Rebelión en la derecha: reforma de seguridad de Kast no reúne ni los votos del oficialismo

La reforma constitucional con la que el Gobierno busca fortalecer su agenda de seguridad comenzó su camino en el Senado con un problema que La Moneda todavía no logra resolver: antes de salir a buscar los votos que necesita en la oposición, ni siquiera tiene asegurados los de su propio sector.

Las críticas se han extendido durante las últimas horas por Chile Vamos, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el PDG, con cuestionamientos que van desde la decisión de modificar la Constitución hasta las atribuciones contempladas en el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública.

Una de las voces más categóricas fue la senadora Vanessa Kaiser (PNL), quien sostuvo que, en sus actuales términos, la propuesta no cuenta con su respaldo. “Imagino que una cosa es la idea de legislar y, de ahí, ir caso a caso. A mí, en general, no me parece que sea apoyable. La verdad es que lo que veo hasta ahora, a menos que se hagan reformas importantes, no me parece que resuelva los problemas de los chilenos”, afirmó en conversación con Radio 13C.

Kaiser fue más allá y cuestionó directamente la efectividad que tendría la reforma frente a la delincuencia y el crimen organizado. “Hoy día estamos tan angustiados y tan necesitados que lo que nos ofrezcan lo vamos a tomar. Es como decir: ‘Bueno, pero algo hay que hacer’. Sin embargo, lo que se está proponiendo, a mi juicio, no va a cambiar absolutamente nada la realidad de lo que estamos padeciendo en términos de delincuencia y crimen organizado”, sostuvo.

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También cuestionó que varias de las medidas sean incorporadas a la Carta Fundamental: “Muchas de las propuestas que están ahí debiesen ser materia de ley, no materia de reforma constitucional. La pregunta es por qué políticamente se toma la decisión de elevarlo a nivel constitucional”.

Los reparos también llegaron desde Evópoli. Su presidente, el senador Luciano Cruz-Coke, advirtió que la fórmula escogida por La Moneda podría terminar dificultando el avance de su propia agenda.

“Este cambio enorme lo que está haciendo es poner el sistema cuesta arriba al propio Gobierno. Hay total disposición al cambio de agenda en seguridad, pero el cambio en seguridad, como está hoy día, no está bien planteado”, afirmó a radio Duna.

Además, apuntó directamente al trabajo político previo de La Moneda: “Lo que ha faltado ha sido diálogo con los propios, porque no puede ser que, en una agenda muy propia del Gobierno, no nos pongamos de acuerdo por las reformas constitucionales que se están enviando”.

Cruz-Coke puso incluso números al problema: “Ha habido 26 votos parejos en general para las votaciones del Gobierno. Y creo que acá no estás juntando ni siquiera los 26 propios cuando necesitas 29”.

El nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública es precisamente uno de los puntos que mayor resistencia ha generado. La propuesta contempla una vigencia de 120 días, prorrogable por otros 120, y considera, entre otras facultades, la interceptación de comunicaciones sin necesidad de una orden judicial.

Sobre esa norma, Cruz-Coke advirtió que el nuevo estado de excepción “concede poderes excesivos a Presidente que jamás querría en manos de oposición” y sostuvo que “debe ser corregido”. A su juicio, “no se justifica en democracia dar atribuciones al ejecutivo sin control Congreso en 240 días”.

El exministro del Interior y vicepresidente de Evópoli, Gonzalo Blumel, compartió las aprensiones. “Siempre hay que tener mucho cuidado con entregarle herramientas poderosas al Estado para afectar derechos fundamentales y garantías fundamentales, considerando que un buen gobierno las puede usar por buenas razones, y un mal gobierno las puede usar por malas razones”, afirmó al diario La Tercera.

Más duro fue el senador Matías Walker, independiente de la bancada de Evópoli: “240 días de estado de excepción sin control del Congreso, afectando los derechos y libertades más básicas: así mueren las democracias”.

Renovación Nacional tampoco se ha cuadrado sin condiciones. Su presidenta, Andrea Balladares, aseguró a T13 Radio que “tenemos un texto presentado que todavía tiene hartas dudas, hay espacio para mejorarlo”, y mencionó especialmente “las inhabilidades a garantías constitucionales como salud, educación”. La timonel acusó además que el Gobierno trabajó “muy poco” el proyecto con los partidos oficialistas.

El senador Andrés Longton (RN) apuntó al mismo problema y cuestionó que La Moneda presentara la reforma sin haber asegurado previamente el respaldo de sus bancadas. “Cuando a uno lo invitan a una actividad, uno entiende que el proyecto ya está ok, que está debidamente socializado, conversado con las distintas bancadas, y eso es un trabajo prelegislativo previo que se hace siempre y en este caso no se hizo”, sostuvo.

Luego resumió el problema parlamentario que enfrenta el Ejecutivo: “Si no tienes los votos en tu sector, difícilmente los va a tener el frente y acá necesitas cuatro séptimos”.

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), también puso distancia de un respaldo automático. “Por mucho que se compartan los objetivos y que estamos para apoyar todo lo que esté orientado a combatir la delincuencia, lo serio es revisar cada una de las iniciativas y tomar posiciones. El colaborar no es sinónimo de ser un buzón”, afirmó.

Una postura más favorable expresó la jefa del comité de senadores RN, María José Gatica, quien afirmó que apoya al Gobierno en las iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad. Sin embargo, también abrió la puerta a modificaciones.

“Por supuesto, todo proyecto puede mejorarse durante su tramitación, y para eso está el Congreso: para discutir, escuchar a los expertos y perfeccionar lo que sea necesario”, señaló, aunque advirtió que esos cambios “no pueden terminar debilitando el objetivo principal”.

En la UDI, su presidente, Guillermo Ramírez, se mostró conforme con el texto final, pero reconoció que las dudas en la derecha obligarán al Ejecutivo a negociar.

“Vamos a tener que afinar el texto para conseguir esos 4/7. La UDI lo que quiere es lograr ese acuerdo para que salgan los 4/7 para aprobar esta reforma, aunque haya que hacerle modificaciones, pero que no sacrifique el fondo”, afirmó.

Las dificultades tampoco terminan en Chile Vamos. El presidente del PNL, Johannes Kaiser, cuestionó tanto la duración como las facultades contempladas en el nuevo Estado de Excepción y planteó que durante la discusión deberán establecerse límites. Incluso abrió la posibilidad de rechazar la reforma si no se introducen modificaciones que permitan hacerla aceptable para su sector. Los parlamentarios libertarios ya se reunieron con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, para plantearle sus reparos.

Más categórico ha sido el PDG. Franco Parisi adelantó que la colectividad no entregará sus votos para reformas constitucionales, argumentando que después de los dos procesos constitucionales existía un entendimiento para no volver a modificar la Carta Fundamental.

Ante la acumulación de reparos, el Gobierno comenzó a abrirse a modificaciones. Arrau reconoció que algunos parlamentarios han planteado reducir la duración del nuevo estado de excepción y aseguró que el Ejecutivo está disponible para escuchar indicaciones que permitan mejorar el proyecto durante su tramitación.

El problema para La Moneda es matemático además de político. La reforma necesita 89 votos en la Cámara y 29 en el Senado, números que el oficialismo reconoce que hoy no tiene asegurados.

A eso se suma una tramitación más extensa de la que esperaba el Ejecutivo. El proyecto deberá pasar por las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa del Senado, abriendo nuevos espacios para negociar y modificar una iniciativa que llegó al Congreso como una de las apuestas centrales de Kast en seguridad, pero que antes de enfrentar a la oposición deberá superar el fuego cruzado dentro de la propia derecha.