenas”, declaró Pakarati. Agregó que enfrentó un “proceso metódico, cruel e implacable de deshumanización y despojo de la dignidad funcionaria y personal”.
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